MinAmbiente impone «zona de protección» sin consulta : viola derechos y condena el 42% del país

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​Por Carlos Mauro Rosero, Periodista de la Colombia profunda.

​𝐌𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐥𝐚 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧𝐢́𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐦𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐜𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐚, el Ministerio de Ambiente responde con un mapa trazado desde Bogotá y un 𝐏𝐃𝐅 de 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 que ignora a millones de personas. 𝐄𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐫 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟒𝟐 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐡𝐞𝐜𝐭𝐚́𝐫𝐞𝐚𝐬 como “𝐀́𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐑𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧𝐢́𝐚” (𝐕𝐏𝐍𝐀), abarcando el 42% del territorio continental colombiano, incluyendo el 100% de 𝐏𝐮𝐭𝐮𝐦𝐚𝐲𝐨, 𝐂𝐚𝐪𝐮𝐞𝐭𝐚́, 𝐆𝐮𝐚𝐯𝐢𝐚𝐫𝐞, 𝐆𝐮𝐚𝐢𝐧𝐢́𝐚, 𝐕𝐚𝐮𝐩𝐞́𝐬 𝐲 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐲 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐞𝐭𝐚 𝐲 𝐕𝐢𝐜𝐡𝐚𝐝𝐚.

​Aunque se presenta como un hito climático, esta medida ignora la realidad socioeconómica de millones de habitantes de la Colombia profunda. Ha sido redactada sin participación de los gobiernos locales, sin consulta previa a comunidades étnicas, y sin un plan real de transición productiva. ¿El resultado? Una imposición que criminaliza la economía legal, ignora la ilegalidad y amenaza la viabilidad misma de los territorios amazónicos.

❌ 𝐒𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚, 𝐬𝐢𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐬𝐢𝐧 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥


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@MinAmbienteCo​ el proyecto fue construido en Bogotá, sin concertación con 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚𝐬, 𝐠𝐨𝐛𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬. Esto viola el derecho fundamental a la participación ambiental consagrado en la 𝐋𝐞𝐲 99 de 1993, el 𝐀𝐜𝐮𝐞𝐫𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐜𝐚𝐳𝐮́ 𝐲 𝐦𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥, entre ellas la T-576 de 2014 y la C-449 de 2015.

​𝐌𝐚́𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐚𝐮́𝐧, 𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐦𝐩𝐥𝐚 𝐮𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨́𝐦𝐢𝐜𝐚. No hay cronogramas, líneas presupuestales ni alternativas claras. 𝐒𝐞 𝐞𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞𝐬 —como proyectos agroforestales, de infraestructura o mineroenergéticos con licencia— sin ofrecer caminos para una economía sostenible. El costo social y humano de esta decisión lo pagarán las regiones más marginadas del país.

⚠️ 𝐂𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚 𝐥𝐨 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥, 𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐚 𝐥𝐨 𝐢𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥

​Según informes del 𝐈𝐃𝐄𝐀𝐌, la Contraloría General y la Fiscalía, las causas reales de la deforestación amazónica son:


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🔴 𝐆𝐚𝐧𝐚𝐝𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐞𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐧𝐨 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚

🔴 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐬𝐨 𝐢𝐥𝐢́𝐜𝐢𝐭𝐨

🔴 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐢𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬

🔴 𝐓𝐚𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐬𝐨𝐬

🔴 Acaparamiento ilegal de tierras públicas

​En contraste, las actividades con licencia ambiental y vigilancia institucional han demostrado aportar al monitoreo, la restauración y el control forestal. Las empresas responsables han implementado reforestación, reciclaje, vigilancia ambiental comunitaria y tecnología de punta para minimizar impactos. Eliminar lo legal y dejar lo ilegal impune es abrirle la puerta al crimen ambiental y al control territorial por parte de las economías ilícitas.

🛑 𝐔𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐥𝐯𝐚 𝐬𝐢𝐧 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐨 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐥𝐯𝐚 𝐦𝐚́𝐬 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞

​En departamentos donde más del 70% del empleo es informal, esta resolución anula las pocas fuentes de ingreso estables y fiscalmente registradas. La cadena productiva en la 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧𝐢́𝐚 —𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐟𝐥𝐮𝐯𝐢𝐚𝐥, 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞́𝐭𝐢𝐜𝐨𝐬, 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨𝐬 𝐚𝐠𝐫𝐢́𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬, 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐨 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥— 𝐬𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐡𝐨𝐲 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢́𝐚𝐧 𝐞𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐞𝐦𝐩𝐥𝐚𝐳𝐨.

​¿𝐐𝐮𝐢𝐞́𝐧 𝐜𝐮𝐛𝐫𝐢𝐫𝐚́ 𝐞𝐬𝐚 𝐛𝐫𝐞𝐜𝐡𝐚? La minería ilegal, el narcotráfico, los cultivos ilícitos y el reclutamiento armado, que ya acechan estas zonas. Esta resolución no es conservación; es un modelo de desplazamiento forzado institucionalizado.

​𝐋𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨́𝐧 y 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥

​𝐃𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐞𝐥 𝐏𝐮𝐭𝐮𝐦𝐚𝐲𝐨, 𝐂𝐚𝐪𝐮𝐞𝐭𝐚́, 𝐆𝐮𝐚𝐯𝐢𝐚𝐫𝐞, 𝐕𝐚𝐮𝐩𝐞́𝐬, 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐲 𝐆𝐮𝐚𝐢𝐧𝐢́𝐚, 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐞𝐬𝐢𝐧𝐚𝐬, 𝐞́𝐭𝐧𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐲 𝐚𝐟𝐫𝐨𝐬, 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐞𝐧:

1. Suspensión inmediata del Proyecto de Resolución 𝐕𝐏𝐍𝐀, hasta garantizar consulta previa, libre e informada.

2. Instalación de mesas territoriales de diálogo, con gobiernos departamentales, comunidades, academia y sector productivo legal.

3. Diseño y financiación de un plan de transición productiva, basado en bioeconomía, agroindustria, ciencia, innovación y empleo digno.

4. Respeto por las actividades legales y sostenibles ya existentes, que cuentan con licencia y responsabilidad ambiental comprobada.

5. Revisión integral del acto administrativo, que garantice la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, conforme a la Constitución y a los principios de derecho.

​𝐋𝐚 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧𝐢́𝐚 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨

​ 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐏𝐃𝐅 𝐧𝐢 𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐩𝐚. Es una decisión colectiva que requiere:

• 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚

• 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐧𝐟𝐨𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥

• 𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐞𝐬

• 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐲 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐚

​Proteger la Amazonía sin proteger a su gente es una utopía que terminará fortaleciendo las economías ilegales.

​𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚 𝐡𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐬𝐢𝐚𝐝𝐨. Este es el momento de exigir que la transición ecológica sea con nosotros, no contra nosotros.

𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 👇

https://www.minambiente.gov.co/en-consulta-resolucion…


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