Por : Hugo Duarte Zambrano – Periodico Putumayo (Facebook)
Una afectación silenciosa a la salud y el derecho al ambiente sano.
Vecinos del sector residencial Avda. 17 de Julio en Mocoa han documentado mediante registros audiovisuales la ocurrencia reiterada de quemas a cielo abierto de escombros en una vivienda del barrio, práctica que se extiende incluso a horas nocturnas.
Las columnas de humo generadas penetran los hogares aledaños, obligando a las familias a abandonar temporalmente sus viviendas ante la imposibilidad de mantener condiciones mínimas de habitabilidad.
Los residentes denuncian que los gases emitidos, resultado de la combustión incompleta de materiales de construcción, y de aseo que pueden contener plásticos, pinturas y otros residuos peligrosos, generan irritación ocular, dificultad respiratoria y malestar general, afectando no solo a quienes residen en el sector inmediato, sino también a habitantes del barrio Kennedy por efecto de la dispersión atmosférica.
Esta situación evidencia una falla crítica en la gestión local de residuos sólidos, de aseo y orgánicos , así como en los mecanismos de vigilancia ambiental urbana.
La quema reiterada de escombros constituye una violación a los principios de prevención y precaución ambiental, y vulnera el derecho fundamental de las comunidades a disfrutar de un ambiente sano, consagrado en la Constitución Política y reforzado por instrumentos normativos como el Decreto 1076 de 2015 (reglamentario del sector ambiente).
La justicia ambiental exige que las cargas de la contaminación no recaigan desproporcionadamente sobre comunidades residenciales que carecen de mecanismos efectivos de protección.
En este caso, familias que no generan los residuos soportan los impactos en su salud y calidad de vida, mientras persiste la impunidad frente a prácticas ambientalmente irresponsables.
Se hace urgente la intervención articulada de las secretarías de Ambiente, Salud y Gobierno municipal para:
Implementar acciones inmediatas de contención y monitoreo de la calidad del aire en la zona afectada;
Establecer protocolos claros de disposición adecuada de escombros con puntos de acopio autorizados;
Ejercer labores de inspección, vigilancia y control con aplicación del régimen sancionatorio previsto en la normativa ambiental;
Desarrollar estrategias de educación ambiental comunitaria que promuevan prácticas responsables de manejo de residuos.
Proteger el derecho al ambiente sano no es únicamente un compromiso retórico, requiere instituciones presentes, normas aplicadas con equidad y una gestión ambiental urbana que priorice la salud colectiva sobre la comodidad de prácticas insostenibles.
Las comunidades merecen respuestas oportunas y efectivas que garanticen su bienestar presente y futuro.