El Ministerio de Ambiente expidió el 5 de febrero la resolución 083 por medio de la cual se establecen cerca de 30 actividades en reservas forestales de Ley 2, que no requieren sustracción de área. Esto con el argumento de que son de bajo impacto ambiental y de beneficio social.
Según le confirmó esa cartera a La Silla, la norma fue ajustada en el punto sobre mantenimiento de vías, para especificar que la autorización se limita a “vías existentes legalmente autorizadas”. Lo anterior tras advertir que dado que en la región amazónica una de las principales causas de deforestación es la apertura de vías ilegales, esto podía generar un vacío que los deforestadores podrían aprovechar. Este fue un punto señalado en su columna, por Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible —Fcds— quien ha estudiado el fenómeno a fondo.
El contexto: La resolución que fue celebrada por mandatarios locales como el gobernador de Guaviare y el director de la CDA, la autoridad ambiental, es, según el MinAmbiente una apuesta por armonizar los derechos de los cerca de 2,8 millones de personas que habitan allá, con la normatividad ambiental. Pero expertos ambientales creen que actividades como poner torres de energía eléctrica, sistemas de riego de hasta 30 hectáreas, que se pueden acumular (la resolución no lo restringe), agricultura familiar y comunitaria, y mantenimiento de vías, prácticamente están dando al traste con esa figura de conservación de los bosques. Consideran que legitima e incentiva la ocupación de zonas ambientalmente sensibles.