UmaKiweMadreTierra – El Juzgado Primero Penal del Circuito de Mocoa declaró la nulidad del fallo de tutela a favor de la señora Bety Jiménez en representación de comuneros de la vereda Monclar, tras evidenciar que varios actores claves no fueron vinculados al proceso, entre ellos líderes sociales, entidades públicas y organizaciones comunitarias directamente involucradas en la protesta que motivó la acción judicial.
La tutela fue interpuesta contra la Alcaldía de Mocoa, la Personería y la Defensoría del Pueblo regional Putumayo, alegando presuntas afectaciones a derechos fundamentales como: la dignidad humana, la libertad e igualdad, la libertad de locomoción, y el debido proceso de la comunidad campesina de la vereda Montclar, en el marco de la protesta social de la comunidad de Pueblo Viejo. Manifestación que duró más de 40 días en rechazo a la multinacional Copper Giant Resources (Libero Cobre), que posee títulos mineros para extraer oro, cobre y molibdeno en áreas de importancia ambiental como la Reserva Forestal Protectora Cuenca Alta del río Mocoa y zonas de nacimientos de agua.
El pasado 19 de mayo el Juzgado Tercero Penal Municipal de Mocoa falló a favor de la representante de los comuneros de Monclar, sin embargo, para la fecha no había protesta social en Pueblo Viejo y la defensa ambiental se encontraba reconocida por el Estado.
El Auto (No. 061) del juzgado primero, indica que el trámite estaría viciado, pues se genera una vulneración del debido proceso al no vincular a otras entidades y personas frente a los riesgos denunciados, entre ellos la Secretaría de Salud de Mocoa, la Secretaría de Obras e Infraestructura, la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Mocoa, así como a voceros y líderes de la protesta social que fueron reconocidos en la Mesa Ampliada Andinoamazónica, espacio formal de interlocución de Pueblo Viejo instalado por la Gobernación del Putumayo y otras entidades de orden nacional.
El auto indica que excluir a estas personas y entidades del trámite judicial impidió una defensa justa. La decisión ordena devolver el proceso al momento previo al fallo y vincular a todos los actores antes mencionados para garantizar un juicio imparcial y completo.