ElColombiano – Según la entidad, el funcionario será sancionado tras no responder a los requerimientos sobre la falta de intervenciones en Mocoa, Putumayo, seis años después de la tragedia.
La Contraloría General de la República ordenó la suspensión provisional del director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, a causa de la falta de respuestas sobre la intervención de la entidad para la reconstrucción de Mocoa, en Putumayo, y Piojó, Atlántico.
Mediante el Auto No. 002 del 5 de diciembre de 2023 firmado por el jefe de la Unidad de Reacción Inmediata de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata –DIARI–, se determinó que, a pesar de los incumplimientos, el director de la Unidad de Riesgo no compareció a las audiencias de seguimiento y rendición de cuentas a la comunidad que convocó el vicecontralor en funciones de contralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo.
Según se conoció sobre la decisión del ente de control, “López Martínez queda suspendido por el término de un mes y sin derecho a remuneración. Asimismo, cuenta con el término de tres días para que presente alegaciones en su favor y las pruebas en que se sustente. Terminado ese tiempo, la decisión definitiva pasa a consulta de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República”.
Igualmente, tras el análisis y la confirmación de su sanción, esta decisión se traslada al presidente Gustavo Petro para que se haga efectiva. Cabe recordar que el funcionario investigado puede ser sancionado con multa de hasta cinco salarios mensuales por el mencionado comportamiento.
”Es un desastre”: contralor
Durante una visita realizada al municipio de Mocoa, en Putumayo, el contralor Carlos Mario Zuluaga calificó las acciones del actual director de la UNGRD como un “verdadero desastre”, debido a los incumplimientos y pocos avances presentados por la catástrofe en Mocoa sucedida en 2017.
“Quiero que sepan los pobladores de Mocoa que estos funcionarios se han creído con privilegios institucionales, al no asistir a las reuniones que solicita la Contraloría”, indicó Zuluaga, sumado a que los funcionarios no dieron respuestas y tampoco hicieron presencia en las mesas de seguimiento a la reconstrucción de la capital de Putumayo.
En el informe presentado por la Contraloría, se determinó que en la declaratoria de emergencia, se establecieron que debían establecer inversiones por valores de $1,6 billones. Sin embargo, “a dos meses de que venza el plazo determinado, solamente se han comprometido, ni siquiera ejecutado, $400 mil millones”, explicó.
El vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, fue más allá al asegurar que “es inconcebible que después de 6 años las cosas están en peores condiciones que cuando ocurrió la avalancha. No se han mitigado los riesgos ni se han concluido varios de los proyectos de infraestructura que conforman este Programa de Reconstrucción”.
En las alertas presentadas, la entidad recalcó que la UNGRD tiene cuatro (4) contratos vigentes para las obras de mitigación de riesgos en la parte alta y no se han iniciado las obras desde diciembre de 2020, cuando se contrataron.
“Realmente no hay ningún avance en este proyecto de vivienda, lo que vemos es un retroceso frente a lo que vimos cuando vinimos en febrero pasado. Además, porque lo que están intentando construir se está deteriorando”, expresó el contralor delegado para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, Diego Alejandro Castro.
Estos retrasos se encuentran en la construcción de casas conocidas del proyecto Sauces I y II, de la cual el primer proyecto se tenían proyectadas 1209 viviendas y solo se entregaron 300; del segundo proyecto eran 909 viviendas y solo hay 168 en ejecución.
Otras irregularidades se suman a un megacolegio y la plaza de mercado, las cuales tienen 0% de avance luego de seis años después de la tragedia.
“Aquí ha habido negligencia por parte de las instituciones que deben liderar este proceso de reconstrucción. Ha habido un desinterés por tener presencia en el territorio y ayudar a resolver las situaciones que se dan con unos contratos que ameritan tener un seguimiento permanente de quienes tiene la responsabilidad de contratar, ejecutar, vigilar y llevar a feliz término los fines para los cuales fueron destinados estos recursos”, concluyo el contralor.