Caracol – El vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga, explicó que después de ocho años de la tragedia, la reparación final a las víctimas no se ha materializado.
Tras una reunión desarrollada este lunes 09 de junio en donde participó el vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Carlos Carrillo, relacionada con el seguimiento a la reconstrucción de Mocoa, la Contraloría lanzó una nueva alerta por incumplimientos en los acuerdos desarrollados por el Estado y el Gobierno.
Recordemos que el 31 de marzo de 2017 Mocoa, Putumayo, fue víctima de una avalancha. Esta dejó más de 330 muertos, 400 heridos y múltiples damnificados y desaparecidos, según cifras compartidas por la Defensoría del Pueblo.
Durante la reunión, el vicecontralor se encargó de verificar los avances y el cumplimiento de los acuerdos, no obstante, se evidenció incumplimiento en la entrega de viviendas a damnificados de Mocoa. Asimismo, el ente de control alertó que hay retrasos en los proyectos Sauces I y II, con los cuales se espera que se entreguen 1.209 soluciones de vivienda.
“Pese a los compromisos asumidos y a los recursos ejecutados, los retrasos en la implementación han impedido alcanzar las metas previstas, afectando especialmente la ejecución del proyecto Sauces II, el cual contaba con una asignación presupuestal de $99.566 millones para la construcción y entrega de 909 viviendas”, explicó el ente de control
Estos retrasos han llevado a que el Gobierno deba hacer un “desembolso prolongado de subsidios de arrendamiento por $16.502 millones desde 2020″, según información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Contraloría detalló que las causas en los retrasos por parte del Estado y del Gobierno para cumplir los acuerdos se relacionan con:
- Deficiencias en la planeación
- Modificaciones contractuales sin justificación
- Falta de supervisión y demoras en el cronograma.
“Este incumplimiento ha hecho que los subsidios, que debían ser temporales, se prolonguen innecesariamente, convirtiéndose en una carga fiscal cada vez mayor y afectando tanto los derechos de las familias como la confianza de la ciudadanía”, indicó el ente de control.
Además, la Contraloría indicó que el extender por varios años el esquema de subsidios transitorios de arrendamiento “ha perdido su finalidad reparatoria ante la ausencia de soluciones definitivas”.
Finalmente, el ente de control explicó que no cuestionan la necesidad de otorgar los subsidios de arrendamiento. Sin embargo, advierten que con el incumplimiento se “ha desnaturalizado esta figura, al convertirla en una carga fiscal prolongada, sin cumplimiento de su función resarcitoria ni su carácter transitorio”.