- Organizaciones sociales alertan que, pese al avance de la Sentencia C-055 de 2022, el acceso a la IVE en el departamento sigue marcado por desigualdades, estigma y falta de garantías efectivas
(Fotografía: Archivo de Sororidad Sureña )
Bogotá, 30 de abril de 2026. La Asociación Sororidad Sureña y La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres presentan el Diagnóstico sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Putumayo, un estudio que evidencia las profundas brechas entre el reconocimiento legal del aborto en Colombia y su acceso real en el departamento.
El informe muestra que, aunque el país ha avanzado significativamente en el reconocimiento del derecho a la IVE tras la Sentencia Causa Justa (C-055 de 2022), en Putumayo persisten condiciones estructurales, sociales e institucionales que impiden su garantía efectiva. A partir de entrevistas, grupos focales, derechos de petición y revisión
de información oficial, el diagnóstico recoge tanto cifras como experiencias que dan cuenta de un acceso fragmentado, desigual y muchas veces vulnerado.
El contexto territorial resulta determinante. Según el diagnóstico, en zonas rurales del departamento, el 70,5 % de los hogares vive en pobreza multidimensional y el 64 % no cuenta con acceso a agua potable, lo cual refleja desigualdades en el acceso a servicios básicos y de salud. A esto se suma el impacto del conflicto armado y la presencia de economías ilegales, factores que han incrementado los riesgos de violencia sexual, trata de personas y embarazos no deseados, especialmente en mujeres jóvenes, indígenas y rurales.
En ese escenario, los datos son contundentes: en 2025, el 77,5 % de los casos de violencia basada en género afectaron a mujeres, y la violencia sexual representó el 21,1 % del total. Estas cifras evidencian una demanda urgente de servicios de salud sexual y reproductiva oportunos y de calidad a la que el sistema de salud no está respondiendo de manera efectiva.
“El diagnóstico es una herramienta de incidencia que nos permite ver con mayor claridad cómo ha avanzado la implementación de la Sentencia C-055 de 2022, pero también identificar las barreras que persisten. A partir de esto, buscamos aportar a una ruta de incidencia que contribuya a su cumplimiento y seguimiento en el territorio”, afirmó Viviana Oviedo, presidenta de la Asociación Sororidad Sureña.
Los hallazgos evidencian que las barreras al acceso a la IVE operan de manera simultánea y se refuerzan entre sí. Estas incluyen limitaciones en infraestructura y acceso geográfico; desconocimiento del marco legal y ausencia de protocolos actualizados; fallas en la prestación del servicio como negaciones, demoras injustificadas y exigencias indebidas; así como barreras informativas y culturales atravesadas por el estigma y el miedo al juicio social. Además, persisten presiones familiares y comunitarias que condicionan la toma de decisiones de las mujeres, hombres trans y personas no binarias.
“Este diagnóstico es un estudio pionero en el departamento sobre la garantía del derecho al aborto. Sus recomendaciones buscan aportar a las entidades nacionales y territoriales para avanzar en la eliminación de barreras de acceso marcadas por la desigualdad, el conflicto armado y los cuellos de botella institucionales”, señaló Laura Castro, directora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
Las consecuencias de estas barreras ya se reflejan en la salud pública. El informe evidencia un aumento del 46 % en las complicaciones asociadas al aborto dentro de los casos de morbilidad materna extrema, lo que da cuenta de fallas en el acceso a servicios seguros y oportunos. A esto se suma que, aunque las tasas de fecundidad han disminuido, municipios como Puerto Asís y Villagarzón continúan registrando cifras superiores al promedio nacional en adolescentes y mujeres jóvenes, evidenciando brechas persistentes en educación sexual y acceso a servicios.
El diagnóstico plantea recomendaciones concretas para revertir este panorama, entre ellas la asignación de recursos específicos, la creación de rutas integrales de atención con enfoque diferencial, el fortalecimiento de la articulación intersectorial y la implementación de campañas comunitarias orientadas a reducir el estigma.
Asimismo, destaca el papel clave de las organizaciones sociales y feministas en el acompañamiento a mujeres, hombres trans y personas no binarias, así como en la exigibilidad de sus derechos. Ademásde la evidencia con datos, el estudio hace un llamado urgente a reconocer las desigualdades territoriales que persisten en el acceso al aborto legal en Colombia y a avanzar en acciones concretas que garanticen este derecho en todos los territorios, sin excepción.
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