Una investigación de Andrés Bermúdez, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística de Investigación –Clip– y Mongabay Latam, reveló que entre septiembre de 2022 y mayo de 2024, la filial colombiana de Chevron, la multinacional petrolera, compró tres millones de créditos de carbono de un proyecto perteneciente a una comunidad indígena.
La operación, enmarcada en el mecanismo Redd+, permitió a la petrolera reducir el impuesto al carbono que debe pagar por sus emisiones en Colombia. Sin embargo, varios líderes de la comunidad afectada afirman no tener información sobre el proyecto ni haber participado en su diseño o implementación, según la investigación de Clip.
El proyecto, registrado con el nombre “Conservando la Vida del Mundo, Mowíchina arü Maü, Ríos Cotuhé y Putumayo”, fue aprobado por la certificadora ColCX y desarrollado por la empresa mexicana Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. Se presenta como una iniciativa de conservación impulsada por los pueblos tikuna, okaina, bora y uitoto del resguardo Ríos Cotuhé y Putumayo, un territorio de 2.450 km² en el trapecio amazónico. Pero seis líderes consultados por ese centro periodístico aseguraron desconocer los documentos, actividades y recursos derivados del proyecto.
Este no es el primer caso. En 2023, El Clip mostró que Chevron también usó 1,1 millones de créditos del proyecto Pachamama Cumbal en Nariño, pese a que autoridades del resguardo indígena local dijeron no conocerlo. Ese caso fue llevado a tribunales y los jueces fallaron a favor de la comunidad, reconociendo la vulneración de sus derechos.
Ambos proyectos comparten actores clave: Global Consulting como desarrollador, Deutsche Certification Body como auditor y ColCX como certificador. La conexión entre estas entidades ha sido cuestionada por posibles conflictos de interés. La directora de Global Consulting fue fundadora de la firma auditora, lo que compromete la imparcialidad exigida por la regulación.
¿Qué dice Chevron? Pese a estos antecedentes y a la suspensión de la acreditación de Deutsche Certification Body en Colombia, Chevron utilizó al menos 1,3 millones de créditos del proyecto Cotuhé Putumayo después de la decisión judicial sobre el caso Cumbal. La petrolera afirma haber confiado en los procedimientos y en las declaraciones de la empresa desarrolladora sobre la legitimidad del proyecto. Aunque dice que ya no tiene ninguna relación con esa empresa.
¿Cual es el proyecto? En septiembre de 2022, la certificadora colombiana ColCX aprobó el proyecto Redd+ Conservando la Vida del Mundo, Mowíchina arü Maü, Ríos Cotuhé y Putumayo, que describe en su registro público como “una iniciativa de los pobladores indígenas tikuna del resguardo de los Ríos Cotuhé y Putumayo, representados por el Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar), su organismo de gobernanza” a lo largo de un periodo de 100 años.
La Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar), figura como propietaria del proyecto.
¿Qué dicen los líderes? Pepe Cham, representante legal de la asociación indígena Cimtar, dijo “Cero en todos los aspectos: cero información, cero participación, cero beneficios. No tenemos ningún documento, no sabemos qué se vendió, ni conocemos en qué se invirtió”, Y pese ha enviar derechos de petición a ColCX y Global Consulting, solicitando información sobre el proyecto, hasta mayo de 2025, no ha recibido respuesta. Cham también ha acudido a entidades como el Ministerio de Ambiente y la Defensoría del Pueblo, sin éxito.
Una dificultad. Marcelino Sánchez Noé es el líder indígena que firmó el contrato que sustenta el proyecto evidenciando que hay dos instancias de gobernanza que coexisten en Cotuhé Putumayo. Por un lado, está el Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá que lidera Pepe Cham desde enero de 2022 (y reconocido por el Ministerio del Interior en abril de 2022) y, por el otro, el Consejo Indígena Mayor de Tarapacá Amazonas que lidera Marcelino Sánchez desde marzo de 2022. Ambos usan la sigla Cimtar. Esto ocurre porque el resguardo está en proceso de convertirse en una entidad territorial indígena con funciones político-administrativas. Como parte de ese proceso el consejo indígena, su máxima autoridad, debe registrarse ante el MinInterior. En este caso ese paso aún no se ha surtido por lo que ambas instancias son concurrentes. Sánchez no respondió las preguntas sobre el proyecto de carbono.
¿Qué dice la certificadora? ColCX no quiso responder a las preguntas sobre el proyecto aduciendo haber recibido el 18 de marzo una “solicitud de no difusión de información”. Según la certificadora, esa comunicación le instruyó que “como órgano de representación y autoridad en nuestra comunidad, el Consejo Indígena Mayor de Tarapacá es el único ente facultado para tomar decisiones sobre la divulgación y manejo de la información relacionada con nuestro resguardo indígena”.
Los reporteros le preguntaron a ColCX con cuál de las dos instancias -cabildo o consejo- interactúa, con qué fundamento tomaba partido por una de ellas y por qué no ha respondido las solicitudes de hace meses de Pepe Cham de acceso a los documentos del proyecto, pero la certificadora no respondió. Tampoco respondió quién le envió el oficio pidiéndole no hablar de la iniciativa Redd+.
Mientras el proyecto sigue activo, los tikuna, okaina, bora y uitoto de Cotuhé y Putumayo siguen esperando respuestas sobre una iniciativa que se presenta como un ejemplo de conservación liderada por pueblos indígenas.
Aquí pueden leer la investigación completa que hace parte del especial carbono opaco.