Semana – SEMANA conoció denuncias de posibles coimas en contratos para programas de primera infancia en Putumayo, uno de los departamentos más vulnerables del país. Aseguran que habrían solicitado hasta el 15 por ciento de los recursos asignados.
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El departamento del Putumayo, en la región amazónica de Colombia, es uno de los territorios más vulnerables en el país. De acuerdo con la medición del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el índice de pobreza multidimensional (IPM) en la zona llegó a 20,8 por ciento en 2022, superando el total nacional por más de 7,9 puntos porcentuales.Putumayo, zona en la que influyen diversos grupos armados, presenta un alto indicador de inasistencia escolar, barreras para servicios de cuidado de primera infancia, trabajo infantil, bajo aseguramiento social y preocupantes cifras de acceso a servicios de salud, entre otros problemas.
Sin duda, quienes más sufren en el departamento del Putumayo son los menores de edad. Según el último Boletín Epidemiológico Semanal del Instituto Nacional de Salud (INS), se han presentado 190 casos de desnutrición aguda-moderada y severa en menores de 5 años en lo que va de 2023.
En medio de la situación que viven los menores en el departamento, funcionarios y contratistas de la Dirección Regional Putumayo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) denuncian posible cobro de coimas de funcionarios de confianza de Claudia Elizabeth Guevara Leyton, directora encargada.
Un grupo de ciudadanos de Mocoa, entre ellos personas relacionadas con la regional del ICBF en el departamento, radicaron una carta en la Presidencia y Vicepresidencia de la República narrando las irregularidades de las que habrían sido testigos.
Este medio conoció la petición, que asegura que todo comenzó el 8 de junio de 2023, cuando Guevara Leyton recibió la dirección bajo encargo. Los trabajadores aseguran que lo primero que hizo fue reubicarlos constantemente “sin justificación” y despedir a algunos funcionarios
De acuerdo con la carta radicada en Presidencia, Guevara reveló “que no existe una planeación adecuada y oportuna para adelantar estos cambios. Desde la sede nacional, en la oficina de la Dirección de Gestión Humana, se pueden evidenciar los cambios que ha realizado”.
Luego, indican que en los procesos de contratación, especialmente en primera infancia, no se respetaron las indicaciones de los coordinadores de cada área.
“No tiene en cuenta a las coordinadoras de grupo, que finalmente son quienes conocen todos los procesos que se manejan en cada grupo y tienen las responsabilidades como supervisoras de los contratos y deben responder ante los entes de control”, se lee en el documento.
Sin embargo, la inestabilidad en los grupos que garantizan la atención para los menores no sería el mayor de los problemas. El documento denuncia corrupción de “un contratista y una servidora pública”, quienes, en nombre de la dirección regional, piden tajadas de prórrogas de contratos para servicios del programa de primera infancia.
Los contratos iniciaron en enero de este año y finalizaron el 31 de octubre. Por esta razón, para finalizar el año con la prestación de los servicios, se planteó una prórroga.
La denuncia dice que “esta información fue entregada a la dirección regional, que no tomó decisiones al respecto, como apartar a estos profesionales del proceso, sino, por el contrario, participaron de todo el proceso de contratación, desconociendo al personal de planta, que es finalmente el responsable ante el nivel nacional”.
SEMANA habló con contratistas que aseguran haber sido presionados por una funcionaria y un contratista de nombre Michael Ortega.
“Mi fundación es la operadora. Damos desayuno fuerte, almuerzo y refrigerio. Existen otras modalidades, como la familiar con población vulnerable, víctimas y desplazados. Son grupos de personas que reciben capacitación, refrigerios y paquetes complementarios nutricionales”, explicó un contratista sobre sus funciones, quien pidió reserva de su identidad por temor a que atenten contra su vida o sus operaciones.
La descripción del supuesto modus operandi es la misma: “Nos dicen que requieren hablar con nosotros de temas contractuales. Uno asume que sobre la adición, sobre documentos. Pensamos que era de trabajo. Se reunieron con una persona de mi confianza. Lo recogen en un carro rojo, un Mazda, en horas de la noche”.
Denuncian que les quitaron el teléfono celular al abordar el vehículo. Posteriormente, sin preámbulos, aseguran que les solicitaron el 15 por ciento de los recursos para un mes y 15 días de servicios para la niñez, y que desde ese momento en adelante esa iba a ser la condición de todos los procesos contractuales en Putumayo.
“Dijeron que era instrucción de la directora. Dijimos que no. Que no nos iba a alcanzar para cubrir lo de los niños. Que después nos metíamos en un problema porque la supervisión nos iba a calificar mal por desmejorar el servicio”, detalló un contratista.
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En los casos narrados a SEMANA, las coimas que se habrían solicitado eran de aproximadamente 200 millones de pesos por prórroga. En ninguno de los casos, según los contratistas, se habría accedido.Por esta incertidumbre en torno a la prórroga de los contratos, el pasado 27 de octubre, trabajadores de las fundaciones operadoras hicieron un plantón en protesta por las irregularidades en el ICBF. “Va a haber un posible cambio de operador. Aún estamos esperando una respuesta”, dijo una agente educativa al medio local Tele Mocoa.
Andrés Cancimance, representante del Pacto Histórico de Putumayo, reconoció que los niños en el departamento están en riesgo: “Quiero solidarizarme con las personas del plantón por las presuntas irregularidades que se siguen presentando en esta entidad. Sigue vulnerando los derechos de la niñez y me parece que eso tiene que terminar”.
“No podemos permitir que el presupuesto destinado para la niñez siga siendo objeto de robo. No tiene presentación, menos en un Gobierno del cambio”, señaló el congresista, que dijo haber informado a Astrid Cáceres, directora nacional, sobre lo sucedido.
La principal preocupación de los habitantes de Putumayo es que, a pesar de que la directora regional conoce los hechos, no ha tomado acciones. Finalmente, a pesar de que los contratistas se negaron a entregar la tajada de los recursos, se prorrogaron los contratos, pero tampoco ha habido acciones internas para esclarecer los hechos.
SEMANA conoció varios correos electrónicos que informaron sobre los hechos a Guevara. Uno de ellos se lo envió la persona encargada de supervisar los contratos, preguntándole a la directora regional si tendrá en cuenta las denuncias contra sus funcionarios de confianza, mencionando dos de sus nombres.
“Solicito que me informe si el ejercicio de seguimiento que realizo como supervisora no va a tener trascendencia, por cuanto considero que estas dos personas, a quienes presuntamente se involucra en hechos de corrupción, debían estar apartadas mientras se surte el proceso de contratación, adicionalmente identifico que están adelantando acompañamiento que yo desconocía como supervisora de estos contratos. En este sentido, quiero dejar por sentado que como supervisora no he actuado, ya que desconozco las acciones que vienen adelantando los contratistas Michael Ortega y Lidio Aldemar Erazo. El día de hoy identifiqué que se encontraron en una reunión que no fue informada desde el área técnica, siendo coordinadora del grupo de asistencia técnica”, se lee en el correo.
Este medio conoció que la carta enviada a la Presidencia fue redireccionada a la directora nacional del ICBF, Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Transparencia y Ministerio de Igualdad por competencia.
SEMANA se comunicó con Claudia Guevara, quien habló telefónicamente con una periodista de este medio. Al exponerle el tema para que entregara su versión y pedirle los contactos de los demás trabajadores mencionados, la funcionaria colgó abruptamente la llamada y, vía WhatsApp, solicitó que se elevara una petición a su despacho. A la fecha de cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
El ICBF le contó a este medio que conoció las denuncias “por aparentes hechos de corrupción”.“La semana del 6 al 10 de noviembre desplazó un equipo de la sede de la dirección general para recibir de primera mano la información y escuchar a los denunciantes; sin embargo, no fueron aportadas las pruebas que soportaran la situación”, explica la entidad, que trasladó la queja a los entes de control competentes.