Las2Orillas – El exasesor de la unidad de UGNRD, Pedro Rodríguez, lo compromete con mayores señalamientos de un contrato de licores en Nariño que está activo hace 8 años
Durante ocho años, Camilo Romero Galeano ha sobrellevado la dura carga de un proceso penal que en octubre próximo lo llevará a juicio. Mientras tanto, cumplió su gestión como gobernador de Nariño, la misión diplomática como embajador de Colombia en Argentina y consiguió ponerse en el partido de la competencia por la presidencia de la República en 2026.
Es hábil comunicador social y en 2017, cuando explotó la crisis por la posible comercialización ilegal de los licores en su departamento, convenció a sus gobernadores de que se trataba de un ataque perverso contra su modelo de “gobierno abierto”, único en la administración pública colombiana. Así lo sugerían las encuestas que lo situaban como uno de los tres gobernadores con mayor popularidad en el país.
El 27 de abril de ese año, una comisión especial del CTI llegó por sorpresa a la sede del Palacio de Gobierno de Nariño. Los agentes ordenaron a los funcionarios que trabajaban a esa hora suspender el uso de sus computadores y embalaron en bolsas de seguridad documentos, ordenadores, discos duros. Allí mismo, comenzaron a recibir testimonios de todos aquellos que hubieran tenido que ver con el trámite de uno de los mayores contratos suscritos por la administración para la comercialización de licores.
Luego de comprobar que el empresario Richard Portilla hacía parte de la lista de financiadores de la campaña que en 2015 llevó a Romero a la gobernación, los investigadores querían verificar si el gobernador cambió las condiciones para la operación de un contrato para la comercialización de licores para adjudicarle a él un contrato por $18.000 millones con ese propósito.
«Yo recibí a la comisión y al final enteré por alguno de los funcionarios que el gobernador y yo éramos los indiciados porque yo firmé el contrato en condición de gobernador encargado», recuerda el entonces secretario de Hacienda, Mario Benavides.
El gobernador Romero no se encontraba allí en el momento de la diligencia judicial que los medios presentaron como un allanamiento, pero cuando se enteró viajó de inmediato a Bogotá para presentarse ante la Fiscalía y para denunciar que se trataba de una violación a su fuero como mandatario y la inmunidad natural de una sede del gobierno.
El proceso ha resultado accidentado y dilatado. Cuando su abogado de confianza dejó de asistir a algunas diligencias, la justicia le designó una defensora pública de oficio, aunque las decisiones de fondo se demorarían en llegar. Cuando terminó su periodo Romero, con origen en el partido verde, se aproximó a la campaña de Gustavo Petro y fue uno de los principales impulsores de la coalición que le garantizó el triunfo al actual presidente de la República.
El testigo que se volvió en su contra
Pedro Andrés Rodríguez Melo, uno de los amigos más cercanos al exgobernador y exembajador se volvió en su contra. Romero lo había recomendado para el cargo de asesor de la dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo cuando Olmedo López era cabeza de la entidad.
Cuando Rodríguez Melo se vio envuelto en el escándalo que estalló cuando se supo que la Unidad era la “caja” para pagar sobornos a congresistas a cambio de apoyo a los proyectos del gobierno, pidió acogerse a un esquema de colaboración.
Desde entonces no solo ha dicho que Romero fue quien lo llevó al cargo, en desarrollo de un posible tráfico de influencias, sino que puede ayudar con pruebas dentro del proceso por cado de los licores. Según él, la adjudicación del negocio le fue garantizado, en efecto, a Portilla como parte de un compromiso adquirido con él para recompensarlo por haber ayudado a la campaña durante la campaña de Romero con dinero y aportes en especie.
En términos del testigo, se estructuró un esquema de manipulación normativa y administrativa que permitió direccionar la adjudicación en favor de Portilla, representante de la Organización de Licores de Nariño S.A.S. El negocio era importante porque incluía la comercialización de 80.000 cajas de licor, en perjuicio de otros proponentes que cumplían mejor los requisitos. De hecho, el proceso de selección, obligatorio por ley, fue abolido.
Los cargos contra Romero son los de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y asociación para la comisión de un delito.
En este proceso también está siendo investigado Mario Fernando Benavides Jiménez, gobernador encargado de Nariño que atendió la diligencia. Las audiencias del juicio están programadas para el 20, 21, 22 y 23 de octubre de 2025.
El juzgamiento podría coincidir con la vinculación de Romero en el caso de la Unidad de Gestión de riesgo, donde su presunto recomendado Rodríguez Melo habría recibido $1.000 millones como especie de comisión dentro del círculo de pagos de coimas.
Rodríguez Melo busca que le sean retirados algunos delitos a cambio de su colaboración y ha aceptado pagar cuatro años de prisión.
El exgobernador defiende a toda costa su inocencia y asegura que desde las sombras de la ignominia hay quienes mueven los hilos de una trama para frustrar su presente y su futuro político.