El Ministerio de Ambiente considera que el proyecto de ley que reconoce al río Caquetá como sujeto de derechos es inconveniente, ya que “como está propuesto, es regresivo en términos de ley porque no considera las actuales políticas, normativas, ni la estructura actual del Sistema Nacional Ambiental para la protección y planificación de las cuencas hidrográficas.”
¿Qué dice el proyecto de ley? El Proyecto de Ley No. 243 de 2024 Senado / 034 de 2023 Cámara, impulsado por el representante Héctor Mauricio Cuéllar, del Partido Conservador, plantea el reconocimiento jurídico del río Caquetá y la adopción de medidas para su conservación.
Tras analizar el proyecto de ley, el Ministerio advierte que la iniciativa presenta serias limitaciones técnicas, jurídicas y financieras.
¿Qué dice el concepto? Según el concepto emitido, el proyecto no se articula con los instrumentos y normas existentes para la gestión del recurso hídrico, como los Pomca (Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas) y el Decreto 1076 de 2015. Además, asigna al Ministerio de Ambiente competencias que legalmente corresponden a las autoridades ambientales regionales, lo que vulnera su autonomía.
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Sobre el territorio. Cuestiona que el proyecto no delimite claramente el territorio al que se aplicará, generando ambigüedad sobre si se refiere a la cuenca del río Caquetá (Cauca, Putumayo, Caquetá y Amazonas) o a toda la macrocuenca amazónica (departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada, Meta, Nariño y Cauca). La Silla le preguntó al representante Cuellar sobre esta observación, el cual dijo que no tiene lógica esta observación pues “El título del proyecto es ese (…) por donde el río Caquetá transita. Todos los municipios que son ribereños.”
Sobre las entidades. Se advierte que la creación de una nueva “Comisión de Guardianes” puede duplicar funciones ya asignadas a los Consejos de Cuenca. Además, sugiere una redacción alternativa más clara y la inclusión de autoridades como MinInterior y MinDefensa. Se destaca que no se justifica la creación de una nueva figura cuando existen espacios ya reglamentados y funcionales. Para Cuéllar y su asesora legal, Valentina Gómez, esta es una instancia de participación comunitaria, ciudadana, de organizaciones para el cuidado del medio ambiente, ya que tiene que existir una comisión encargada de velar por los derechos del río. Gómez menciona que “estos artículos fueron revisados con MinInterior para no tener ningún inconveniente al momento de hacer la integración.”
Sobre financiación. El Ministerio señala que la iniciativa no contempla una fuente de financiación clara. El costo estimado para operar la comisión, elaborar e implementar el Plan de Protección del río Caquetá y cumplir con los procesos de consulta previa sería elevado, y el Ministerio señala que asumir esta ley con el presupuesto actual implicaría desfinanciar otras funciones estratégicas. El Fondo para la Vida y la Biodiversidad no puede cubrir la totalidad de los costos operativos propuestos. Sobre esto, Gómez dice que “ningún proyecto de ley ha tenido aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda.” Si bien los proponentes solicitaron ese aval, Minhacienda no respondió. “nosotros le solicitamos a MinHacienda un concepto sobre eso y no respondió, entonces ¿por qué MinAmbiente, que no tiene las competencias para decir si hay dinero o no, viene a hacerlo en este momento?”
El concepto del MinAmbiente no es vinculante. Gómez menciona que desde octubre de 2023, cuando se radicó el proyecto de ley, han solicitado de manera reiterada este concepto técnico. En el último año se llevaron a cabo tres mesas técnicas con el MinAmbiente y dos reuniones adicionales con la Dirección de Consulta Previa. Estos espacios se realizaron como parte del proceso de preparación de la ponencia para el tercer y último debate.
La consulta previa fue adelantada con antelación y, por eso, recibir el concepto tan tarde es para el representante Cuéllar una falta de respeto, así como, un incumplimiento de los compromisos asumidos en los espacios de diálogo. A pesar de ello, ratifican su compromiso con la defensa del proyecto y anuncian que seguirán impulsándolo.
En la etapa de conciliación final, se espera que los comentarios del MinAmbiente sean analizados e incorporados en lo que sea pertinente.
Contexto. El proyecto de ley fue radicado inicialmente en la Cámara de Representantes y ya superó los primeros dos debates en esa instancia. También fue aprobado en tercer debate en la Comisión Quinta de Senado. Está pendiente su discusión y votación final en la plenaria del Senado. Si supera este último debate pasará a sanción presidencial.
Cuéllar menciona que el río Ranchería fue reconocido como sujeto de derechos en condiciones similares. Este proyecto de ley fue presentado por Martha Peralta, del Pacto Histórico. Cuéllar atribuye que como es senadora de ese partido “si no tuvo inconveniente”.
Otros ríos como el Atrato en Chocó también han sido declarados sujetos de derechos por la Corte Constitucional. También está en trámite un proyecto de ley que busca darle ese reconocimiento al río Putumayo. Este fue aprobado en primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara. Según su autor, el representante Andrés Cancimance, aún no hay concepto del MinAmbiente para esa iniciativa.