LaLibertad – A ocho años de la avalancha, 909 familias siguen sin vivienda mientras contratistas y exfuncionarios acumulan contratos, sobrecostos y señalamientos de corrupción que permanecen impunes.
La reconstrucción de Mocoa se ha convertido en el espejo más crudo de la corrupción estructural en Colombia. Ocho años después de la avalancha que dejó 327 muertos y casi ocho mil víctimas, más de 909 familias siguen sin vivienda mientras los contratos, sobrecostos e irregularidades se apilan en expedientes que avanzan al ritmo de la impunidad.
El reciente escándalo revela que la estafa de los carrotanques en La Guajira es casi un episodio menor comparado con lo ocurrido en esta ciudad del Putumayo. El entramado incluye a la UNGRD, contratistas con nexos políticos, manipulaciones en procesos de licitación y obras con avances que en algunos casos no superan el 5% después de casi una década.
En el centro de la polémica aparece Carlos Arturo Cedeño Cuéllar, arquitecto y dueño de Apex LLC, yerno de Arnulfo Gasca Trujillo, exgobernador de Caquetá y figura polémica por viejas investigaciones relacionadas con narcotráfico. Aunque Gasca nunca fue condenado, su círculo político y familiar ha conseguido millonarias adjudicaciones en distintos proyectos financiados por el Estado.
El caso Mocoa es un ejemplo de cómo se transforma una tragedia en un negocio. El proyecto Sauces II, destinado a entregar viviendas a las familias damnificadas, recibió inversiones que superan el billón de pesos, pero su avance real es mínimo. En 2021 apenas alcanzaba el 0,63%, y para 2023 solo llegaba al 5%. Mientras tanto, el Estado ha desembolsado millones en subsidios de arriendo que debían durar 15 meses y que hoy llevan casi 100 meses, acumulando un daño fiscal de más de $5.748 millones, según la Contraloría.
El Convenio Interadministrativo 9677 PPAL001-217-2017, firmado entre la UNGRD y el Consorcio Mocoa 2019, nunca cumplió los plazos. Las explicaciones oficiales incluyen la pandemia, trámites ambientales interminables y condiciones técnicas adversas. Pero detrás de estas excusas, la Contraloría ha documentado un patrón de sobrecostos, modificaciones irregulares, retrasos injustificados y direccionamiento de contratos.
En paralelo, la Procuraduría investiga irregularidades por más de $185 mil millones, en contratos que involucran a exdirectores de la UNGRD como Olmedo López, Eduardo José González, y a exfuncionarios como Alethia Carolina Arango, señalados de haber firmado convenios superiores a medio billón de pesos. El exasesor jurídico Pedro Rodríguez, hoy testigo, describe un sistema en el que las licitaciones eran diseñadas para favorecer a contratistas previamente seleccionados, con colusión entre oferentes y evaluaciones amañadas.
La evidencia más contundente apareció en la licitación para el Centro Administrativo Municipal: dos propuestas distintas con metadata idéntica, provenientes del mismo computador. En cualquier país sería prueba de colusión. En Colombia, en cambio, fue un detalle que pasó por alto mientras el contrato avanzaba.
El desastre se agrava con las obras que sí se entregaron. Las 300 casas de Sauces I, inauguradas en 2018, presentan fallas estructurales y acabados inconclusos. El obispo de Mocoa, Luis Albeiro Maldonado, terminó invirtiendo entre 14 y 16 millones de pesos en 50 viviendas para hacerlas habitables. “Algunas no estaban razonablemente para vivir”, dijo, aunque para los contratistas sí estaban razonablemente terminadas para cobrar.
Lo que está ocurriendo en Mocoa no es una anomalía: es la confirmación de un sistema en el que las emergencias se convierten en oportunidades de negocio para quienes están conectados al poder. Un sistema donde las investigaciones avanzan lentamente, las condenas casi nunca llegan y los contratos siguen fluyendo hacia las mismas manos.
Mientras tanto, las familias que sobrevivieron a la avalancha siguen sin casa. El presupuesto que debía reconstruir sus vidas hoy es un entramado de hallazgos fiscales, irregularidades contractuales y obras inconclusas. La reconstrucción prometida se volvió una reconstrucción fantasma: un proyecto que existe más en los discursos oficiales que en el territorio.
Mocoa no solo carga con los escombros de la tragedia de 2017. Carga con el peso de una verdad incómoda: en Colombia, la corrupción no falla. La corrupción funciona. Y mientras no se rompa ese ciclo, la pregunta dejará de ser quién robó. La pregunta será: ¿hasta cuándo seguiremos permitiendo que nos roben?