Villagarzón, Putumayo. Un grupo de ciudadanos movilizados en el municipio de Villagarzón, Putumayo, ha emitido un firme ultimátum al gobierno municipal, anunciando que bloquearán de manera definitiva las vías si se lleva a cabo una orden de desalojo de un predio que, según sus declaraciones, fue entregado simbólicamente por la Gobernación del Putumayo. Esta escalada de tensión surge tras 52 días de movilización y en medio de un persistente reclamo por compromisos gubernamentales incumplidos.
Los manifestantes, que se identifican como el «pueblo empobrecido» y «víctimas del conflicto armado» del Putumayo, reconocen ciertos «avances importantes» logrados con el gobierno durante su movilización. No obstante, insisten en que aún existen «deudas históricas» y compromisos pendientes por parte de los gobiernos nacional, departamental y municipal. Entre las demandas clave que, según ellos, no han sido cumplidas, se encuentran:
• La iniciativa «Putumayo sin peajes».
• La reconstrucción de Mocoa tras la tragedia.
• La terminación de la vía San Francisco-Mocoa.
• La campaña «fuera libero cobre», con el objetivo de proteger las montañas de la minería, que consideran una amenaza «tremenda» para la vida de los putumayenses.
El centro de la disputa actual es un predio en Villagarzón, que los movilizados han convertido en su «punto de resistencia» y que, afirman, es «uno de los logros como compromiso del gobierno nacional hacia nuestra resistencia». Según los manifestantes, este terreno les fue entregado «de manera simbólica» por la Gobernación del Putumayo a través de sus servicios administrativos. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno Municipal de Villagarzón, actuando bajo la decisión de la administración del alcalde Luis Eduardo García Franco, ha emitido una orden de desalojo, otorgando un plazo de 48 horas para que abandonen el lugar.
En respuesta a esta notificación, los movilizados han declarado contundentemente: «faltando 4 horas para las 48 horas vamos a bloquear definitivamente». Acusan a la administración municipal de una «decisión irrisoria» y de irse «en contra del pueblo que reclama justicia». Recalcan que su ocupación es simplemente para «cuidar un territorio que ya nos entregaron».
Aunque enfatizan su compromiso con la paz – «Aquí estaremos en paz y somos gente de paz» – y su búsqueda de «justicia social para que la paz un día en Colombia», también advierten con firmeza: «si la fuerza pública con la orden del gobierno municipal nos atropella, vamos a responder contundentemente. No nos van a asentar. (…) si nos provocan, entonces nos toca defendernos».
Los líderes de la movilización también han destacado la profunda desigualdad social que perciben en el país, señalando que «el 98% de los colombianos vivimos en la pobreza extrema y solo un 2% viven en la gloria de la riqueza«, y califican de «injusto» el trato que reciben quienes «reclaman un techo digno». A lo largo de su protesta, han coreado lemas como «Pueblo unido. Jamás será vencido. Hasta la victoria siempre».