El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, manifestó su rechazo categórico a la decisión del Gobierno de Ecuador de incrementar en más de 900 % la tarifa de transporte del crudo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), una medida que —según las autoridades— pone en riesgo la viabilidad de la producción petrolera en el sur del país.
La decisión implica que la tarifa pase de un valor cercano a los 2,5 dólares por barril a más de 30 dólares por barrilpara los usuarios extranjeros, afectando de manera directa a los productores colombianos que utilizan esta infraestructura para exportar su petróleo.
Impacto directo en el Putumayo y en pequeños productores
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el incremento tarifario fue adoptado de manera unilateral y desproporcionada, sin responder a criterios técnicos ni económicos. El mayor impacto recaería sobre el departamento del Putumayo, donde operan principalmente pequeños y medianos productores de crudo.
Estas empresas, según la cartera de Minas, sostienen buena parte del empleo regional, así como encadenamientos productivos clave para la estabilidad económica y social del sur del país.
“Una nueva agresión al pueblo colombiano”
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, calificó la medida como una agresión directa contra Colombia y cuestionó el incumplimiento de acuerdos binacionales previamente suscritos.
“Esta decisión del Gobierno ecuatoriano es una nueva agresión al pueblo. Ahora elevan unilateral y arbitrariamente el precio del transporte de crudo por uno de sus oleoductos, violando nuevamente compromisos previamente adquiridos, como el acuerdo del 13 de febrero de 2011, afectando principalmente a pequeños productores de crudo”, afirmó el ministro.
Según Palma, la decisión desconoce los compromisos firmados entre ambos países para facilitar el transporte y la exportación de hidrocarburos, así como los principios de cooperación e integración regional.
Un contexto adverso para el sector petrolero
El Gobierno colombiano advirtió que el aumento de la tarifa se da en un momento especialmente complejo para el sector, marcado por la caída de los precios internacionales del crudo. Esta situación reduce los márgenes de rentabilidad y expone a las empresas a pérdidas significativas, posibles cierres operativos y suspensión de actividades productivas.
Las consecuencias, según el Ministerio, se traducirían en afectaciones al empleo, reducción de ingresos fiscales y un golpe directo a la economía regional del sur del país.
Críticas al silencio gremial
Durante su pronunciamiento, el ministro Palma también cuestionó la postura de algunos sectores empresariales frente a la decisión ecuatoriana.
“Mientras el Consejo Gremial demanda la emergencia económica, calla frente a esta agresión contra nuestro país que afecta empresas, trabajadores y nuestra economía. Como también calla ante la actitud de los mayoristas de combustibles colombianos que dejaron de comprar etanol nacional y cuyos inventarios están a punto del colapso. ¿Dónde está su patriotismo?”, señaló.
Llamado al diálogo y a la vía diplomática
Pese al tono crítico, el Gobierno Nacional reiteró su voluntad de diálogo y de buscar una solución concertada a través de los canales diplomáticos y comunitarios. Según el Ministerio, Colombia había propuesto iniciar conversaciones, pero estas fueron canceladas por Ecuador antes de anunciar el incremento tarifario.
“Propusimos diálogo, pero nos responden con agresiones basadas en excusas. Estábamos a punto de iniciar conversaciones y las cancelaron para volver a agredir. Confiamos en que la diplomacia y el diálogo franco sirvan para retornar a la normalidad en beneficio de nuestros pueblos”, agregó Palma.
El Ejecutivo considera que la medida ecuatoriana desconoce el espíritu de los acuerdos binacionales y los principios de integración y libre tránsito que rigen a los países miembros de la Comunidad Andina.
Gobierno insiste en una salida negociada
Finalmente, el Gobierno Nacional reiteró que seguirá privilegiando los mecanismos diplomáticos y comunitarios para restablecer condiciones de previsibilidad, proporcionalidad y no discriminación en el transporte de hidrocarburos, con el fin de proteger la producción nacional y el empleo en las regiones más afectadas.
La decisión de Ecuador abre un nuevo frente de tensión bilateral y pone sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos de cooperación energética entre ambos países.