ElEspectador – Tras años de convivir con los fantasmas del secuestro y el vacío de un crimen que permanece en impunidad, un grupo de militares que sobrevivió al cautiverio de Las Delicias, Putumayo, propusieron a la JEP un programa de justicia restaurativa que pueda sanar las llagas físicas, sociales y mentales que dejó su rapto a manos de las Farc.
No son muchas las cosas en las que Ramiro Martínez confía a sus 49 años. Y es entendible. De muy joven Ramiro escogió el camino de usar uniforme militar y hacer parte del Ejército Nacional, pero la vocación castrense no duró mucho tiempo: el secuestro puso fin a esa etapa.
El 30 de agosto de 1996, la confianza por el mundo se empezó a desvanecer para él. Ese día, un comando del Bloque Sur de las Farc asedió la base militar de Las Delicias; 31 militares murieron y otros 60, que resistieron durante horas el ataque, fueron secuestrados y conducidos a las selvas en los límites de Putumayo y Caquetá.
Los uniformados fueron amarrados, inmovilizados con cadenas, y como han denunciado a lo largo de los años, obligados a cavar sus propias letrinas y ser vigilados para hacer las necesidades biológicas. Todo mientras las Farc, durante semanas, pronunciaron una promesa de liberación que no llegó sino hasta siete meses después. La confianza en el mundo ese día se evaporó por completo para Ramiro. Y actualmente, 28 años después del día en que el secuestro le arrebató la juventud y su proyecto de vida, intenta juntar los pedazos y tener fe en que la JEP escuche su pedido de justicia.
La semana pasada, Ramiro y otros 45 militares que sobrevivieron a la masacre y secuestro de Las Delicias radicaron una petición formal a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de justicia restaurativa. Su solicitud hasta ahora es un anhelo que podría ofrecerles, dicen ellos, lo que en 28 años la justicia no les ha brindado: la restauración. Además, de tener luz verde por parte de ese tribunal, sería un nuevo experimento en que antiguos contrincantes de la guerra trabajaran de la mano para hacer las paces con el tejido social que desgarró las balas y el territorio y un proyecto de vida que se afectó con las cadenas y el encierro.
La solicitud que llegó ante la JEP busca abrir varios frentes de restauración para encontrar justicia y reparación para los exmilitares de Las Delicias. En el documento que llegó al alto tribunal, y que conoció El Espectador, se busca que quienes cometieron el crimen de guerra de secuestrar, reparen a los agredidos a través de proyectos productivos en Las Delicias, el pueblo en el que ocurrió todo.
Cada uno de esos proyectos tiene el objetivo de darle empleo a quienes llevan casi tres décadas en el abandono estatal y hacer las paces con el territorio. Pero los anhelos de justicia no se detienen ahí: según detalla la propuesta, se busca que exguerrilleros y antiguos integrantes que nutrieron las filas del Ejército en Las Delicias trabajen mano a mano para que el proyecto prospere.
Rehacer un proyecto
“Desde nuestra liberación hemos estado abandonados”, cuenta Ramiro. En el inventario de daños que él tiene acerca de su secuestro se encuentra no solo la privación de la libertad, a la que estuvo sometido durante 288 días, sino los recuerdos de un proyecto de vida que se frustró y las secuelas que quedaron en él y su familia durante y después de ser raptado por las Farc.
Muchos de sus compañeros sufrieron lo mismo que él: pasaron días de inanición, se contagiaron con Leishmaniasis y, tras años de intentar olvidar lo que sucedió en las selvas del Putumayo, fueron diagnosticados con estrés postraumático y otras patologías psicológicas. Incluso, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha cuestionado si lo que produce el secuestro puede resarcirse algún día. Por ejemplo, esa entidad menciona que “la mayoría de los casos de secuestro pasaron al olvido, y otros aún tratan de superar los años en cautiverio”.
De la mano de la ONG Milvictimas, que representa y asesora militares víctimas del conflicto armado, Ramiro y los demás “muchachos” buscan que su grito de justicia sea escuchado por la JEP. Tras la liberación, la mayoría de los militares se dieron de alta de las filas del Ejército Nacional, pero al haber escogido el camino castrense como carrera y no estudiar otra cosa, empezaron a vivir las primeras oleadas de pobreza y vulnerabilidad. Tanto así, que a hoy, la mayoría subsiste no solo con los traumas del secuestro, sino con la sombra de tener que rebuscarse la vida para poder sobrevivir y mantener a sus familias.
Para eso, los militares piden que se desarrollen alguno de los tres modelos de negocios en Las Delicias que tienen en mente: una finca lechera, un área de piscicultura o un ingenio panelero.
“La propuesta está orientada no solo a saldar una deuda que se tiene con estos exmilitares, sino también con sus familias y los años dañinos que vivieron durante y después del secuestro. Según nuestros registros en Milvictimas, por cada víctima de secuestro hay que hablar de tres o cuatro afectados indirectos, que son sus familiares y, bien sea por dinero, porque se rompió el núcleo familiar o porque sus hijos han heredado sus traumas, son víctimas también y merecen reparación”, dijo a este diario Giovanna Ortega, directora de la ONG que acompañó la propuesta.
Esto, además, de sanar el tejido social que se deterioró con el secuestro y la violencia en ese municipio, crea un ambiente de reconciliación guiado por procesos de justicia restaurativa que ya están en marcha en otras latitudes de Colombia.
Más allá de la justicia
El proceso de restauración no es nuevo, ya hay dos precedentes de restauración que la JEP ha empleado en Colombia, mientras que un tercero está ad portas de iniciar. El primero es Siembras de Vida, y el segundo Horizontes Seguros: dos escenarios en que antiguos contrincantes de la guerra, luego de aceptar sus responsabilidades en los estrados, hacen labores sociales y trabajan de la mano, ya sea para sembrar árboles nativos en Usme, como es el caso de Siembras de Vida, como para educar en el desminado humanitario en el Urabá.
Pero este reclamo va más allá de la justicia. “Si a usted le dan mil millones de pesos como indemnización, no va a funcionar porque el dinero se acaba y es finito. Queremos es que estos exmilitares, que en su mayoría, junto a sus familias, han sido violentados y permanecido en vulnerabilidad, puedan crear un proyecto productivo que no solo los mantenga económicamente, sino que restaure el tejido social que se rompió en Las Delicias. Significa devolverles la oportunidad a estos hombres de que, tras el secuestro y el abandono, puedan volver a confiar en las personas”, explica Ortega.
Aunque la JEP hasta ahora recibió esta propuesta, la directora de Milvictimas explica que de ser aprobada, puede hacer un prototipo de justicia restaurativa enfocada en los militares víctimas del secuestro. Ortega, que desde su cargo ha visto decenas de casos de secuelas psicológicas, daños patrimoniales y poblaciones que quedan prácticamente rotas por dentro, cree que es una propuesta positiva.
“Al estudiar el caso de Las Delicias vimos que, quienes secuestraron eran personas que de niños jugaban ponchados o al balón con estos militares. La apuesta está dirigida a sanar eso y que quienes se enfrentaron en el campo de batalla en la guerra, además de decir las verdades, trabajen juntos para reparar lo que se deterioró”, concluye Ortega.