El exembajador del petrismo, ahora candidato presidencial, dijo que la suspensión de órdenes de captura a voceros de bandas tendrá impacto electoral.
En un caso de “fuego amigo político”, el candidato Roy Barreras lanzó un dardo contra la campaña del Pacto Histórico, al señalar que la suspensión de órdenes de captura para los jefes del crimen organizado del Valle de Aburrá está relacionada, presuntamente, con la búsqueda de votos para la contienda presidencial.
El comentario se registró el domingo, durante una conversación con los periodistas del portal noticioso Los Danieles, en la cual le preguntaron al exembajador en el Reino Unido: “¿Los jefes de clanes mafiosos que fueron liberados en Antioquia tienen como propósito buscar una mejor votación para el candidato del Gobierno? (Iván Cepeda)”.
“No solo en Antioquia”, respondió Barreras, quien durante la campaña pasada fue uno de los principales asesores del petrismo.
“Estoy seguro que sí. Los señores que extorsionan en el Caquetá, el señor ‘Calarcá’’ y la señora ‘Érika’, que dominan ese territorio. El señor ‘Araña’, que es el que controla, lo veíamos en el testimonio después de la tragedia del avión de la FAC en Leguízamo, que la gente decía: ‘Es que aquí ahora está todo tranquilo, el pueblo está ordenado porque el que manda es ‘Araña’. Si manda ‘Araña’, pues decide la votación, porque conmina, porque obliga”, afirmó.
Barreras se refería a Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), comandante de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), y a su novia Diana Carolina Rey Rodríguez (“Érika Castro”), cabecilla del bloque Jorge Briceño de ese grupo.
Ambos dirigen una organización con cerca de 3.500 integrantes y presencia en Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Cesar, Guaviare, Meta, Arauca, Bolívar, Casanare, Vaupés y Venezuela.
La pareja es beneficiaria de la suspensión de órdenes de captura desde finales de 2023, cuando desertaron del Estado Mayor Central (EMC) que dirigía Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”), montaron su propia disidencia y continuaron en diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro.
Incluso les preservaron ese privilegio cuando fueron detenidos el 23 de julio de 2024 en un puesto de control militar en Santo Domingo, Antioquia, mientras viajaban en una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), junto a otros 10 miembros del EMBF, un adolescente víctima de reclutamiento forzado, armas sin salvoconducto, dinero en efectivo y oro sin documentación.
El otro mencionado es Geovany Andrés Rojas (“Araña”), jefe de los Comandos de Frontera, facción integrada a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), otro grupo disidente que negocia con la Casa de Nariño.
Fue capturado en febrero de 2025 con fines de extradición a EE. UU., por cargos de narcotráfico, pero Petro se negó a autorizar el trámite porque el delincuente es vocero de paz. Su estructura ilegal delinque en Putumayo, Caquetá, Nariño y Amazonas, con cerca de 600 integrantes.
Barreras narró que “en López de Micay, donde acaban de asesinar al exdiputado de la Fuerza de la Paz (Luis Vallejo Román), ni siquiera se toman el trabajo de obligar a votar, sino que recogen las cédulas, y después le entregan el registro electoral”.
En ese municipio caucano tiene incidencia la Segunda Marquetalia, que comanda Luciano Marín (“Iván Márquez”) desde Venezuela, otro que fue beneficiario en su momento de la “paz total”.
La semana pasada, por petición del Gobierno, la Fiscalía suspendió durante seis meses las órdenes de captura de 23 jefes del crimen organizado en el Valle de Aburrá, los cuales están en la mesa de diálogos sociojurídicos desde 2023.
“Yo creo que va a producir resultados electorales, lo que no significa que hayan planeado todo el ejercicio de la paz total con ese objetivo”, acotó.
Al cierre de esta edición no se habían producido respuestas de Petro ni de Iván Cepeda, el candidato del continuismo, a las insinuaciones de Barrera.
Votaciones bajo la lupa
Las presiones que puedan ejercer los capos beneficiarios de la “paz total” en las elecciones son una preocupación que acompaña a varios sectores de la sociedad colombiana.
Tal cual expuso este diario en su editorial del 29 de marzo, titulado “Nace una nueva “parapolítica”, en 19 municipios clasificados en riesgo extremo por la Misión de Observación Electoral (MOE), “el Pacto Histórico obtuvo votaciones que en cualquier democracia competitiva resultarían difíciles de explicar. En Sucre (Cauca), el Pacto obtuvo el 73% de los votos con apenas el 39% de participación. En Jambaló y en Totoró, el 68%. En toda la región se repite un patrón: municipios tomados por las llamadas disidencias de las Farc, que no son más que grupos criminales dedicados a las rentas ilegales, y en esos sitios el Pacto Histórico domina abrumadoramente, como si fuera un partido único. En 10 de los 19 municipios caucanos de riesgo extremo, el Pacto superó o se acercó al 50% de la votación al Senado, y en los otros igual fue el ganador por amplia ventaja”.
Un patrón similar se repite en los territorios con influencia de las disidencias en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueños.