DLL – Aunque el Ministerio de Ambiente celebra una reducción significativa en la tala, regiones como Putumayo y parques naturales siguen bajo presión por actividades ilegales. La vigilancia satelital y comunitaria es clave en los avances.
Colombia registró una caída del 33 % en la deforestación durante el primer trimestre de 2025, según el más reciente boletín técnico del Ministerio de Ambiente. Este resultado representa una mejora significativa frente al mismo periodo de 2024, al pasar de 40.219 hectáreas taladas a 27.052 hectáreas afectadas en los primeros tres meses del año.
La noticia fue anunciada por la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada, quien atribuyó el descenso al fortalecimiento de un sistema de vigilancia implementado en 2023, que incluye sensores satelitales, drones y reportes comunitarios. Este esquema permite una reacción casi inmediata frente a cualquier actividad sospechosa en los bosques del país.
“Importante decir que en este primer trimestre que llevamos del año la deforestación según los monitoreos que se han realizado se ha disminuido en un 33 % con respecto al primer trimestre del año 2024. Entonces si hacemos la comparación en este año, pues nos ha ido muy bien”, declaró la ministra.
No obstante, el avance no significa que el problema esté resuelto. Persisten focos críticos en la Amazonía, especialmente en regiones como Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Catatumbo, la serranía de San Lucas, Arauca y la franja norte del Pacífico colombiano. Estas áreas siguen siendo escenario de una fuerte presión por parte de actividades ilegales como ganadería extensiva, cultivos ilícitos, minería ilegal, carreteras clandestinas y la expansión descontrolada de la frontera agrícola.
El comportamiento de la tala varía por territorio. Mientras Meta lidera la recuperación con una reducción del 41 %, seguido por Caquetá (-36 %) y Guaviare (-27 %), Putumayo muestra una tendencia opuesta: en esta región, la deforestación aumentó un 13 %. Para Estrada, estos contrastes demuestran que la vigilancia funciona, pero también que el poder de la economía ilegal sigue siendo un obstáculo de peso.
Un informe paralelo, publicado por la Procuraduría General de la Nación, revela una realidad más compleja. En su Segundo Informe de Seguimiento a la Deforestación, el ente de control señala que entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se identificaron 88.808 hectáreas taladas y más de 1.107 kilómetros de vías improvisadas abiertas en plena Amazonía. Estas trochas penetran áreas protegidas como los parques Chiribiquete, La Macarena, Nukak, Farallones de Cali y Barí, y son utilizadas como corredores para el tráfico de cocaína, la minería ilegal y la ocupación irregular de tierras.
Estos hallazgos demuestran que, pese a los avances, el reto sigue siendo inmenso. En la práctica, la deforestación no sólo es un fenómeno ambiental, sino también un síntoma de un conflicto territorial y económico que atraviesa el país desde hace décadas.
En paralelo, el Ministerio de Ambiente avanza en otro frente: la definición de los alineamientos de la sabana, un plan para ordenar el crecimiento urbano de Bogotá y sus 40 municipios vecinos. Este proceso, que apenas inicia, tiene como objetivo encontrar un equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección de ecosistemas estratégicos como acuíferos y zonas agrícolas.
“Yo sí quiero decir que no está bien que existan otros actores que quieran alargar el proceso, que quieran dispersar este proceso de concertación, de participación, que realmente debe ser con unos principios éticos y también, desde mi punto de vista, es un proceso que también es sagrado porque tiene que ver con la protección del agua”, afirmó la ministra Estrada.
La primera reunión técnica con el Distrito Capital se programó para el jueves 5 de junio, marcando el inicio de un debate que podría redefinir la relación entre la ciudad más grande del país y su entorno natural. De este proceso depende, en buena medida, que Bogotá logre un modelo de expansión compatible con la sostenibilidad ambiental.
El panorama muestra luces y sombras. Por un lado, las cifras reflejan un avance tangible en la reducción de la deforestación, gracias a la implementación de tecnologías y estrategias de vigilancia. Por otro, los territorios más vulnerables siguen atrapados entre la presión de grupos ilegales y la falta de presencia estatal. Colombia avanza, pero el camino aún está lleno de desafíos.