LaSillaVacia – A finales de marzo se instaló a un lado de la vía de la vereda Pueblo Viejo, a 10 minutos del centro de Mocoa, una carpa que ahora es símbolo de quienes se oponen a la minería. Es un nuevo capítulo de la puja por el futuro de las montañas del piedemonte amazónico que busca que el gobierno concrete su mirada ambientalista.
Dos factores le dan fuerza a la movilización. La profundización de la postura a favor de la conservación por encima de la extracción minera con medidas como las zonas de reserva temporal. Y tres caras nuevas alineadas a favor de la causa ambiental: la ministra de Ambiente, Lena Estrada; Irene Vélez, quien acaba de llegar a la Anla y el nuevo gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina.
La movilización, sin embargo, divide a la comunidad de la zona y no parece tener una solución próxima.
La ‘vía de Llorente’ en Pueblo Viejo, Mocoa
El plantón comenzó el 24 de marzo, por la inconformidad de los habitantes de la vereda Pueblo Viejo ante el mal estado de la vía. La comunidad instó a la Alcaldía y a Libero Cobre a mejorar sus condiciones, pues es una de las vías de acceso a la vereda Montclair, donde la empresa realiza sus actividades.
A principios de abril hubo una mesa de diálogo entre Libero y la comunidad para arreglar la vía, mejorar el acueducto e incluso se conversó la posibilidad de contratar a habitantes de la vereda. Sin embargo, la mesa se vino abajo. Los manifestantes argumentan que la empresa atentó contra su confianza y la empresa sostiene que no podían cumplir las múltiples exigencias de la comunidad.
“Ellos incrementaron las peticiones, eran 17 puntos de necesidades de la vereda, fruto del abandono del Estado. Nosotros priorizamos la zona, pero tenemos un límite como empresa”, explica Thyana Álvarez, gerente de Libero Cobre. Según ella esto se explica porque surgieron nuevos intereses políticos.
“La empresa, a través de los empleados, puso una tutela por el derecho al trabajo. Ahí la comunidad se dio cuenta de que no se puede confiar en ella y decidió convocar a otras organizaciones sociales”, dice Sirley Cely, una de las lideresas de la movilización. “No tenemos nada que negociar con la empresa, le solicitamos al Estado que la saque a partir de las condiciones ambientales y judiciales que ya hay. Que aplique la norma”, agrega.
A los manifestantes se les sumaron movimientos de otras regiones, miembros del Consejo Municipal de Juventudes y la guardia indígena Resguardo Inga de San Andrés del Alto Putumayo y otros sectores de Mocoa.
“Aquí estamos haciendo pedagogía, le estamos enseñando a la gente de otras veredas que hay que cuidar la oportunidad que tenemos de disfrutar de la biodiversidad”, dice Pablo Portilla, otro de los manifestantes que está en el plantón.
“El llamado es para que la minera abandone el territorio. Creemos fuertemente que hay otras alternativas económicas y sociales”, dice un comunicado que publicaron el 15 de abril.
A pesar del apoyo que ha recibido el plantón, su continuidad divide opiniones al interior de la comunidad.
“La situación se desvió”, dice Hernando Pardo, fue uno de los promotores iniciales de la protesta. “Está perjudicando a los habitantes que no estamos en la carpa, con el diálogo se habría podido solucionar, pero ahora no nos podemos acercar por allá porque hay personas de otras zonas”, agrega. Hace parte de la junta directiva de la Junta de Acción Comunal, de Pueblo Viejo.
El nuevo aire del movimiento antiminero en Mocoa
La historia de la minería en Mocoa, la puerta de la Amazonía colombiana, comenzó en los años 70, cuando se comenzó a estudiar la factibilidad de un yacimiento de cobre y molibdeno. Allí puede haber alrededor de 2 millones de toneladas de estos dos materiales, cada vez más cotizados en medio de la transición energética.
Después de pasar por varias empresas, en 2018, Libero adquirió los cuatro títulos mineros que le permiten realizar exploraciones. Pero se ha topado con el rechazo de buena parte de los mocanos.
En 2018, el Concejo Municipal prohibió las actividades mineras a mediana y gran escala, pero su decisión fue anulada por el Consejo de Estado en 2024. Desde el año pasado la minera retomó sus actividades.
Si bien la Alta Corte le dio vía libre, las autoridades ambientales consideran inconveniente su futuro. En octubre pasado, Corpoamazonía emitió un concepto técnico según el cual las actividades de exploración y explotación de minerales generan impactos ambientales negativos e irreversibles y mantiene una medida preventiva de 2022 que las suspende, la cual Libero Cobre ha solicitado que sea levantada.
“Pone en grave riesgo el mantenimiento y la sostenibilidad de las áreas y ecosistemas estratégicos”, dice la entidad en el concepto. Pide aplicar el principio de precaución para prevenir consecuencias futuras.
Para la empresa minera, el concepto es intempestivo y carece de los argumentos necesarios para llegar a esa conclusión.
“No es un concepto vinculante, lo hicieron para generar desinformación. Habla de un principio de precaución que está mal utilizado y no nos han notificado oficialmente. Nosotros no estamos en minería ni en licenciamiento, no es el momento para un concepto”, responde la gerente de Libero Cobre.
Más allá de la discusión jurídica y ambiental, varios factores políticos envalentonan a las comunidades antimineras. El principal es que, sobre el final de su periodo, el gobierno de Gustavo Petro da señales de una profundización de su apuesta por la conservación ambiental. “Este gobierno es el único gobierno que nos da la esperanza de que a la Amazonía se la debe cuidar”, dice Pablo Portillo, uno de los simpatizantes del plantón.
Recientemente se estableció una Zona de Reserva Temporal en municipios aledaños al Páramo de Santurbán, a pesar de la oposición de los mineros, un sector del campesinado y los mandatarios locales de la región, incluido el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.
También se firmó el decreto que les da facultades de autoridades ambientales a las comunidades indígenas. El principal argumento es que son esas áreas las que presentan mejores índices de conservación en el país.
Tras la salida de Susana Muhammad del Ministerio de Ambiente, Petro nombró en el cargo a Lena Estrada, una líder indígena de la región amazónica que en los primeros meses de su gobierno ha mostrado su afinidad con los movimientos ambientalistas. En Jericó, un municipio del suroeste antioqueño, manifestó su respaldo a un plantón similar, promovido por campesinos que se oponen a un proyecto de minería de oro.
En esa misma línea, el gobierno trajo de vuelta a Irene Vélez, esta vez como directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales —Anla—, la entidad encargada de dar los avales ambientales para el desarrollo de proyectos mineroenergéticos. Vélez es una académica reconocida por su activismo en contra de las industrias extractivas.
“Cuando fue ministra, estuvo en Mocoa conversando con los activistas ambientales y adquiriendo compromisos con ellos. Públicamente, manifestó su oposición al proyecto minero”, dice el congresista Cancimane. “Falta conocer la postura del ministro de Minas, Edwin Palma. Nos preocupa la injerencia de la multinacional en la Agencia Nacional de Minería que ha sido ambigua y lenta en las solicitudes que hemos hecho”, agrega.
De hecho, a pesar del ambientalismo radical de Petro, la empresa dice que el gobierno les ha brindado garantías para avanzar.
“A pesar de todo, hemos avanzado bastante en este gobierno. Se cayó el acuerdo del Concejo y se logró el recorte de los títulos mineros que estaban en áreas protegidas, un proceso que podía durar años. El gobierno sabe la importancia del cobre y desde 2023 emitió una resolución donde se priorizan los minerales estratégicos en el país. De alguna forma nos ha acompañado”, dice la gerente de Libero Cobre.
Otro hecho que oxigenó la causa antiminera fue la elección del cuestionado gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina. Mientras Carlos Marroquín, su antecesor, tuvo una postura ambigua y realizaba eventos conjuntos con la minera, Molina expresa su rechazo a la minería en la capital del departamento.
“Desde la Gobernación ratificamos el compromiso de seguir apoyando la defensa del medioambiente y el cuidado del agua. Que las inversiones sociales no las haga Libero Cobre, sino los entes territoriales”, anota.
Caminos lejanos para ambas orillas
Tanto los detractores como los promotores de la minería coinciden en la petición de una mesa de diálogo con las instituciones, que permita llegar a acuerdos.
A largo plazo, las soluciones son más complejas. El representante Andrés Cancimance plantea tres medidas, todas con el fin de acabar definitivamente con el proyecto minero. “Una de ellas es formalizar el principio de precaución. Es una opción expedita para que la multinacional cierre sus actividades de exploración”, dice el representante.
La segunda, busca la instauración de una Zona de Reserva Temporal, una figura que creó este gobierno en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado, a través de la cual pueden suspenderse actividades mineras a gran escala, por un lapso de dos años, en zonas de importancia ambiental. Esto, mientras se adelantan estudios para determinar los riesgos. Ya fue aplicada en Santander y está proyectada para Jericó, Antioquia.
Como tercera alternativa, Cancimance pide una ampliación de la Reserva Natural de la Cuenca Alta del Río Mocoa: “Lo que le pedimos al Ministerio es que amplíe la zona de reserva o no se atreva a hacer un proceso de sustracción, lo que haría inviable el proyecto”.
Desde la perspectiva de la empresa, las tres propuestas son inviables.
“La propuesta de reserva temporal está desfasada de la realidad. A diferencia de Santurbán, en Mocoa ya hay una reserva delimitada y el proyecto está fuera de esa reserva. Esa idea no tiene futuro, además tendrían que hacer consulta previa”, dice la gerente Álvarez. “No es una zona de reserva, es un área intervenida y que ha sido productiva”, argumenta.
El próximo miércoles está programada una reunión entre los manifestantes y el MinAmbiente. El discurso y las decisiones del gobierno, además de los resultados electorales a nivel local, le dan fuerza al movimiento antiminero. Pero, el tiempo es corto para que se decida en este gobierno el futuro de un proyecto que tiene títulos hasta 2040.