“No importa que los señores de Bogotá no lo quieran. Si usted es capaz de plantear una salida para que la selva amazónica empiece a revitalizarse, usted será un héroe en el mundo”, le dijo el presidente Gustavo Petro a Wálter Mendoza, líder negociador de las disidencias de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), durante su discurso en Puerto Asís. Lo repitió este martes en el consejo de ministros. En ese municipio, el pasado miércoles, se llevó a cabo un acto protocolario que dio paso a la destrucción de 14 toneladas de explosivos y otros materiales bélicos.
Ese grupo tiene un brazo armado en Nariño y otro en Putumayo, los Comandos de la Frontera, donde son casi hegemónicos. Putumayo, en la última década, fue el departamento 100% amazónico con la tasa sostenida más alta de deforestación, ligada principalmente a los cultivos de coca, una actividad económica de la que se lucran y que promueven los grupos armados.
Aunque el presidente quiere darle a la mesa un impulso al plantearla como una solución a la devastación de la Amazonía, hasta ahora el tema ambiental ha sido marginal en las negociaciones. Aún no se vislumbran acuerdos para que el grupo deje a un lado rentas como el narcotráfico y la minería de oro, que atentan contra ese objetivo.
Petro quiere reverdecer la mesa con los Comandos de la Frontera
“Estamos en el punto más vulnerable para la existencia de la selva amazónica, que es el pulmón de la humanidad. Y se puede destruir si aquí hay guerra”, fue una de las frases de Petro en su discurso. Haciendo eco de eso en el consejo de ministros instó a los Comandos a dejar de sembrar y comercializar coca, de ser “obreros del narcotráfico mundial”. Y darse en cuenta del lugar que podrían ocupar cuidando de la Amazonía.
“Eso le dije a ‘Calarcá’”, continuó, refiriéndose al líder de otras disidencias de las Farc que también están en negociaciones.
Desde finales de 2022, hasta mediados de 2024, Putumayo vivió una crisis en el precio y la venta de la coca. Aunque las razones aún no son claras, el punto es que los Comandos de la Frontera dejaron de comprarle coca a los campesinos.
Ante la sobreoferta, se estancaron los cultivos entre abril y agosto de 2023, luego de que en los dos años anteriores hubieran crecido en un 70 por ciento. Y eso coincidió con una caída de la deforestación en Putumayo contraria a la tendencia nacional. En el último trimestre de 2023, se talaron allá 1976 hectáreas menos con respecto al mismo período de 2022.
Aunque en otros departamentos, las disidencias de “Calarcá” y “Mordisco”, con sus órdenes de talar o suspender la tala al vaivén de las mesas de diálogo con el gobierno, explican en buena medida la bajada y subida de la deforestación, en Putumayo ese fenómeno está influenciado por el rol que tienen los Comandos impulsando el negocio del narcotráfico, como lo muestran las cifras anteriores.
Uno de los temas de la agenda ha sido, precisamente, la sustitución de cultivos de uso ilícito, que requiere el beneplácito de ese grupo armado. Lo último que se planteó fue un piloto de 15 mil hectáreas en Putumayo y 15 mil en Nariño que ha avanzado lento.
Pero el tema ambiental ha sido marginal en la mesa, pese al llamado del presidente Petro. “Hay una propuesta de iniciar de manera acelerada un proceso de restauración de selva nativa destruida por los cultivos ilegales. Tendremos que concretarlo rápidamente”, dijo Armando Novoa, el jefe de la delegación del gobierno. Aún no hay metas ni detalles concretos.
La disidencia, por su parte, dice estar dispuesta a aportar a la conservación. “La propuesta es reconstruir bosques, humedales y ríos. Cesar con el envenenamiento de la selva. Nosotros le insistimos a las comunidades que hay que empezar a moderar la tala de bosques y hacer viveros para su reconstrucción”, dice Walter Mendoza, su líder negociador.
Jorge Mantilla, politólogo y experto en seguridad, considera que no es claro hasta qué punto los Comandos tienen el control del comportamiento de la deforestación, aunque sí tienen control territorial y por esa vía inciden en el ordenamiento de la región.
El problema, dice, es que la correlación de la fuerza no pone al gobierno en una posición cómoda que le permita negociar bajo sus propios términos: “Estamos en un momento muy difícil por el debilitamiento operacional de la Fuerza Pública, la tendencia creciente de las asonadas y por ser Putumayo un enclave cocalero”. En septiembre hubo una asonada en la que civiles, presionados por los Comandos, prendieron fuego a dos miembros del Ejército.
La idea de convertir a los Comandos en “héroes” de la Amazonía suena bien, pero los incentivos para dejar las armas y apostar por alternativas sostenibles no son claros.
“Han demostrado que no les interesa la conservación. Controlan el tráfico de drogas y convertirlos en otra cosa no es automático. Ellos no le van a jugar a eso”, opina Roberto León Gómez, máster en Economía del Medio Ambiente y con una amplia experiencia en trabajo territorial en la Amazonía. “No van a querer perder plata y control político. Con el volumen del mercado de coca y los precios del oro, eso es una posibilidad poco realista”, agrega.
Como lo dijo la exministra Susana Muhamad, en la entrega del informe preliminar de la deforestación en 2024, donde más se deforestó ese año es donde las mesas de paz estaban vigentes. Ese año, ya superada la crisis de la coca, el Putumayo fue uno de los cuatro departamentos más deforestados del país, con un aumento de 5 mil hectáreas.
Para Francisco Daza, coordinador de la línea de Paz y DDHH de la Fundación Paz y Reconciliación, la posibilidad de que la mesa tenga algún efecto en materia ambiental podría darse si esta sirve como plataforma de iniciativas ambientales de la sociedad civil que ya existen. “No sé si una presión de la sociedad civil en la agenda ambiental pueda hacer eco en el grupo, para darle más peso a la hora de negociar. Pero, en principio, debería ser más valorada la voz de la sociedad civil que ya trabaja por el medioambiente en esos departamentos”, agrega.
En Putumayo ha ganado relevancia un movimiento ambientalista antiminero, que busca evitar la minería de cobre a gran escala en Mocoa. Sus representantes estuvieron presentes en el evento de Puerto Asís, con pancartas y arengas en contra de la minera Libero Cobre.
En diferentes momentos también ha habido movilizaciones que cuestionan la actividad petrolera y promueven modalidades de conservación como reservas naturales y Zonas de Reserva Campesina. Sin embargo, los Comandos han sido señalados de presionar y desarticular dichas manifestaciones, por lo que por esa vía tampoco hay muchas expectativas de avanzar.
Pese a que los frutos de la mesa no están por el lado de la conservación de la Amazonía como el gran ecosistema del que depende la vida en el planeta, en los términos que lo ha puesto el mismo presidente Petro, la reducción de la violencia ha hecho que la gente la respalde.
Un oasis en la árida paz total
“El sur del país es hoy el norte de la paz total”, dijo en el evento Otty Patiño, el comisionado de Paz durante su intervención en Puerto Asís, el pasado miércoles. Se refería a que en Putumayo y Nariño es donde el gobierno ha logrado acuerdos parciales con grupos armados. En este último, también hubo una destrucción de dos toneladas de material bélico del grupo Comuneros del Sur, en abril.
Dentro del material entregado por la Coordinadora hay bombas y morteros, más de 15 mil unidades de munición, 600 minas y artefactos improvisados como rampas, cañones y cordones detonantes. Durante lo que queda del mes se destruirá el material paulatinamente. Además de la destrucción, se están definiendo los protocolos para implementar dos Zonas de Ubicación Territorial donde se ubicarán 120 combatientes y se espera que de aquí a marzo se congreguen más de 1.000.
“Es la mesa más avanzada de la paz total. Es un primer acto concreto, específico y verificable hacia una disminución de la violencia y una eventual entrega de armas. Además, el anuncio de las zonas de ubicación es un avance positivo”, dice el experto Mantilla.
- Comandos de Frontera llevaron el material a zonas acordads.
- Agentes antiexplosivos verificaron el material para destruirlo.
- El material fue detonado.
Desde mediados de 2024, los de la Coordinadora declararon cese unilateral del fuego y se mantuvieron en la mesa incluso después de la captura de su cabecilla Geovany Rojas, alias “Araña”, durante un ciclo de diálogos en Bogotá. Esto ocurrió porque el gobierno no tiene aún un marco legal que blinde las negociaciones ni que habilite la reincorporación de los integrantes de los grupos. “Araña” está recluido en La Picota, a la espera de una decisión sobre su extradición. Se conectó al evento desde allá y Petro, haciéndole un “guiño”, dijo que no habría extradición si el proceso estaba avanzado. Ese claramente es un incentivo para mantenerse en los diálogos
En Putumayo la violencia ha bajado y los promotores de la mesa lo ven como uno de sus logros. Según la Gobernación, los delitos se han reducido en un 11 por ciento en el último año, mientras que del segundo al tercer año de Petro —contado de agosto a junio de cada período—, los homicidios se redujeron en un 50 por ciento. Esto contrasta con el Guaviare, donde las disputas entre Mordisco y Calarcá lo convirtieron en el departamento con la tasa más alta de homicidios en el país en ese tiempo.
“En los últimos meses, se ha bajado el conflicto y hay mucha esperanza de las comunidades. Eso les permite trabajar más tranquilamente en sus parcelas, sobre todo en la zona rural”, dice Éder Sánchez, directivo de la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc). “Es un gran beneficio, así no se visibilice a nivel nacional”, agrega.
Pero, aún no es claro si la disminución puede mantenerse en el tiempo o es algo temporal sujeto a las dinámicas del conflicto, y, específicamente, al hecho de que los Comandos de la Frontera se impusieron a otros grupos como el Frente Carolina Ramírez, de las disidencias de “Iván Mordisco”, y por ende no hay confrontación actualmente entre grupos.
“La pregunta es si hay una disminución de violencia como parte de un proceso de tránsito hacia una dejación de armas o un escenario de negociación en el que Comandos de la Frontera va a salir fortalecido, por lo que están haciendo incluso más allá de las fronteras amazónicas”, dice Mantilla.
Francisco Daza, de Pares, complementa, “Sí hay una disminución gracias a la mesa porque tienen que mostrar que hay desescalamiento, pero el grupo tiene el control y puede aumentar o disminuir la violencia en razón de sus necesidades de negociación.
A pesar de los indicadores positivos, durante los últimos dos años se han documentado amenazas y trabajos forzosos. En Puerto Leguízamo, por ejemplo, los Comandos de la Frontera citan a los pobladores a territorio peruano para sancionarlos y amenazarlos, sin ser perseguidos por las autoridades colombianas. También hubo denuncias por posibles presiones de ese grupo a los electores durante las últimas elecciones a la Gobernación en Putumayo.
“Si el grupo se ha fortalecido no es por la mesa, es porque hay otras autoridades del Estado que no cumplen adecuadamente su papel porque nuestra mesa no tiene cese al fuego bilateral”, dice Armando Novoa, jefe negociador.
La mesa del Putumayo avanza a un ritmo mayor que las demás. Sin embargo, los diez meses que queden parecen poco tiempo para la ambición del gobierno de lograr una paz “verde” en la Amazonía colombiana.