El caso de Doña Helena, fundadora de la emblemática marca ‘Elena del Mar’, ha tomado un giro alarmante tras la última audiencia judicial. A sus 91 años, la mujer que construyó un imperio se encuentra atrapada no solo en un entorno de presunto abuso familiar, sino en un laberinto jurídico donde las decisiones parecen contradecir la lógica de protección al adulto mayor.
- El Grito de Auxilio Ignorado (2024)
La pesadilla salió a la luz en 2024. Aprovechando que su hija, María Teresa García, se encontraba en España, Doña Helena acudió a la Comisaría de Familia de Usaquén para denunciar un plan sistemático de anulación:
“…mi hija le estaba dando a las enfermeras una droga para que me diera… quería volverme como una idiota para ella coger la rienda de sus negocios”, reza la denuncia emitida por doña Helena en 2024.
En aquella declaración libre y voluntaria, Helena fue tajante: “En mi casa me da miedo tenerla”. Esta denuncia establecía el precedente de una víctima que, a pesar de su avanzada edad, identificaba un peligro inminente para su integridad y su patrimonio.
- El Maltrato y la «Carta de la Dignidad» (2026)
A pesar de la gravedad de lo denunciado, el maltrato no cesó. A inicios de 2026, Helena redactó una carta de su puño y letra exigiendo respeto a su condición de madre y adulta mayor de 91 años.
En el texto, advertía que no toleraría más insultos ni falsas acusaciones en su propio hogar, bajo amenaza de expulsar a quien la agrediera. Este documento reafirma que la violencia psicológica y verbal ha sido una constante en los últimos años.
- La Intervención del Estado: Medida MP 049
La gravedad de los hechos llevó a la Comisaría de Familia Segunda de Usaquén a proferir la Medida de Protección MP 049 el 2 de febrero de 2026. En ella se ordenó a María Teresa García abstenerse de cualquier agresión física, psicológica o verbal, y se solicitó apoyo policial especial para evitar nuevos ataques contra Helena.
- Incoherencia Judicial: La Balanza Desequilibrada
El punto más crítico de la reciente audiencia radica en la admisión de pruebas. En una decisión que ha generado profunda indignación, la Comisaría encargada del caso rechazó la prueba de la denuncia de Doña Helena de 2024, bajo el argumento de que debe tener una vigencia máxima de un mes para ser considerada.
Sin embargo, surge una contradicción procesal evidente: la misma instancia sí decretó como prueba un documento presentado por la presunta victimaria, María Teresa García, con fecha de 2023, donde esta alega la supuesta buena salud física y mental de su madre.
Esta decisión plantea interrogantes urgentes sobre la coherencia del proceso:
¿Por qué se invalida la voz de la víctima de 2024 por «falta de vigencia», pero se acepta un documento de la victimaria aún más antiguo (2023)?
¿Cómo se explica que la prueba de «buena salud» del año anterior pese más que la denuncia de sedación y miedo actual?
- Un Llamado a la Justicia Real
Expertos en temas civiles y de familia insisten en que todo acto firmado bajo coacción es anulable y que el maltrato es causal de Indignidad Sucesoral. No obstante, el caso de Doña Helena hoy no es solo una batalla por el control de una empresa; es una lucha por la coherencia judicial. Si la justicia rechaza las denuncias de la propia víctima mientras valida las defensas de la victimaria con criterios desiguales, el mensaje para los adultos mayores en Colombia es de absoluta desprotección.