Infobae – Julio César Vera, presidente de Xua Energy, explicó a Infobae Colombia que esta medida terminaría afectando a la población y no únicamente a las empresas petroleras
La decisión del gobierno de Ecuador de subir en forma drástica el costo para transportar petróleo colombiano por su infraestructura no se siente, por ahora, en el precio de la gasolina que pagan los ciudadanos. Pero sí tiene un impacto silencioso y profundo en una de las regiones más pobres y olvidadas del país: el Putumayo.
Así lo advirtió en entrevista con Infobae Colombia Julio César Vera, presidente de Xua Energy, quien asegura que la medida —que elevó la tarifa de transporte de crudo de tres a 30 dólares por barril— es una de esas decisiones en las que “no pierde solo un sector, sino ambos países”.
Este era un negocio gana-gana”, explica Vera. Colombia encontraba una salida eficiente para exportar el crudo del sur del país, mientras Ecuador aprovechaba una infraestructura que estaba prácticamente vacía.
“Por una coyuntura política que podría resolverse con diálogo, se termina golpeando el desarrollo regional y la estabilidad de empresas de los dos lados de la frontera”, agrega.
El Putumayo, el verdadero afectado
Aunque el petróleo que sale del Putumayo representa apenas cerca del 3% de la producción nacional, su importancia local es enorme. Allí se producen entre 19.000 y 22.000 barriles diarios, una cifra que, traducida en regalías, empleo e inversión social, resulta clave para un departamento con altos niveles de pobreza y pocas alternativas económicas.
“No es que Colombia se vaya a quedar sin petróleo”, aclara Vera. “Pero sí se afecta gravemente a una región donde la industria petrolera sostiene proyectos de infraestructura, protección ambiental, empleo local y recursos para los municipios”.
En esa zona operan tres grandes jugadores: GeoPark, Gran Tierra Energy y Ecopetrol. El caso más delicado es el de GeoPark, una empresa que produce apenas unos 800 barriles diarios y que ya advirtió que, si esta situación se vuelve permanente, tendría que cerrar sus operaciones.
Su petróleo se mueve por un ducto construido específicamente para conectarse con el sistema ecuatoriano, una ruta que hacía viable el negocio gracias a costos de transporte bajos.
Cuando el transporte vuelve inviable el negocio
Con la nueva tarifa, esa ecuación deja de funcionar. “El transporte pasaría a costar más del doble de lo que vale producir un barril en Colombia”, señala Vera. Con precios internacionales del petróleo por debajo de los 60 dólares, la operación simplemente deja de ser rentable.
Gran Tierra y Ecopetrol enfrentan un problema similar. La alternativa sería mover el crudo en carrotanques hacia el interior del país, hasta el Huila o Puerto Boyacá, lo que multiplicaría entre tres y cuatro veces los costos logísticos. En términos prácticos, eso significa menos inversión, más incertidumbre y, en algunos casos, la suspensión de operaciones.
Aunque la medida parece apuntar principalmente contra Ecopetrol, el efecto dominó golpea con más fuerza a las empresas pequeñas y medianas, así como a nuevos proyectos que empezaban a dinamizar la región. “Esto afecta la confianza inversionista y la credibilidad del país”, advierte el presidente de Xua Energy. “Un inversionista necesita reglas estables, no decisiones que cambian según el clima político”.
Una disputa política con costos reales
Para Ecuador, la decisión tampoco es gratuita. Dejar de transportar cerca de 20.000 barriles diarios implica pérdidas superiores a 60.000 dólares al día, lo que puede traducirse en casi dos millones de dólares mensuales por una infraestructura que vuelve a quedar subutilizada.
¿Hay salidas? En el corto plazo, pocas y costosas. Reactivar el oleoducto Trasandino hacia Tumaco es una opción, pero está paralizado desde 2023 por atentados, robos y riesgos ambientales. Además, requeriría mayores esfuerzos de seguridad en zonas donde operan grupos armados ilegales.
Por eso, Vera insiste en que la mejor solución no es técnica, sino política. “Lo ideal es retomar el canal diplomático y separar este tipo de operaciones estratégicas del vaivén de los gobiernos”, concluye.
Mientras tanto, el impacto no se mide en surtidores, sino en menos empleo, menos regalías y más incertidumbre para miles de familias en el sur del país. Una factura que no paga el consumidor hoy, pero que sí sienten quienes viven del petróleo en el Putumayo.