Caracol – El jefe negociador habló de las gobernanzas híbridas en las regiones donde opera la Coordinadora Nacional, de lo que se está negociando, el alcance de lo que piden y las condiciones que establece el Gobierno.
En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Armando Novoa, planteó que esta organización armada no está pidiendo ley de amnistía genera ni indulto, “están aceptando un arreglo judicial con penas privativas de la libertad en los territorios donde tienen presencia”. Manifestó que la Coordinadora Nacional, que estaba en la Segunda Marquetalia, decide seguir en mesa de paz y mantener una negociación con las estructuras que tienen poderío militar en Putumayo y Nariño con unos 2.500 hombres, “buena parte del mando son reincidentes, expulsados por JEP y que vuelven a las armas. Ellos están dispuestos a pagar penas y contribuir a reparación de víctimas vinculándose a procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito”.
Destacó que la Coordinadora insiste que hubo incumplimiento del Estado en la aplicación del Acuerdo de 2016, “ellos tenían una prevención con las decisiones que tomó la mayoría de las Farc. No compartimos que se rearmen, pero ellos hablan de entrampamiento”. De otro lado, dijo que la Coordinadora aprendió lo que no se debía hacer y que por el contrario ahora parte de las utilidades de actividades del narcotráfico las invierten en el territorio, “se invierten sumas de dinero importantes y eso ha generado que ganen apoyo territorial. Ellos construyen un modelo de sociedad local que es muy poderoso en las regiones en las que tienen presencia. Es lo que llamamos “gobernanza híbrida”, algunos hablan de gobernanza criminal, pero no creo que sea eso. Ellos conviven con las autoridades de orden territorial, local y nacional”. Detalló que cuando habla de gobernanzas híbridas, se habla de que ellos construyen un modelo de Estado local contraestatal, “es un modelo gobernado por economías ilícitas y por el control de poderes armados ilegales en el territorio”. Además, dijo que la Coordinadora tiene funcionarios en la administración pública, que participan por debajo de la mesa en procesos regionales y apuntó que esa es una realidad que toca mirar como el fracaso de la construcción del Estado.
Por último, comentó que le han dicho a la Coordinadora que tienen que transitar hacia el Estado social de derecho, “se deben vincular directamente a la transformación de economías ilícitas en economías legales; eso es sustitución de cultivos, tienen que adoptar medidas de dejación de armas y respetar población civil. Hay que buscar modelo de seguridad en territorio que permita hablar de alianzas de transformación en el territorio, supervisado y dirigido por fuerzas institucionales”.