ElEspectador – En lugar de gastar horas de trayecto, esfuerzos y esperanzas, los habitantes de la vereda Carmelita (Putumayo) se vieron beneficiados de servicios de justicia que la geografía y la ausencia del Estado las han impedido en el pasado.
Ni horas navegando en el cauce del río Putumayo, ni docenas de kilómetros por trocha fueron un impedimento suficiente para que la justicia llegara a Carmelita, un corregimiento rural de Puerto Asís (Putumayo).
A finales de octubre, El Espectador conoció la historia de cómo un grupo de funcionarios públicos de Puerto Asís empacaron sus maletas y se calzaron botas para poder llegar a una vereda que, además de lejana, ve cómo acceder a la justicia es un obstáculo en lugar de un derecho precisamente por las barreras geográficas.
Esa apuesta por derribar obstáculos que han alejado a los colombianos del Estado no es nueva. Desde 2022, la institucionalidad ha entendido que es muy complicado que ciudadanos que dependen del día a día dediquen semanas enteras a acercarse a los servicios estatales. Así que se cambió el paradigma y se ideó que, en lugar de que sea la ciudadanía la que buscara servicios y derechos, debían ser las entidades las que hicieran esa tarea para saldar deudas de décadas.
A estas actividades se les bautizó Jornadas de Justicia Móviles y, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional se han realizado al menos 400 de estas jornadas en algunos de los territorios más remotos del país, como Putumayo, Montes de María, Nariño o Chocó.
Carmelita por su parte es un corregimiento que, para llegar a sus fronteras, necesita de tiempo, dinero y esfuerzo, pues se debe navegar varios kilómetros por el río Putumayo y, una vez en la orilla del cauce, quien desee aventurarse debe recorrer por horas una trocha en una chiva capaz de transitar vías destapadas.
A la jornada asistieron funcionarios de 23 entidades, entre ellas la Personería, la Inspección de Policía, integrantes del Sisbén y otros organismos que tienen la tarea de acercar la justicia. Respetando la diversidad étnica del territorio, a la jornada también se sumaron funcionarios que sirvieron de enlaces afro e indígenas, además de otros equipos que tienen en cuenta la situación de vulnerabilidad y guerra de la zona, como la Campaña Contra Minas (Antipersonales), consultorios jurídicos y enlaces con víctimas del conflicto.
“Esta actividad nace de la necesidad comunitaria que se ve reflejada en la cotidianidad de territorios en Putumayo. Solo para hacer una comparación, en Puerto Asís hay 163 veredas, de las cuales casi el 70 % son rurales que no tienen conectividad y su único acceso es a través del transporte fluvial. Jornadas de este tipo permiten cerrar las brechas de las comunidades y mejorar su relación con el Estado”, explicó la Secretaría de Gobierno de Puerto Asís.
Diferentes justicias
El balance de la jornada fue muy positivo, aseguraron los beneficiados y la Secretaría, pues al final del día, al menos 150 ciudadanos que “tienen limitadas posibilidades de encontrar justicia recibieron los servicios y la oferta social”, explicaron desde la entidad.
“Esta población no solo ha sido víctima de la violencia, sino también de la falta de oportunidades al no recibir un servicio, como la asesoría jurídica, rutas para atender violencia de género o algunas otras como verificar siquiera si están en el sistema de datos del Sisbén o renta ciudadana”, explica la Secretaría.
Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) le dan la razón a la importancia de la jornada. Por ejemplo, en 2023, uno de cada cuatro ciudadanos de Putumayo reportaba sobrevivir en condiciones de pobreza, ya sea extrema o multidimensional. Además, los registros del Departamento Nacional de Planeación reportan que casi el 50 % del departamento está en “muy alto riesgo” por el conflicto armado. Eso, junto a los cultivos de uso ilícito, y una deuda histórica del Estado con sus ciudadanos al ofrecerles mínimos básicos, han creado un cóctel de problemas que deben ser resueltos con presencia institucional e inversión.
“Esto es una acción que teje cercanía con los putumayenses. Permite recuperar la confianza, pero también la esperanza de que el acceso a la justicia, que es uno de los deberes fundamentales del Estado, se puede recuperar”, concluye la Secretaria.