ElESpectador – Las regiones escogidas por el Gobierno Petro para las zonas de pre-concentración de hombres de las disidencias de Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano son territorios fronterizos donde se concentran los cultivos de coca y persiste la confrontación entre grupos armados. Expertos advierten alto riesgo de seguridad para comunidades.
Con la firma de los acuerdos que crean tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Tibú (Norte de Santander), Roberto Payán (Nariño) y Putumayo, el gobierno de Gustavo Petro profundizó su estrategia de paz total con dos disidencias de las FARC, el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
Pero estas zonas se ubican en el corazón de territorios aún marcados por la violencia y la presencia de múltiples actores armados. En ellos no solo operan las estructuras con las que se negocia, sino también el ELN, grupos narcoparamilitares y otras disidencias, en un contexto de disputa por economías ilegales y control social y territorial.
Además, las tres zonas son enclaves cocaleros. El informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) que se presentó en 2024 muestra que en el mapa del país, el 35 % de los cultivos se concentran en la subregión del Catatumbo, Putumayo, Cauca, Nariño y el Urabá antioqueño. Casi todos los puntos son fronterizos.
El reto de implementar estas zonas va mucho más allá de su delimitación geográfica: supone intervenir escenarios de alta conflictividad donde ni la seguridad, ni la confianza, ni la institucionalidad están garantizadas. Además, no solo se necesita garantías para los disidentes que se ubicarán allí, sino también para las comunidades aledañas.
“No deja de ser preocupante qué va a pasar con las poblaciones aledañas. Se necesita precisar cómo se garantizará la seguridad de la población”, dijo Yaneth Camargo, funcionaria de la Secretaría de Víctimas de la Gobernación de Norte de Santander, durante la instalación del diálogo social con el que la delegación de Gobierno en el proceso con el EMBF pretende ambientar entre las comunidades la llegada de la ZUT a ese territorio.
La primera en ser formalizada fue la Zona de Ubicación del Frente 33 del EMB, que será establecida en zona rural de Tibú. Según el Gobierno, el propósito es garantizar condiciones para la dejación de armas y la reincorporación de los combatientes, así como fortalecer la presencia institucional en una región con baja cobertura estatal.
Pero su creación y formalización se da en un momento particularmente crítico para Catatumbo. En la misma zona donde se instalará el grupo en proceso de negociación, persiste la confrontación entre el Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), especialmente en veredas de Tibú, La Gabarra y El Tarra.
En enero pasado, el cruento ataque del ELN y los combates entre esa guerrilla y el Frente 33 convirtieron a la región en el epicentro de una crisis humanitaria que hoy persiste y ha dejado centenas de muertos y miles desplazados.
“Hay un gran desafío de seguridad en Catatumbo porque la situación hoy en día es una situación de combate entre el ELN, que se ha consolidado en zonas donde tenía una influencia bastante fuerte del Frente 33. Ahora, ese Frente está también actuando para retomar el territorio. Entonces hay preguntas pendientes, dudas, por decirlo así, de qué tanta voluntad realmente hay y cómo se va a desescalar el conflicto. Eso es muy importante. Las condiciones hoy en día no existen”, dijo a este diario Elizabeth Dickinson, analista sénior de Crisis Group para Colombia.
En efecto, la población civil en Tibú, La Gabarra y El Tarra ha quedado en medio del fuego cruzado. Líderes sociales denuncian que persiste el reclutamiento forzado, la instalación de minas antipersonal y la amenaza constante por parte de ambos bandos.
“¿Qué va a pasar con los niños menores que tiene el Frente 33 en el territorio? ¿Qué garantías tendrán para no ser estigmatizados? Pero, sobre todo, cómo prevenir que esto siga pasando”, dijo en ese mismo diálogo Carmen García, coordinadora de la organización Madres de Catatumbo, quienes han hecho un llamado al presidente Petro para que se frene el reclutamiento de menores de edad.
El uso de drones en Catatumbo
El uso de drones explosivos se ha convertido en una de las tácticas más recurrentes y letales en la confrontación entre el Frente 33 y el ELN en Catatumbo.
Los ataques con estos artefactos se han multiplicado en varias zonas rurales del Catatumbo, especialmente en los corregimientos de Campo Dos y La Gabarra. Las comunidades reportan sobrevuelos nocturnos constantes y explosiones dirigidas a presuntos campamentos enemigos, pero que terminan afectando a la población no combatiente.
En uno de los casos ocurrido hace unas semanas, la explosión de uno de estos artefactos causó la muerte de un niño de siete años e hirió a varios miembros de su familia, entre ellos, otros menores de edad.
La implementación de la Zona de Ubicación Temporal, en este contexto, deberá enfrentar no solo el reto político del diálogo, sino también el de una guerra que ha evolucionado tecnológicamente sin perder su carácter cruel e indiscriminado.
“Nos están matando a nuestros hijos, nos están quitando lo más sagrado que tenemos (…) Los enfrentamientos armados no paran. Los drones explosivos han cobrado más vidas, incluyendo las de niños y jóvenes inocentes. Nuestros líderes sociales están siendo asesinados uno a uno”, dicen en una carta las Madres de Catatumbo.
Organizaciones como la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) no solo han rechazado el uso de drones por “viola flagrantemente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, sino que también han instado al Gobierno a ejecutar las medidas de seguridad contenidas en el Plan Catatumbo que el Ejecutivo firmó en marzo pasado para implementar medidas para el desarrollo de la región.
A ello se suman que las comunidades desplazadas desde inicios de año no han podido retornar plenamente. “Los que han retornado es un retorno incompleto, es por decir, vuelvan a la finca a revisar que todo esté bien y salen otros días y luego vuelvan. Es una vida muy precaria y aún no se ha logrado, digamos, retomar el control de la zona y de hecho estamos muy lejos de esta posibilidad por parte del Estado”, advierte Dickinson.
Así lo reafirma un líder de ese territorio que habló con Colombi+20. “Hemos tenido mil intervenciones en este territorios, desde siempre y la seguridad sigue siendo el gran tema pendiente. Parece que al Gobierno se le olvidó que seguimos en medio de una crisis humanitaria. Yo no he podido volver a Tibú porque estoy amenazado por ambos grupos armados. Me quitaron mi finca, mis bienes”.
En ese contexto, para Dickinson la ZUT no operará de forma inmediata. “La idea del gobierno es en este tiempo organizar las condiciones, encontrar un espacio seguro, armar un protocolo de seguridad. La resolución es una ruta de trabajo, las cosas para trabajar no son hechos hoy en día. Es como un mapa de cómo armar esas zonas de ubicación”, explica.
Así lo confirmó a Colombia+20 Andrey Avendaño, jefe del Frente 33 y delegado de la disidencia en la mesa de paz. En entrevista este jueves, afirmó que el grupo ve el tránsito hacia la ZUT en forma gradual.
“Nosotros hemos propuesto hacer un acuerdo de gradualidad y que nos pongamos unas tareas que podamos verificar y cuando haya claridad frente a la situación jurídica, vamos dando el paso y vamos transitando gradualmente. Inicialmente tendría que llegar un grupo, por ejemplo, los que están en la mesa de diálogo, para la elaboración de los protocolos, el acondicionamiento de los espacios y nos vamos poniendo tareas específicas. En la medida en que vayamos cumpliendo, vayamos superando esas fases, entonces la gente se va trasladando desde los sitios donde hoy están hacia la ZUT», explicó.
Además, aún persisten dudas sobre el manejo de las armas -Avendaño dice que no las dejarán mientras el ELN los siga amenazando de muerte- la verificación de los combatientes y el rol de las autoridades locales, lo que ha generado preocupación entre sectores militares que presionan por no extender la suspensión de operaciones ofensivas.
Coca, narcotráfico y el control territorial en Nariño y Putumayo
Mientras tanto, en el suroccidente del país, el Gobierno alcanzó un acuerdo similar con la disidencia de Walter Mendoza para tener dos Zonas de Ubicación en Nariño y Putumayo, donde operan las estructuras del CNEB.
En este caso, se pactaron dos ZUT, una en la laguna de Chimbuza, en el municipio de Roberto Payán (Nariño), y otra en Putumayo.
Nariño se ha convertido en uno de los epicentros más complejos del conflicto armado en Colombia, caracterizado por una fragmentación creciente de actores armados y una intensificación de la violencia.
En el departamento operan múltiples grupos, incluidos el Estado Mayor Central (EMC) de las FARC de Iván Mordisco, las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Frente Comuneros del Sur —una disidencia del ELN—. Estas últimas tienen procesos de paz con el Gobierno Petro.
Estas facciones se disputan corredores estratégicos para el narcotráfico y el control territorial, especialmente en municipios como Tumaco, Barbacoas, Ricaurte y la zona de la cordillera. La competencia entre estos grupos ha generado afectaciones directas a la población civil, como confinamientos, amenazas, asesinatos y reclutamiento forzado.
Puntualmente en el municipio de Roberto Payán, la disidencia de Walter Mendoza ha establecido una fuerte presencia, que convive con la del ELN y el Bloque Occidental comandante Jacobo Arenas de la disidencia de Mordisco.
Pero el control territorial va más allá de lo militar: incluye gobernanza local, justicia propia y control de las economías cocaleras.
“Catatumbo, Putumayo y Nariño, son tres de los enclaves cocaleros o los tres más importantes del país, lo cual genera un contexto de incentivos en términos de economías ilícitas para que se sigan produciendo disputas territoriales, dinámicas de violencia como homicidios selectivos, amenazas, extorsiones y demás. Además, son zonas fronterizas, particularmente el Catatumbo y Putumayo, en contexto de plena expansión de dos grupos armados que hoy en día tienen vocación transfronteriza”, explicó a Colombia+20 Jorge Mantilla, investigador y experto en crimen y seguridad.
El tema de la coca es una de las diferencias entre la ZUT de Catatumbo y las de Nariño y Putumayo. Estas dos últimas serán además “Zonas de Capacitación Integral” donde se adelante un proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en los territorios de su influencia.
“En la misma zona se harían coincidir el propósito de la sustitución de cultivos con la presencia de los integrantes de la CNEB y el asentamiento de ellos en ese sector.En esa área se brindarían unas condiciones de protección y seguridad especial para que las comunidades sientan el apoyo del Estado para adelantar ese proceso de “arrancar matas” y reemplazarlas por cultivos lícitos”, explicó a este diario Armando Novoa, jefe de la delegación de Gobierno en el proceso con la disidencia de Mendoza.
Desplazamiento y reclutamiento en comunidades indígenas
Según datos de la Defensoría del Pueblo, durante el primer semestre de 2024, el departamento concentró el 42% de las víctimas por desplazamiento masivo a nivel nacional.
Comunidades indígenas, como el pueblo Awá, han sido particularmente afectadas por amenazas y hostigamientos de grupos armados que operan en la región.
Además, se han registrado enfrentamientos entre el Frente Franco Benavides del EMC y una presunta alianza conformada por el Frente Comuneros del Sur del ELN, la Segunda Marquetalia y las AUN, lo que ha exacerbado la violencia en la subregión de la cordillera nariñense.
La implementación de zonas de ubicación temporal en este contexto enfrenta desafíos significativos, dado el control territorial ejercido por estos grupos y la ausencia de una presencia estatal efectiva.
“Todas esas regiones tienen confrontaciones activas entre grupos armados. Esto implicaría que habría que destinar un contingente especial de fuerza pública para proteger estas zonas de transición, pero como muestra la experiencia de los ETCR del 2016, esto reviste una complejidad particularmente porque hoy en día hay unas capacidades muy limitadas de la fuerza pública en términos del pie de fuerza. El Gobierno tendría que trasladar unidades desde otros lugares para de alguna manera garantizar la seguridad de estas personas de manera permanente. Eso será too un desafío”, explica Mantilla.
En Putumayo, el escenario es aún más fragmentado, con la presencia del Frente 48, los Comandos de la Frontera, grupos residuales del Frente Carolina Ramírez y bandas narcoparamilitares que operan desde la frontera con Ecuador.
Allí también se proyecta una ZUT, pero las comunidades viven bajo una mezcla de control armado y ausencia del Estado. “Los grupos prometen que no van a reclutar más jóvenes, pero no es verdad”, dijo a Colombia+20 un líder social de Puerto Asís.
Y agregó: “Todos los grupos siguen rondando las escuelas, pidiendo listas de niños, citando a reuniones obligatorias. Si no hay garantías, si no hay inversión rápida y real, esto será solo otra forma de seguir armados con un chaleco distinto.”
A diferencia del caso del Catatumbo, aquí el número de combatientes es menor: 60 por cada zona (Nariño y Putumayo). Pero la apuesta es mayor en términos de transición económica.
El proceso con la CNEB también carga con tensiones propias. La captura en febrero de Giovanni Rojas, conocido como Araña, jefe de los Comandos de Frontera y, quien hoy se encuentra detenido mientras avanza su solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, ha puesto a prueba la continuidad de los diálogos.
Aunque su participación desde prisión ha sido autorizada, y la mesa de conversaciones sigue activa, existe el temor de que una extradición suspenda de facto el proceso. Pero la reciente decisión del presidente Petro de frenar la entrega a EE. UU. de Gabriel Yepes Mejía, HH. jefe de los Comuneros del Sur, hace pensar que su extradición también puede congelarse.
A esto se suma la masacre de 11 militares ecuatorianos en la frontera con Colombia, atribuida por autoridades del vecino país a los Comandos de la Frontera, una estructura cercana a la CNEB. La disidencia ha negado su participación en los hechos, argumentando que el comandante abatido había desertado del grupo, pero el incidente generó fricciones.
Los tres escenarios coinciden en un patrón: son territorios en disputa, con presencia histórica de economías ilegales y donde la ausencia del Estado ha sido reemplazada por la autoridad de grupos armados.
La creación de zonas de ubicación en estos contextos representa un intento por retomar el control institucional, pero también un desafío logístico y político. Se trata de experiencias piloto que marcarán el rumbo de los demás procesos de paz en curso.
La pregunta clave es si el Estado tendrá la capacidad real de avanzar en todos esos frentes simultáneamente y en zonas con presencia de múltiples grupos armados. La experiencia dice que la paz total de Petro ha sido ambiciosa, pero poco efectiva. Las ZUT, en teoría, son una herramienta para recuperar el control territorial a través de la combinación de desarme, transformación social y presencia estatal. Pero en la práctica, enfrentan resistencias, desconfianza comunitaria y un entorno donde la violencia sigue siendo la regla.