El proyecto se tramitó sin contar con estudios serios de conveniencia y de oportunidad, y sin los permisos y licencias de ley.
Ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, en función de control de garantías, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador de Putumayo, Jimmy Harold Díaz Burbano, como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Las evidencias dan cuenta de que estaría involucrado en las irregularidades detectadas en un contrato suscrito el 16 de diciembre de 2015, por más de 7.838 millones de pesos, que tenía como propósito la intervención general del parque Santander, en el centro de Mocoa (Putumayo).
Inicialmente, el exgobernador presentó ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) Regional Sur el proyecto para financiar las obras con recursos de regalías, sin contar con la licencia de construcción y los permisos ambientales, en medio del rechazo generalizado de la comunidad, y desatendiendo los conceptos negativos de viabilidad emitidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Vivienda.
Finalmente, el contrato fue celebrado. Se dispuso la demolición de 4.308 metros cuadrados de placas de piso y la tala de árboles, afectando el hábitat de la fauna silvestre, para la construcción de un parqueadero, vías y otras obras previstas. Esto se habría planteado sin estudios serios de conveniencia y oportunidad, en el entendido de que los componentes técnicos, jurídicos, ambientales y administrativos estaban incompletos.
Adicionalmente, se conoció que para avanzar en la iniciativa fue modificado el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Mocoa, sin tener en cuenta que el parque era bien cultural y patrimonial del municipio por lo que no podía ser objeto de cambios en el uso del suelo.