Brigitte Baptiste, actual rectora de la Universidad EAN y exdirectora del Instituto Humboldt, ha hecho una carrera reconocida no solo por la academia, sino también por el sector político y la industria. Es una de las voces más respetadas para hablar de asuntos ambientales en el país. En los últimos años, tras su salida del Humboldt en 2019, se ha acercado al sector minero y hoy hace parte de la junta directiva de una de sus empresas, Aris Mining.
En una apuesta arriesgada, busca incorporar criterios ambientales en proyectos que considera de suma importancia para el desarrollo del país. Pero eso le ha traído críticas de algunos sectores ambientalistas e incluso de la misma academia, que ven un contrasentido entre su discurso a favor del medioambiente y la defensa de proyectos con cuestionamientos sociales y ambientales.
Su apuesta por la “minería bien hecha” no pone en cuestión su prestigio, pero sí deja dudas sobre cuál es su lugar de enunciación en el debate público sobre medioambiente.
Baptiste ha buscado darle ambiente a la minería
Es una de las biólogas más reconocidas del país, no solamente por su producción académica y científica, sino por su notoriedad mediática. Se graduó de bióloga en la Universidad Javeriana de Bogotá y tiene múltiples posgrados en áreas como conservación, desarrollo y ecología.
Trabajó por más de 20 años en el Instituto Humboldt y asumió la dirección durante casi ocho, hasta 2019. Posteriormente, asumió la rectoría de la Universidad EAN y se ha mantenido activa en el debate público.
Su inquietud por el tema comenzó en el Instituto, donde tuvo que responder un requerimiento judicial sobre el impacto de la minería en la biodiversidad. Posteriormente, como líder de la EAN, comenzó a trabajar con la Asociación Colombiana de Minería estudiando la relación entre minería, biodiversidad y cambio climático.
“Yo sí creo que se puede construir una sostenibilidad profunda y justa con el aporte de los actores privados. Son una parte fundamental de la evolución de la sociedad y están en condiciones de aportar sustancialmente”, le dijo Baptiste a La Silla. “Lo que yo defiendo es la ciencia, un espacio de trabajo conjunto con las comunidades. Y la posibilidad de que se desarrollen proyectos que nos ayuden a producir recursos siempre que legal y socialmente sean viables”, agregó.
No solo ha tenido una opinión activa sobre el tema, sino que también ha colaborado con diferentes empresas mineras, como Mineros S. A., en el Bajo Cauca Antioqueño, Libero Cobre, en Mocoa, y Aris Mining, en Santander.
A finales de octubre, la bióloga dio de qué hablar por su nuevo puesto en la junta directiva de Aris Mining, una empresa de origen canadiense, que tiene proyectos en Segovia (Antioquia), Marmato (Caldas) y que este año compró las acciones de Minesa en California, cerca al páramo de Santurbán, en Santander.
Es la primera vez que participa de una junta directiva de una organización con ánimo de lucro y estará a cargo de la Comisión de Sostenibilidad. “Plantean un panorama innovador en el abordaje de los conflictos socioambientales, vamos a ver cómo resulta, es una prueba de fuego”, dice sobre sus motivaciones.
Afirma que la minería puede contribuir a la sostenibilidad, al bienestar de los territorios e incluso a la restauración de la biodiversidad. Además llama la atención sobre la necesidad que tiene el mundo de minerales como cobre, litio y acero para la transición energética y ve la extracción legal como el “mejor antídoto” contra la ilegal.
La nueva faceta de Baptiste no convence al ambientalismo
En los últimos años, en varias regiones del país, han avanzado proyectos para hacer minería a gran escala. Entre ellos, en Jericó, Antioquia, con el proyecto Quebradona y en Mocoa, Putumayo, con Libero Cobre. Sin embargo, ambos casos se han encontrado con una férrea oposición de un sector de las comunidades que teme impactos colaterales.
En Mocoa la población está dividida: unos consideran que no se debe permitir por posibles riesgos para el agua y la biodiversidad. Otros creen que puede generar empleo y movilizar la economía en una región marginada. El proyecto se ha encontrado con la oposición de la autoridad ambiental de la región, Corpoamazonía, que pidió suspender nuevas actividades mineras afirmando que existe fragilidad ecológica y que los ecosistemas pueden sufrir daños irreversibles a los ecosistemas de Mocoa.
A pesar de eso, Baptiste ha defendido su continuidad e incluso ha ido a esas regiones a acompañar a las empresas mineras. La Universidad EAN fue contratada por Libero Cobre para realizar una cartografía social para entender la relación de las comunidades con el territorio y sus posturas frente al proyecto minero.
“Además de conocer cómo estaba el territorio, queremos saber qué sugerencias hay desde la academia para mejorar nuestra gestión ambiental y social”, le dijo a La Silla Vacía Thyana Álvarez, presidente de Libero Cobre. “Brigitte ha sido fundamental por su capacidad de sacar el debate de la polarización y llevarlo a un terreno más informado y honesto. Como ella dice, el dato mata al relato”, agrega.
La participación de Baptiste ha sido cuestionada por activistas ambientales de Putumayo, que consideran que no está teniendo en cuenta efectos intrínsecos a la actividad minera y que está desconociendo las dinámicas propias de la región.
“Minería, legal o ilegal, sigue siendo minería”, dice Solanyi Ordóñez, activista de la organización Juntanza Alto Putumayo. “Tiene un impacto tanto en el tejido social, desde que llega la empresa a instaurarse, hasta la extracción y la explotación, donde el impacto al ecosistema ya es directo”, agrega. En Mocoa, por ejemplo, hay divisiones entre las comunidades indígenas.
El resguardo Condagua está en una de las zonas de influencia, ya avaló el proceso de consulta previa, pero la organización Ozip, que agrupa a 15 pueblos de la Amazonía, ha expresado que el proyecto es contrario a la cosmovisión indígena y a su defensa del territorio. Creen que las acciones de la minera para apoyar obras u otras actividades en algunas comunidades ha resquebrajado esa unidad indígena.
“Las petroleras llegaron a Putumayo, a Puerto Asís, a Puerto Guzmán y a Puerto Limón y ahora nadie responde por los derrames. Le pregunto a Brigitte: ¿dónde están los colegios, los hospitales y las carreteras? No ha pasado con el petróleo en 60 años y no va a pasar con el cobre”, dice Juliana Rincón Flórez, geógrafa y miembro de la organización Guardianas del Agua de Putumayo.
Ambas lideresas coinciden en que para que haya minería debe haber aceptación histórica, algo que no ocurre en Mocoa, y hacen énfasis en la importancia particular del piedemonte amazónico como puente entre las llanuras amazónicas y Los Andes, y su rol en los ríos voladores. “Es un ecosistema muy frágil y las actividades mineras lo exponen a muchos riesgos”, agrega Ordóñez.
Razones similares se repiten en Jericó, donde la multinacional Anglogold Ashanti busca oro y cobre con su proyecto Quebradona, lo que ha causado divisiones en sus habitantes e incluso procesos judiciales contra opositores del proyecto. Baptiste también ha participado de mesas de trabajo y lo defiende en su etapa de exploración.
“Ha develado una mirada cada vez más corporativa de lo ambiental y eso ha generado una brecha con el movimiento social y ambiental del país”, opina Sebastián Restrepo, líder ambientalista del suroeste antioqueño. “Se ha vuelto una voz útil para los procesos extractivos porque ofrece una capacidad técnica para mejorar procesos ambientales y de compensación, pero sobre todo es una voz con mucho renombre”.
Restrepo dice que la minería legal no es un antídoto para la ilegal. Pone como ejemplo a Buriticá, Antioquia, donde grupos armados han disputado el control de una mina concesionada a la empresa china Zijin. “Cuando se abre un enclave extractivo, la institucionalidad y las economías ilegales permiten la entrada de grupos ilegales que también pretenden lucrarse de sus recursos”, opina.
En su nuevo cargo en la junta directiva de Aris Mining, Baptiste tendrá que lidiar con varias tensiones sociales. El año pasado la empresa enfrentó un paro minero en Caldas, pues algunos de los pobladores de la zona argumentan que la empresa “los está dejando sin territorio”. Tras la protesta, Aris Mining decidió ceder 81 títulos a pequeños mineros de la zona. Dicha empresa también es dueña del proyecto minero Soto Norte, que también enfrenta una oposición del Comité Santurbán, que alega posibles afectaciones al páramo.
Sobre los reparos, Baptiste responde que no considera que trabajar con el sector minero signifique legitimar sus acciones. “Yo también puedo trabajar con comunidades y eso necesariamente no significa que esté legitimando su perspectiva” explica.
Recalca la importancia de contar con datos suficientes para evitar confrontaciones entre inversionistas y comunidades locales. “Es triste que nos estemos matando por impactos hipotéticos que no se han podido medir, porque a veces ni siquiera dejamos que se tomen los datos básicos”, continúa. Pone como ejemplo el caso de Jericó, donde 11 campesinos se enfrentan a cargos judiciales por impedir las actividades de Quebradona.
También argumenta que, si bien la minería tiene impactos intrínsecos, no es adecuado descartarla a priori. “No sería justo que las voces que consideran que la minería puede contribuir al desarrollo local no sean consideradas de manera equitativa frente a las de aquellas personas que por razones, no necesariamente explícitas o verificables, no quieren hacerla”, dijo.
Pero en lo que sí le da la razón a los ambientalistas es en la compleja relación entre la legalidad y la ilegalidad cuando se trata de la minería: “Es cierto que las fronteras entre lo legal y lo ilegal no necesariamente son tan claras, cuando Colombia tiene un Código Minero tan antiguo y ambiguo en establecer derechos o responsabilidades. Los actores ilegales, los actores informales y algunas empresas se aprovechan”.
Los retos académicos y éticos de la relación entre minería y ambiente
La Silla Vacía consultó a varias organizaciones y expertos en el sector ambiental, pero pocos se animaron a dar su opinión aduciendo que era un tema “sensible” o que no tenían conocimiento directo. Sin embargo, hay quienes cuestionan los enfoques éticos y académicos con que se aborda el tema.
“Si hablan de un diálogo academia-empresa, espero ver a los grandes teóricos en temas de minería en Colombia, y no a Brigitte legitimando lo que hacen las empresas”, dice María José Nieto, geóloga con maestría en Geografía con más de 20 años de experiencia trabajando con empresas mineras en procesos de exploración. “Si las empresas tratan a las comunidades como personas supersticiosas y con perspectivas cerradas, se nos van a quedar los proyectos atascados”, agrega.
Nieto considera que mientras las empresas no le den a los asuntos de ‘sostenibilidad’ la misma relevancia histórica que han tenido otras áreas como la geología: “soy escéptica de que se vayan a poder sacar adelante los factores sociales y ambientales que se requieren para poder mover los proyectos”, agrega.
Sobre este punto, Baptiste afirma que su amplia experiencia con comunidades le dan la sensibilidad y conocimiento necesario para abordar procesos comunitarios y sociales.
Los actores de la industria minera defienden su cercanía con la academia como estrategia para mejorar sus procesos y ven en Brigitte uno de los referentes para hacerlo.
“La participación de terceros independientes aporta legitimidad, transparencia y rigurosidad metodológica. Es la manera adecuada para garantizar que la información se analice de forma objetiva y se explique de manera pedagógica, fortaleciendo la confianza y la comprensión pública sobre los impactos y beneficios de la minería”, dice la ACM.
“Estamos hablando de una persona con mucho conocimiento e influencia, no se va a dejar utilizar ni va a legitimar algo que no se esté haciendo de la mejor manera”, dice Thyana Álvarez, de Libero Cobre. “Las empresas que nos acercamos a la academia no buscamos legitimar las prácticas, sino mejorarlas”, agrega. Álvarez le contó a La Silla que también han hecho contratos con otras universidades como la Nacional, la del Cauca y la de Nariño.
Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente y otra de las voces más respetadas del país en medioambiente, no se refirió directamente al caso de Baptiste al no conocer sus motivaciones. Pero habló de su experiencia personal, pues ha tenido propuestas similares.
“Inevitablemente uno va a estar en un conflicto complicado en la junta directiva porque ninguna minera va a renunciar a hacer un proyecto minero por el hecho de que tenga drenajes ácidos e infortunadamente la ley no es fuerte para detenerlos”, afirma Becerra. “Son muy buenos salarios, pero en su momento no acepté porque entendí que era una forma de greenwashing, podrían usar mi nombre para dar seguridad de que las cosas se están haciendo bien”, agregó.
Baptiste transgrede las miradas tradicionales de lo ambiental para defender una industria antigua, con la promesa de modernizarla. Está dispuesta a responsabilizarse si su jugada sale mal y a dar un paso al costado en la junta si no gana la pelea.