Bogotá, 03 septiembre de 2025 — El lunes 1º de septiembre, el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República el articulado del proyecto de la Ley de Financiamiento, que incluye ajustes sustanciales al impuesto nacional al carbono y, en particular, a la figura de la no causación del impuesto. Desde ASOCARBONO vemos con preocupación estos cambios, pues representan un retroceso en los objetivos de reducción de emisiones y en la consolidación de un mercado de carbono eficiente, transparente y con beneficios para la acción climática.
Los objetivos que propone el proyecto de ley son:
- Aumentar recursos para el financiamiento de gastos
- Contribuir a la convergencia del país a políticas más efectivas en la lucha contra el cambio climático
El proyecto de ley reduce la no causación del impuesto del 50% al 30% y se justifica en la sentencia T248 de 2024 de la Corte Constitucional y la falta de consulta previa a las comunidades para redireccionar la inversión a otros sectores diferentes a los usos del suelo. Todo desde el presupuesto de la nación.
Esta reducción implica que sectores productivos que hoy compensan sus emisiones mediante proyectos de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero perderán esta alternativa y se verán obligados a pagar el tributo. Este enfoque puede ser percibido por la opinión pública únicamente como un aumento en la tarifa del impuesto —que pasaría de $23.000 pesos a $ 42.609 pesos por tonelada de CO₂ desde 2026, con incrementos progresivos—, pero el verdadero impacto está en que se elimina la posibilidad de reducir emisiones de manera costo-eficiente. Se reemplaza así un mecanismo que incentiva la acción climática directa con comunidades, territorios y proyectos, por un recaudo fiscal que no garantiza un beneficio ambiental equivalente.
Colombia venía avanzando en la construcción de un mercado robusto: entre 2010 y junio de 2025, los proyectos del mercado de carbono han reducido más de 248millones de toneladas de CO₂ equivalente. En el caso de los proyectos REDD+, estos han evitado la pérdida de aproximadamente 327 mil hectáreas de bosque, con un promedio anual de 23.000 hectáreas preservadas. En total, estas iniciativas abarcan más de 21 millones de hectáreas, que equivalen al 18% del territorio continental del país y al 36,2% de sus bosques naturales.
Además de su impacto ambiental, los proyectos tienen, como titulares, a 110 organizaciones locales, entre ellas 5 AATIS (Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas del Amazonas), 55 resguardos indígenas y 50 consejos comunitarios afrodescendientes, consolidando un esquema de gobernanza participativa que vincula directamente a comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas en territorios estratégicos.
Estas cifras se suman a un portafolio de más de 240 proyectos certificados en estándares internacionales, que han canalizado inversión privada por cientos de millones de dólares en la última década, generando ingresos directos para comunidades, fortaleciendo la gobernanza local y ofreciendo alternativas económicas sostenibles. La reducción de la no causación del impuesto al carbono pondría en riesgo la continuidad de estos logros y comprometería la confianza de los inversionistas.
Otro aspecto crítico es que, aunque la propuesta de Ley de Financiamiento aumenta el valor del impuesto al carbono, este incremento no se traducirá en un fortalecimiento del mercado. Actualmente existe una sobreoferta de certificados de carbono en Colombia, derivada precisamente de la reducción abrupta de la no causación aprobada en 2022. Mientras la demanda se contrajo de manera drástica, la oferta de certificados creció, generando un exceso que hoy supera los 50 millones de créditos en circulación, sin comprador. En este contexto, el alza del impuesto, acompañada de la reducción en la no causación, no estimulará la compra de créditos ni dinamizará el mercado, sino que agravará la brecha entre proyectos que producen reducciones verificadas y la capacidad de colocarlas en el país.
La discusión no puede limitarse únicamente a la tarifa del impuesto, sino al papel central que debe cumplir este instrumento en la mitigación del cambio climático. El impuesto al carbono fue concebido para enviar señales claras a la economía: desincentivar el uso de combustibles fósiles y, al mismo tiempo, permitir que los sectores productivos opten por compensar sus emisiones a través de proyectos que capturan o evitan emisiones de CO₂. Con los cambios propuestos, se desvirtúa este espíritu y se debilita el principal mecanismo de financiamiento climático con impacto real en Colombia.
Por último, la propuesta de distribución de los recursos recaudados por el impuesto incluida en el proyecto de ley, se reorientan y pasan a destinarse en un 44% al presupuesto general de la nación, desestimando las inversiones necesarias en el sector ambiental y afirmando aún más el carácter fiscalista de los cambios propuestos en la no causación del impuesto al carbono.
Consecuencias del proyecto de ley:
1. La estatización del mercado de carbono. Toda la propuesta se orienta al manejo fiscal del impuesto.
2. El fin del mercado de carbono voluntario en el país. La demanda de certificados se reduce a la mínima expresión. Será mejor pagar el impuesto y deducirlo de renta que compensarlo y generar beneficios para el desarrollo sostenible, la conservación y el combate al cambio climático.
3. Se reduce a cero la inversión privada en proyectos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero.
4. La distribución del impuesto recaudado aplica al mínimo para reducción de emisiones y el logro de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC por su sigla en inglés) a 2030, comprometidas ante las Naciones Unidas y la comunidad internacional.
Desde ASOCARBONO hacemos un llamado al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que el debate legislativo no pierda de vista la dimensión ambiental de esta discusión. La lucha contra el cambio climático requiere instrumentos robustos, consistentes y creíbles, que permitan reducir emisiones con eficiencia y que fortalezcan la confianza en los mercados de carbono, para lo cual, invitamos tener en cuenta:
- Revisar los efectos de la modificación del artículo 47 de la Ley 2277 de 2022.
- Considerar la posibilidad de restablecer al 100% o, como mínimo, ampliar el porcentaje de no causación por encima del 50%.
- Evitar una mayor limitación a la no causación del impuesto al carbono propuesto por el proyecto de ley de financiamiento.
- Fortalecer el mercado de carbono como herramienta complementaria y esencial en la lucha contra el cambio climático.
- Promover y ampliar la participación de la inversión privada en proyectos que promueven la conservación, la restauración y el desarrollo sostenible en territorios estratégicos como la Amazonía y el Pacífico, al igual que procesos de descarbonización de la economía, como un instrumento de reactivación económica y crecimiento sostenible para el país.
Colombia no puede darse el lujo de retroceder en los avances logrados en el mercado de carbono en los últimos años, ni de enviar señales de incertidumbre que frenen la acción climática y el compromiso internacional del país en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
ASOCARBONO reafirma su disposición de trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional, el Congreso, las comunidades y el sector privado para garantizar que la política fiscal y la política climática estén alineadas, y que el mercado de carbono siga siendo una oportunidad real para la acción climática y el desarrollo sostenible.