LaSillaVacia – Pese a la histórica Sentencia de 2018, que reconoció a la Amazonía como sujeto de derechos, la deforestación en esta región se ha intensificado. Así lo advirtió la audiencia pública “Amazonía, pulmón en riesgo: ¿mucha deforestación, poca acción?”, convocada ayer por el representante a la Cámara por Putumayo, Andrés Cancimance. Estuvieron presentes el Ministerio de Ambiente, Corpoamazonia, Cormacarena, el Instituto Sinchi, comunidades y otros actores que tienen responsabilidades en la mitigación de la deforestación.
¿Qué dice la sentencia? La sentencia, resultado de una tutela presentada por 25 niños y jóvenes, ordenó al Estado detener la deforestación mediante la construcción de un plan de acción de corto, mediano y largo plazo, la formulación del Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano (Pivac), actualización de POT municipales, y participación activa de las comunidades. Sin embargo, los compromisos siguen sin cumplirse plenamente.
Las cifras de deforestación. Las cifras del Ideam presentadas en la audiencia muestran que entre 2023 y 2024, la deforestación en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo creció un 85%, pasando de 36.713 a 68.331 hectáreas. A nivel nacional, Colombia perdió 107mil hectáreas de bosque en 2024; el 63,6% en la Amazonía.
Aunque entre 2022 y 2024 hubo una reducción acumulada del 39% en la deforestación, el repunte reciente, más de 27 mil hectáreas, evidencia una reversión. Los expertos señalaron como causas la expansión agrícola, la ganadería y minería ilegales, tala indiscriminada y el debilitamiento del diálogo con grupos armados, lo cual ha limitado la presencia institucional en los territorios.
Laura Jiménez, una de las jóvenes tutelantes, afirmó que “la implementación de la sentencia ha sido lenta e ineficaz”. Señaló que, pese a múltiples solicitudes, el gobierno no ha entregado los análisis técnicos que expliquen la reducción de la deforestación en 2022 y 2023, ni ha evaluado la efectividad de las medidas adoptadas hasta ahora. Además, advirtió que no existe un plan de acción consolidado y que el Pivac sigue en borrador. Recordó que las entidades tenían un plazo de seis meses para cumplir con sus responsabilidades, que ya se venció.
Jesús Antonio Otaya, delegado de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana –Opiac–, insistió: “Hacemos un llamado a que seamos partícipes activos en esas acciones de implementación. Somos nosotros, los pueblos indígenas, quienes hemos vivido milenariamente en la Amazonía y quienes hemos conservado su integridad.”
Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Sinchi, advirtió que aunque el 80% del bosque amazónico sigue en estado de conservación, hay procesos de fragmentación que deben ser observados. Fabio Bernal, director encargado del Ideam, insistió en que las alertas tempranas deben traducirse en acciones inmediatas.
Por su parte, Roderic Rodríguez, del grupo de sostenibilidad ambiental y cambio climático del Ministerio de Agricultura, aseguró que han acompañado el desarrollo de las rutas de participación con comunidades amazónicas, requisito fundamental para la actualización del plan de acción y la construcción del Pivac. Según explicó, el Ministerio ha contribuido con más de 200 acciones orientadas a la actualización del plan de acción y con 164 propuestas para la formulación del Pivac.
La audiencia cerró con un llamado del representante Cancimance: “La Amazonía no puede esperar más. Aunque hay avances, la protección de este territorio exige voluntad política real, presencia estatal efectiva y justicia ambiental. Hoy, el Estado le sigue fallando a la selva y a quienes la defienden.”