LaSillaVacia – Julio César Caicedo Cano
Esta historia es parte de un especial regional llamado “Territorio Narco” liderado por la Red Transfronteriza de Ojo Público de Perú, en colaboración con La Silla Vacía de Colombia, Sumaúma de Brasil y Código Vidrio de Ecuador con apoyo de la Fundación para La Conservación y el Desarrolló Sostenible Perú y Natural Resource Governance Institute —NGRI—. En el caso de La Silla con apoyo también de la Fundación Moore.
La Dorada, como se le conoce a la cabecera municipal de San Miguel, en el paso fronterizo hacia el Ecuador por el Bajo Putumayo, está rodeada de extensos pastos de los que sale uno que otro árbol alargado, con hojas solo en la copa. Están diseñados para competir por la luz en la espesura de la selva amazónica, pero ahora parecen espantapájaros en medio de potreros y vacas.
Al principio de la carretera que va desde la zona urbana a la vereda San Carlos hay cultivos de piñas, estanques de peces, cacao y papaya, alternativas que han surgido para hacerle frente a la coca, sin mucho éxito, en buena medida por los incumplimientos del Estado y la falta de condiciones para el procesamiento y comercialización.
Diez minutos después comienzan a verse los arbustos de coca. Las carreteras se convierten en trochas y las trochas en motovías que llevan a lo más profundo de las montañas, donde la coca se destapa por completo.
San Miguel ha vivido históricamente de los cultivos de uso ilícito y ha sufrido la violencia de sus mercaderes, con casi 600 víctimas de homicidio y 200 desaparecidos en el marco del conflicto armado.
Es el noveno municipio con más cultivos de coca en Colombia, más de 3 mil hectáreas sembradas en 2023, según MinJusticia, y tres poblaciones vecinas están en el top 10: Orito, Valle del Guamuez y Puerto Asís, todas en Putumayo. Este Departamento, después de Meta, ha tenido en la última década una de las tasas de deforestación más altas.
Tras casi un año y medio de declive, el negocio está recuperándose, pero ya no es el mismo de antes. Las vacas flacas pusieron a dudar a muchos sobre el futuro de la coca, aunque el presente inmediato tampoco muestra alternativas.
Colombia corre el riesgo de la descertificación por EE.UU. dado el crecimiento de los cultivos de coca, que en 2023 aumentaron en un 10% al llegar a las 253 mil hectáreas, de las cuales Putumayo puso una quinta parte. Bajo ese panorama, esta semana es el relanzamiento de los diálogos entre el gobierno y la Coordinadora Ejército Bolivariano en La Hormiga, a 20 minutos de San Miguel. Uno de los objetivos es avanzar en un acuerdo para la erradicación y sustitución de 15 mil hectáreas, un 30% de lo que hay sembrado hoy en el Departamento.
De la Coordinadora hacen parte los Comandos de la Frontera, el grupo armado que manda en la región y está en más de 20 localidades fronterizas de Ecuador y Perú.
La Silla viajó a San Miguel para entender el clima en el que arranca esa conversación.
Las vacas flacas de la coca
En 2020, cuando arrancó la pandemia, la coca comenzó a comerse el monte a un ritmo sin precedentes en San Miguel. La crisis económica llevó a los comerciantes al campo, que no tenía las restricciones de los centros poblados.
“En la ciudad todo estaba restringido, entonces los mismos comerciantes se fueron a buscar tierras para sembrar coca. Ahí comienza una deforestación y aumenta la producción”, dice Carlos Chapuel, campesino de San Miguel y coordinador político de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam).
De acuerdo con el monitoreo de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), San Miguel pasó de tener 3.600 hectáreas de coca en 2020 a 6.700 en 2023, una tendencia creciente que se replicó a nivel nacional. Sin embargo, la ola de coca fue contenida por un muro en el mercado.
Gustavo Petro llegó a la presidencia en agosto de 2022 con la promesa de darle un giro a la política de drogas: dejar de perseguir a los campesinos y aumentar las operaciones contra los grandes capos. Su gobierno ha tenido cifras récord de incautación, aunque matizado por un aumento proporcional en las hectáreas cultivadas.
También sacudió la cúpula militar y sacó de tajo a 48 generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, lo que alteró la coreografía de los narcotraficantes en los territorios. Ese cambio, mezclado con una posible sobreoferta, hacen parte del repertorio de hipótesis para explicar que en varias regiones del país no hubiera quien comprara la coca desde finales de 2022 hasta mediados de 2024.
A 15 minutos de la Dorada comienza la vereda San Carlos. Entre los potreros y los sembrados frutales, se desprende de la vía principal un pequeño camino en el que apenas cabe una moto. Después de cruzar una pradera y un riachuelo, se llega a una casa de madera donde vive una familia de campesinos.
En el suelo y las paredes reposan los restos de la jornada de trabajo: botas de caucho, sombreros de paja y costales de fibra. El ruido de las chicharras y los pájaros entonan el ambiente de la conversación.
“Cuando llegó el nuevo gobierno se cayó la economía, estuvo duro, la gente dejó botada la coca”, dice el mayor de la familia Rodríguez*. “Ya va para un año en que no hubo comercio, ni regalada se la llevaban. A nosotros nos sirvió la finca: pepitas de cacao, maíz, plátano, yuca, gallinas… Pero a la gente del pueblo le dio más duro”, dice el más joven.
En regiones como Norte de Santander, Nariño y Putumayo, que concentran la mayoría de la coca, los campesinos estaban aguantando hambre y en los pueblos también tragaban saliva. Desde las panaderías hasta los hoteles dependen de que la plata llegue al campo y aunque no todos siembren, todos esperan la bonanza.
“Cuando se cae el producto a todo el mundo le va mal, indirectamente todos dependemos de eso. Yo tengo una empresa que es de sonido, me contratan en veredas para diferentes eventos, pero cuando se pone malo, no hay contrataciones”, dice Gustavo Cuartas, un concejal de 27 años, del partido Gente en Movimiento.
“Vea, aquí donde me ve, yo he sido taxista, mototaxista, lavador de carros, animador, maestro de ceremonias, cotero, he intentado hacer negocio, de todo. Y siempre uno depende de eso”, comenta.
Pese al repunte, y las nuevas variedades de coca, el negocio no es como antes
La crisis ya pasó y poco a poco los precios se recuperan, pero la plata no es la misma que antes porque los insumos y la mano de obra ahora son más caros.
“Es como un círculo vicioso: trabajas, cultivas, cosechas, vendes, pagas y vuelves a quedar en lo mismo”, dice Osvaldo Solarte, campesino de San Miguel y líder departamental del Moviccaap, el Movimiento Campesino Cocalero, Agrario y Ambiental del Putumayo.
La finca de la familia Rodríguez tiene seis hectáreas de coca, entreveradas con árboles de cacao y matas de plátano. Su mantenimiento depende del clima: si llueve se siembra y si hace sol se fumiga. “El que le gusta trabajar no pierde el tiempo”, dice la mujer de la casa que escucha la entrevista desde una banca cerca a la cocina.
La planta demora de seis meses a un año para dar su primera producción. Después, si se fertiliza y se fumiga cada 15 días, puede cosecharse cada tres meses, lo que le da una ventaja frente a otros cultivos como el cacao, que tarda de dos a cuatro años para dar su primera cosecha, o el café, que solo da una al año.
Si hay mucho que hacer, llegan a la casa trabajadores, la mayoría de ellos venezolanos. El jornal para labores varias está a 50 mil pesos, mientras que a los raspachines que arrancan la hoja, se les paga 12 mil por arroba recolectada. Un raspachín dúctil puede irse a casa con 150 mil pesos o más en un solo día de trabajo, si el clima les favorece.
Las hojas se pican y se revuelven con cal, combustible y químicos. Se lava un par de veces y se obtiene lo que se conoce como pasta base. Antes, la labor de los campesinos terminaba en ese punto, pero ahora va más allá.
“Ahora nos exigen más calidad, lo que le llaman el óxido”, cuenta con voz ronca el mayor de los Rodríguez. “Sacar pasta base es fácil, sacar el óxido es más complicado, hay que refinarlo con permanganato y no cualquier persona se le mide a eso”, agrega el integrante más joven de la familia. En este sector, el kilo de “óxido” está a 2,6 millones de pesos (640 dólares), mientras que el de “base” está a 1,5 (368 dólares).
Los costos son, sin embargo, altos. Al ser la gasolina uno de los principales insumos para la transformación de la coca, el alza que ha tenido ha impactado también a los cocaleros. Un barril de gasolina valía 80 mil pesos (20 dólares) en 1995, y ahora vale 800 mil (casi 200 dólares).
Incluso antes de la crisis, el margen de ganancia no era tan amplio. De acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz, la inversión necesaria para producir una hectárea de coca era de alrededor de $30 millones (7.369 dólares) y su producción se vendía en $35 (8.600 dólares).
Para hacerle frente a la carestía, los campesinos se han valido de la selección artesanal. Identifican plantas que rinden más para reproducirlas en pequeños viveros. Así han probado más de 20 variedades que van reemplazándo según su rendimiento.
A “la pecueca”, una variedad, ya nadie la quiere. Las que están de moda son “la orejona”, “la reina” y “la durita”, que permiten alcanzar un mayor porcentaje de alcaloide con menos combustible e insumos químicos. “Uno va mirando las matas y, cuando ve que una salió más bonita, coge la semilla y empieza a ensayarla”, explica el mayor.
Por eso, en San Miguel y en todo el Putumayo están reemplazando los cultivos por otros más vigorosos. Si la variedad no se da espontáneamente, toca comprar la semilla o el tallo, lo que estimula otro negocio. Una arroba de tallos de la variedad orejona puede valer hasta un millón de pesos en otras regiones como Llorente, en Nariño, donde todavía es una novedad.
Aun con la mejor genética, la plata no rinde. Solo alcanza para librar los gastos de la producción y tener una vida más o menos tranquila en medio de las precariedades de un municipio donde no hay acueducto y donde la red eléctrica solo llega al 40% de la población.
Hoy en día, los riesgos de ser perseguidos son bajos. Incluso las erradicaciones forzosas, que aún se siguen haciendo, son socializadas por los policías con los finqueros y las juntas de acción comunal para evitar confrontaciones.
“No nos sentimos atacados por ningún lado como en las épocas del 2000 cuando nos acusaban de terroristas”, dice el más veterano de los Rodríguez. “Nos afecta la Fuerza Pública porque nos quema los ranchos, pero ya no nos agreden”, agrega el joven, refiriéndose a los lugares donde procesan la hoja.
El paisaje también ha cambiado con el tiempo y está cada vez más despejado de árboles. “Antes había bastante selva, pero ya no. No hay cacería porque no se encuentra nada, ni la boruga, ni el armadillo, ni el yulo (capibara)”.
Se acabaron las montañas vírgenes y los pocos bosques que quedan no superan las dos hectáreas, a excepción de los que están en resguardos indígenas. De 2013 a 2022 se talaron poco más de mil hectáreas, según el Ideam. De acuerdo con un estudio del Centro de Estudio de Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, las bonanzas cocaleras aumentan la deforestación, no solo para cultivos de uso ilícito, sino para otras actividades como la ganadería.
A pesar del cambio, en San Carlos el sonido de la selva permanece y todavía se ven micos colorados balanceándose por los árboles que se mantienen en pie.
El poder hegemónico de los Comandos en la frontera con Ecuador
A finales de marzo, fue asesinado en La Dorada Wilmer Solarte Pascal, un líder indígena del pueblo Awá y taxista. Sin embargo, en San Miguel la sensación generalizada es de paz, después de sufrir en el pasado la guerra entre el Ejército, el antiguo Frente 48 de las Farc y el Bloque Sur de los paramilitares.
Pero la paz de hoy es impuesta por quienes pusieron los muertos en el pasado. La zona rural de San Miguel, así como buena parte de la frontera sur del país, está dominada por los Comandos de la Frontera, un grupo que surgió de la unión entre los disidentes de los frentes 32 y 48 de las Farc y miembros de la antigua banda La Constru.
Los Comandos manejan el negocio de la coca e imponen normas para que nadie se los quite. Cuando alguien las incumple, se arriesga a ser asesinado o castigado. Algunas versiones dicen que a Wilmer lo mataron por esa causa, aunque aún no hay un parte oficial ni indicios claros sobre su asesinato.
De acuerdo con la ONG Insight Crime, los Comandos controlan la coca en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Amazonas, Cauca y Nariño, y se encargan del traslado de cargamentos de marihuana y cocaína hacia Ecuador y Brasil.
San Miguel hace parte de uno de los 15 enclaves cocaleros que hay en Colombia —donde se cultiva, transforma y comercializa en escala la coca y sus derivados —, el de Frontera Putumayo, que incluye parte de los municipios de Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y un sector de Ipiales (Nariño). En 2023, este enclave concentró el 14% de la coca a nivel nacional.
Para evitar intrusos, el grupo armado impone requisitos como la carnetización y la afiliación obligatoria de los habitantes a las juntas de acción comunal. Los vecinos deben portar su carné en todo momento y los raspachines deben tener el aval de las juntas para trabajar allí.
“Aprendimos a convivir con ellos”, dice Osvaldo Solarte, de Movicapp, mientras toma tinto en la cafetería de la Alcaldía. “Uno de los acuerdos es que, para proteger a nuestra comunidad, carnetizamos a los afiliados. Cuando transitan, el actor armado les pide el carné y si los retienen la junta tiene que interceder por la persona”, explica.
“Cuando los trabajadores se van ellos tienen que entregar el carné al finquero y el finquero nos lo entrega a nosotros. Así sea por una semana, quince días o un mes de trabajo toca hacerles el carné, porque si no ellos —los Comandos— llegan a las fincas y cobran una multa de tres timbos (200 litros) de gasolina”, dice un líder comunal que pidió no ser nombrado por motivos de seguridad. “Como directivos nos toca, porque si no, el problema es pa’ nosotros”.
Las normas también buscan controlar el flujo de personal entre las diferentes veredas, tras la llegada masiva de foráneos en busca de trabajo. Incluso tienen reglas ambientales, como que no se procese la coca cerca a nacimientos de agua, dada la toxicidad de los residuos que quedan de su producción.
Si los problemas son de conducta, la sanción es con trabajo. Quien arme peleas en una fiesta, por ejemplo, tiene como castigo un fin de semana construyendo placahuellas.
Cuando otros grupos armados muestran su interés por entrar a la zona, la vigilancia aumenta y hay toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Hace dos años se temía la llegada del frente Carolina Ramírez, en ese entonces adscrito a las disidencias de alias “Iván Mordisco”, lo que masificó el uso del carné.
De acuerdo con una fuente de la zona, el año pasado la tensión vino del otro lado de la frontera. Los Choneros, uno de los grupos criminales más grandes de Ecuador, habrían incursionado un par de veces en el lado colombiano, pero la amenaza se quedó en escaramuzas.
Las condiciones actuales de la frontera son funcionales para el negocio de la coca. Los productores compran combustible ecuatoriano, que es más barato, y el río San Miguel les permite sacar la mercancía hacia Nariño y Esmeraldas (Ecuador) buscando el océano Pacífico.
El puente internacional de San Miguel no es tan transitado como el de Ipiales —el otro paso fronterizo—, porque solo está abierto de seis de la mañana a seis de la tarde. Los que sí abren 24/7 son los por lo menos siete pasos clandestinos que dejan mover cualquier cosa sin hacer preguntas, a cambio de 6 o 7 dólares. Por allí pasa buena parte del contrabando de productos como ganado proveniente de Caquetá y cacao, que se venden a mejor precio en Ecuador.
La presencia de los Comandos de Frontera en el país vecino es permanente. De acuerdo con una investigación de La Liga Contra el Silencio, publicada el año pasado, Comandos y Choneros han impuesto un régimen de terror en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, donde se establecieron para hacer minería de oro. El medio ecuatoriano Código Vidrio también reportó alianzas criminales con bandas de ese país.
Del lado colombiano no parece haber presencia permanente de grupos ecuatorianos, pero sí llegan personas de ese país a los centros poblados ofreciendo mejores precios por la base de coca que los capos colombianos.
“Llegan a La Dorada o a Puerto Colón —un corregimiento de San Miguel—, ofrecen precios más favorables, pero eso está trayendo muertes”, dice la fuente. Quien venda mercancía sin autorización o sin pagar un “impuesto” a los Comandos, puede ser asesinado o desplazado de sus tierras.
Mientras los grupos armados aprovechan la porosidad de la frontera, la institucionalidad es pasiva.
Un pequeño caserío, algunos puestos de comida y varias camionetas de transporte público anuncian la llegada al puente internacional, a 25 minutos de La Dorada. Hay una oficina de Migración y una estación de Policía, pero las demás instituciones están del lado ecuatoriano, en el Centro Binacional Fronterizo (Cebaf). En las noches, cuando cierra la frontera, la calle que lleva al puente se convierte en una cancha de fútbol para los niños del caserío, mientras por los lotes cercanos cruzan carros y motos.
“Hemos sido poco visibilizados, la apuesta es posicionarnos como paso fronterizo. Aquí no tenemos instituciones como la Dian y el Instituto Colombiano Agropecuario, ni tenemos la infraestructura”, dice el alcalde de San Miguel, Jose Jairo López.
Desde el municipio adelantan gestiones para abrir la frontera hasta la medianoche y pactar un acuerdo de hermanamiento que permita coordinar a ambos países en temas como seguridad, salud y desarrollo agropecuario. “Nosotros queremos desarrollar zonas francas para generar empleo. Ya se le ha tocado el tema al gobierno nacional, necesitamos el apoyo”, agrega el alcalde.
En la vía hacia el puente, poco a poco, se han establecido paraderos turísticos que ofrecen comida amazónica, vistas al río y miradores para contemplar la sabana amazónica.
De La Habana a La Hormiga: vuelven los aires de sustitución
La Hormiga queda a 20 minutos de La Dorada y, fiel a su nombre, parece un hormiguero con gente en constante movimiento. Es la cabecera municipal del municipio Valle del Guamuez y uno de los epicentros de la economía que mueve la coca en el Bajo Putumayo.
Ahí la tasa de homicidios en 2023 fue de 106,8 por cada 100 mil habitantes, cuatro veces la nacional.
En su zona céntrica parece que no viviera nadie, pues solo hay licoreras, panaderías, restaurantes y almacenes de ropa. Los tres pares de semáforos que hay se quedan cortos para regular el ajetreo de personas, motos y camiones.
La semana entrante, La Hormiga será la sede del relanzamiento de la mesa de diálogos entre el gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el nombre que cobija a los Comandos de la Frontera y a una escisión de las disidencias de la Segunda Marquetalia que opera en Nariño.
Los diálogos sobrevivieron a la captura de alias Andrés Rojas, alias “La Araña”, el máximo comandante de los Comandos, quien fue aprehendido en medio de las negociaciones en Bogotá por tener una orden de extradición del gobierno de EE.UU. Ahora está en el pabellón de extraditables de La Picota, esperando que el presidente Petro defina su futuro.
Uno de los asuntos que se discutirán en el nuevo ciclo de diálogos, que comienza este 7 de abril, es un acuerdo para erradicar y sustituir 30 mil hectáreas de coca, 15 mil de ellas en Putumayo, un 30% de las que hay en el Departamento según el último dato del MinJusticia. El pasado 31 de marzo hubo una reunión entre ambas delegaciones, en la que el gobierno propuso un plan piloto que incluye ingresos por 12 meses y alternativas productivas a “grandes volúmenes” para los cultivadores. Los delegados de los grupos armados “acogieron positivamente” la idea.
De entrada, cualquier nueva apuesta en ese frente tendrá que lidiar con la desazón que dejó el Programa de Sustitución de Cultivos (Pnis), que hace parte de los acuerdos que se firmaron con las Farc en 2016. A 2022, casi cinco años después, solo un 2,75% de los inscritos había recibido el total de los beneficios. En esos lugares es donde hoy se reporta mayor cantidad de cultivos, según la Unodc.
En la territorial Putumayo, que abarca los municipios del Bajo Putumayo y algunos sectores aledaños de Cauca y Nariño, alrededor del 60% de las 11 mil familias cultivadoras inscritas al programa tienen pendientes pagos para desarrollar sus proyectos productivos a largo plazo. De acuerdo con la oficina territorial de la Dirección de Sustitución, en el gobierno Duque no llegaron los pagos y el gobierno Petro comenzó a subsanar la deuda, pero la crisis fiscal tiene suspendidos los pagos a los proveedores y beneficiarios.
“Hay una resolución para entregarles rápidamente la plata a los adultos mayores, pero anteayer se murió un mayorcito esperando, estaba en mal estado de salud”, cuenta Carlos Chapuel, de Coccam. “Se ha venido entregando gotereado y eso no le da seguridad a la familia para implementar. Además, si no hay comercio para los productos, prefieren usar esa plata para pagar deudas y mejorar sus casas”.
Para Chapuel, que lleva alrededor de 20 años discutiendo el asunto, las nuevas políticas del gobierno Petro parecen más de lo mismo, pero con “palabras más bonitas”: “Si no hay garantía de recursos, de transformación y comercialización, no se puede hablar de un cambio definitivo”, agrega. Como alternativa, plantean un programa gradual que permita sustituir la coca a medida que se vayan cumpliendo los acuerdos, una opción que no ven con buenos ojos en la Dirección de Sustitución.
En la finca de los Rodríguez también son escépticos con las nuevas promesas.
“Aquí han venido varias veces. Con la estevia dijeron que la iban a comprar y fue un fracaso. Con el cacao estuvo bueno al principio, pero después no alcanzaba ni para los trabajadores. Necesitamos que haya empresas y fábricas porque si no, ¿quién va a comprar y quién va a procesar?, dice uno de los hijos.
“Si no hay un apoyo conveniente, tenemos que seguir hasta el final. No nos queda mucha plata, pero tenemos para comer, para la salud y para las cositas. Si dejamos de cultivar, ¿de qué nos sostenemos?”, concluye el mayor de la familia.
La plata de la coca sigue reemplazando la del Estado en San Miguel. En la mañana del sábado, un grupo de 10 campesinos se reúne en la vereda Chiguaco para hacer placahuella. Entre todos compran una volquetada de balastro, cada finca pone un bulto de cemento y compran las tablillas para encauzar la mezcla de concreto.
La placahuella en tiempos de invierno permite transitar por los cultivos sin atascarse en los lodazales. Poco a poco, las diferentes veredas de San Miguel comienzan a conectarse a través de estos carriles.
El recuerdo de la crisis de la coca sigue en todo caso fresco y plantea una duda existencial para los campesinos, que ya no ven ahí un futuro seguro. Eso abre una ventana de oportunidad para nuevos acuerdos de sustitución, con un gobierno que es cercano a las organizaciones campesinas.
“Nos preocupa el escepticismo, pero no vamos a comprometernos con cosas que no vamos a cumplir y estamos haciendo las cosas de la mejor forma posible”, le dijo a La Silla Armando Novoa, el jefe negociador del gobierno con los Comandos de la Frontera. Anunció que le apuntan a la posibilidad de firmar un “acuerdo mínimo de paz” antes de que termine el gobierno Petro, mientras se van cumpliendo acuerdos parciales de aquí a ese momento.
“Si llega un programa hay gente que se acoge porque sembrar coca ya no es tan rentable. Otros dicen que la coquita les ha dado todo, es un arraigo que va a ser duro cambiar”, explica Solarte, del Moviccaap.
*El apellido fue cambiado a petición de la fuente, por motivos de seguridad.