ElEspectador – Al cierre del cuarto ciclo, que se dio en La Hormiga, Putumayo, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano firmó con el Ejecutivo otros dos acuerdos: el que ya se había anunciado sobre sustitución de 30.000 hectáreas de coca y otro para no vincular menores de edad y prohibir el uso de minas antipersonal.
El Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) anunciaron la firma de tres acuerdos fundamentales tras la cuarta ronda de diálogos sostenida en los últimos días en La Hormiga, Putumayo. Los compromisos abarcan aspectos de sustitución de cultivos ilícitos, respeto al Derecho Internacional Humanitario y la definición de una hoja de ruta hacia un acuerdo de paz definitivo.
La mesa de diálogo con ese grupo logró sortear una de las crisis más duras tras la detención de uno de los jefes disidentes de esa mesa conocido como Giovany Rojas, Araña, el pasado 13 de febrero al término del tercer ciclo de diálogo en Bogotá.
Araña, de hecho, estuvo conectado virtualmente al ciclo, como se ve en una de las fotografías compartidas por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
La disidencia al mando de Mendoza, que se separó de la Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, agrupa a guerrilleros de los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. De acuerdo con estimaciones, la mesa se queda dialogando con al menos el 80 % de los hombres que estaban antes de la ruptura con Márquez.
La Coordinadora Guerrillera del Pacífico opera en los departamentos de Nariño y Cauca; mientras que los Comandos de la Frontera tienen presencia en los departamentos de Putumayo, Amazonas, norte de Nariño y Caquetá, muy cerca a la frontera con Ecuador.
Acuerdo sobre sustitución de cultivos ilícitos: 30.000 hectáreas en coca
El primer acuerdo establece un plan de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, específicamente hoja de coca, que abarcará 30.000 hectáreas en dos de los departamentos más afectados por esta economía: Putumayo y Nariño. Cada uno aportará 15.000 hectáreas al proceso. Este compromiso busca ofrecer alternativas sostenibles a comunidades rurales que históricamente han dependido de los cultivos ilícitos para su subsistencia, con el objetivo de reducir la presencia de economías ilegales y fortalecer el desarrollo territorial.
Este plan inicial, que se firmó en diciembre, apuntó a un “tránsito a economías lícitas”. En ese momento, se dijo que solo serían 3.000 hectáreas, pero hace unos días se anunció que se amplió a 30.000.
Acuerdo sobre compromisos con el Derecho Internacional Humanitario
En una decisión que podría tener un impacto inmediato en la población civil, la CNEB se comprometió a acatar principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Entre las medidas acordadas destacan la no vinculación de menores de 18 años a sus filas, la prohibición del uso de minas antipersonal, el respeto por los bienes civiles y la garantía de acceso a misiones médicas en zonas bajo su influencia.
Este punto representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos en las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
Ruta hacia un acuerdo de paz definitivo
El tercer acuerdo alcanzado contempla la elaboración conjunta de una hoja de ruta y una línea de tiempo para construir un acuerdo de paz definitivo. Aunque no se detallaron los plazos ni los mecanismos específicos, ambas delegaciones manifestaron su voluntad de avanzar de manera progresiva y con enfoque territorial, reconociendo la complejidad del contexto y la necesidad de participación de las comunidades afectadas.
Los acuerdos representan un avance en el proceso de paz total promovido por el Gobierno, que busca involucrar a diversos actores armados en procesos de diálogo y sometimiento a la justicia. Sin embargo, analistas advierten que la implementación será el verdadero desafío, especialmente en territorios con baja presencia estatal, economías ilegales arraigadas y disputas entre actores armados.
La comunidad internacional y organismos de derechos humanos han saludado los anuncios como un paso alentador, aunque insisten en la necesidad de mecanismos de verificación y participación ciudadana para asegurar que los compromisos se traduzcan en transformaciones reales sobre el terreno.