En un hito de justicia, la URT hizo entrega de este territorio colectivo, garantizando los derechos territoriales de 31 familias pertenecientes al pueblo ancestral Murui Muina.
Puerto Leguízamo, 19 de junio de 2026 (@URestitucion). La Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Putumayo y su Dirección de Asuntos Étnicos, realizó la entrega de 29.190 hectáreas más 6.867 metros cuadrados al Resguardo Indígena Monaide Jitoma del pueblo Murui Muina, ubicado en la inspección Piñuña Negra, en el municipio de Puerto Leguízamo.
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Mocoa profirió un fallo favorable para esta comunidad ancestral. Con la decisión se resuelven de manera definitiva décadas de afectaciones estructurales y territoriales derivadas del conflicto armado, devolviéndole la seguridad jurídica a sus legítimos cuidadores ancestrales.
La sentencia beneficia directamente a 31 familias (compuestas por un total de 94 personas). El territorio restituido, que representa su sustento existencial, cultural y espiritual, está conformado por 15 predios baldíos de posesión ancestral que quedaron agrupados en 10 globos de terreno bajo la figura de propiedad colectiva, inalienable, imprescriptible e inembargable.
La entrega del territorio ancestral, que se realizó en territorio del resguardo, contó con el liderazgo del director territorial de la URT en Putumayo, Cristian Araujo Mulcué, y el coordinador de Posfallo de la DAE, Gustavo Imbacuán. Además, asistieron representantes de las entidades competentes en las órdenes judiciales derivadas de la sentencia.
El objetivo es realizar un trabajo articulado de cumplimiento, garantizando la permanencia de las familias con plenas condiciones de dignidad, soberanía y etnodesarrollo. Entre las entidades que acompañaron este espacio están el SENA, ICETEX, el ICBF y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Con este hito, la URT avanza en la protección y restablecimiento de los derechos de los pueblos étnicos, promoviendo escenarios donde la justicia transicional se traduce en bienestar palpable, autonomía política y salvaguarda cultural para las comunidades de la Amazonía colombiana.