Fuente : Nariño Hoy
Con una inversión de 15 billones de pesos, el Gobierno Nacional busca cerrar la brecha de desigualdad en territorios históricamente excluidos. El programa «Vías para la Paz» garantiza la continuidad de las obras mediante vigencias futuras, asegurando que el desarrollo regional sea una política de Estado que trascienda los periodos presidenciales.
El Instituto Nacional de Vías (Invías) ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia de conectividad terrestre que promete transformar la realidad socioeconómica de las zonas más apartadas de Colombia. Se trata de la apertura de más de 60 procesos licitatorios que contemplan una inversión de 15 billones de pesos destinados a la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y puentes, con un énfasis especial en las denominadas vías terciarias, fundamentales para el campesinado y las comunidades étnicas.
Esta iniciativa, enmarcada en el programa «Vías para la Paz», ha sido declarada de importancia estratégica por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). Su objetivo central es saldar una deuda histórica con poblaciones de departamentos como Chocó, Putumayo, Cauca y La Guajira, donde la ausencia de infraestructura vial ha sido, por décadas, una barrera para el desarrollo humano y una chispa para el conflicto social.
Para garantizar que estas obras no se conviertan en proyectos inconclusos o «elefantes blancos», el Gobierno ha optado por el mecanismo de vigencias futuras. Esta figura legal permite comprometer recursos de presupuestos anuales hasta el año 2035, blindando la financiación de los proyectos frente a los vaivenes políticos de los próximos gobiernos. Bajo este esquema, la actual administración asegura el inicio técnico y los estudios previos, mientras que la ejecución financiera se distribuye de manera progresiva, permitiendo una planificación responsable a largo plazo.
Ante los señalamientos sobre la concentración de la inversión en regiones donde el actual proyecto político obtuvo mayorías electorales, el director del Invías, Jhon Jairo González, aclaró que los criterios de selección son estrictamente técnicos y sociales. Según el funcionario, el enfoque se centra en distribuir los recursos públicos en territorios donde la inversión del Estado ha sido históricamente mínima o nula, buscando una equidad territorial que supere el centralismo tradicional.
Entre los proyectos más destacados se encuentra la variante San Francisco-Mocoa, en Putumayo, una obra clave para la integración del sur del país que recibirá una inversión de 2,5 billones de pesos. Asimismo, se contemplan intervenciones masivas en La Guajira por 3,2 billones de pesos, orientadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades Wayúu y fortalecer el comercio local.
Aunque algunos sectores han manifestado preocupaciones sobre los tiempos de entrega y los riesgos de sobrecostos en contratos de larga duración, la apuesta del Gobierno es que la infraestructura se convierta en un derecho ciudadano y no en una herramienta de turno. Al dejar asegurada la financiación, se empodera a las comunidades rurales para que ejerzan veeduría sobre obras que, por primera vez, ponen en el centro de la agenda nacional la dignidad de la periferia.