URT – La directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Putumayo, Diana Silva Montealegre, realizó un balance de su gestión a favor de las víctimas, para avanzar en la construcción de la paz en este departamento. Dentro de los principales logros en la vigencia 2023 se encuentran:
La disminución de decisiones negativas frente a las solicitudes de restitución. Esto es, se registró un drástico descenso, al pasar del 58% de decisiones negativas en vigencias anteriores, a solo un 6 % en esta. La clave para ello fue un riguroso proceso de revisión jurídica con el fin de garantizar que todas las decisiones sean proferidas bajo los principios pro-víctimas y pro-persona.
En segundo lugar, Montealegre apuntó a la revisión de las decisiones negativas. Se analizaron los fundamentos jurídicos que sirvieron de base para negar las demandas de restitución, para así confrontar según los nuevos lineamientos establecidos por la Dirección Jurídica. Esto permitió apelar decisiones negativas mediante la figura de revocatoria directa de oficio, en favor de las víctimas.
Asimismo, se levantó la suspensión que pesaba sobre 24 veredas en el municipio de Puerto Guzmán: siendo estas El Jauno, Medio Mandur, San Cayetano, Santa Lucía, San José de la Montaña, Alpamanga, Alto Esmeralda, El Descanso, Monserrate, El Trébol, El Bombón, Nueva Unión, Casco Urbano, Progreso, El Porvenir, San Luis, Porvenir, La Raya, Puerto Rosario, Pacayaco, El Júpiter, La Patria, Las Delicias y La Isla. Estas serán intervenidas en la vigencia 2024 para procesos de restitución.
Por último, se radicó el 88% de las inscripciones en el 2023 y se atendieron los casos de años anteriores que, por diferentes situaciones -en su mayoría por problemas de orden público-, no se había podido radicar.
Para este año, la directora territorial Diana Silva Montealegre trazó una hoja de ruta que incluye: llegar a 500 decisiones de fondo (en la etapa administrativa); radicar hasta 269 demandas ante los juzgados especializados en restitución (en la etapa judicial); obtener ocho cancelaciones y diez medidas de protección (a través del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados); y dar trámite a las 345 solicitudes convertidas en registros o desistimientos tácitos, bajo el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Estas metas se suman a las trazadas a nivel central por el director nacional de la URT, Giovani Yule, entre las que se cuenta el impulso al proyecto de Ley 280 de 2022 para otorgar funciones jurisdiccionales a la entidad, tal como la implementación del decreto 1623 de 2024, que permitirá llegar a los territorios bajo el componente de seguridad humana y atender poblaciones vulnerables (como adultos mayores o personas con discapacidad) en zonas no microfocalizadas.
“Nuestro principal reto es seguir contribuyendo a la garantía de derechos, y a la reparación integral de las víctimas del despojo o abandono forzado de sus tierras a causa del conflicto armado en el departamento de Putumayo”, señaló Montealegre.