ElPais – En el Bajo Putumayo se conmemoró este sábado un año más del operativo militar que acabó con la vida de al menos ocho civiles, a quienes los uniformados pretendían hacer pasar como guerrilleros muertos en combate
Fidelina Cruz (Leguízamo, 72 años) viste una camiseta negra con el estampado de la foto de su esposo Pablo Panduro Coquinche sobre el lado izquierdo de su pecho. La usa cada 28 de marzo, cuando se uniforma con el resto de integrantes del resguardo Bajo Remanso, en las selvas del Putumayo, para conmemorar por tercer año el asesinato de quien era el gobernador indígena de ese poblado. Viaja por río tres horas en lancha desde el casco urbano de Puerto Leguízamo, donde vive desde entonces. Recorre el mismo camino que hizo su esposo horas antes de morir en un operativo militar en la vecina Alto Remanso. En el resguardo, este sábado, el pueblo se reúne para recordar al líder del pueblo Kichwa con una misa. Luego viene una procesión, con banderas y globos blancos, hasta la casa abandonada donde vivió Panduro hasta su muerte. “Este era el supuesto fusil que cargaba nuestro gobernador”, dice Lucila Bastidas, levantando el simbólico bastón de mando indígena. Sigue un minuto de silencio.
Casi a la misma hora, pero a unos dos kilómetros de distancia por la selva o el río Putumayo, Rodolfo Pama (53 años) pone sobre una base de cemento una cruz blanca que marca el punto donde cayó su hijo, Brayan Santiago Pama, de 16 años, cuando los tiros de un francotirador lo alcanzaron en el operativo. Sobre el pasto, reposa otra cruz que plantó un año después de la masacre y que el viento y el clima agreste de la selva amazónica ya tumbaron. También viajó desde Puerto Leguízamo, donde vive ahora, para recordar los tres años de la tragedia. Recorre los mismos pasos que anduvo Santiago antes de morir y dice que su homenaje es volver, cada año, al lugar donde todo ocurrió.
El 28 de marzo de 2022, el Ejército colombiano realizó un operativo militar por aire, agua y tierra. El objetivo oficial eran los Comandos de la Frontera, una estructura armada que perteneció a la sombrilla de disidencias de las extintas FARC conocida como la Segunda Marquetalia, y que hoy mantiene el control absoluto de la zona. Lejos de haber impactado a los criminales, los militares abrieron fuego en medio de un bazar comunitario con el que los pobladores recogían recursos para construir una placa-huella que los conectara con la ribera del río Putumayo. Murieron 11 personas, cuatro más fueron heridas y unas 350 salieron desplazadas. Fue la mayor masacre durante el mandato de Iván Duque y uno de los más estruendosos escándalos de su Gobierno.
El Ejecutivo reportó inicialmente a los muertos y heridos como guerrilleros alcanzados en un combate. El entonces ministro de Defensa, Diego Molano, presentó el operativo como un golpe a las disidencias; su jefe, el entonces presidente Duque, replicó el mensaje con orgullo. Pero desde entonces la Fiscalía, que aún investiga irregularidades en el operativo, ha determinado que al menos ocho de los muertos civiles estaban desarmados y en indefensión: una mujer embarazada, un líder social, un gobernador indígena, un menor de edad y otros pobladores. El Ejército ha defendido la legalidad de la incursión, pero no ha tenido pruebas para soportarlo.
Durante casi un año y medio, Alto y Bajo Remanso se convirtieron en pueblos fantasma. En Bajo Remanso, cuando la población comenzó a retornar un año después del operativo, sintieron la pérdida del gobernador más allá de su ausencia. “Nos quedamos sin profesor de lengua materna, porque él era el único que enseñaba, a niños y adultos, la lengua kichwa”, dice la abuela Gloria Condo Alvarado (73 años), la matrona del resguardo indígena. Ella, la única de la comunidad que habla esa lengua, no pudo replicar su legado porque no sabe leer ni escribir. “El único que tenía ese don era él”, dice la mayora.
También era el único médico de la comunidad y el taita que lideraba la armonía y espiritualidad del resguardo. Yarley Ramírez, quien asumió la gobernación de Bajo Remanso cuando asesinaron a Panduro, a quien llamaban de cariño ‘Pantalón’, dice que tenía la sabiduría de curar a los niños y animales enfermos. Sabía qué plantas usar y era el encargado del ritual de medicina de los indígenas amazónicos para conectarse con los espíritus. Cada 28 de marzo, en su memoria, el pueblo se prepara para una noche de remedio ancestral que prepara la abuela Condo. Pero en ausencia de un taita, piden “prestado” uno al resguardo de Puerto Nariño, para que lidere la ceremonia. El resguardo se apaga sobre las 9 de la noche mientras todo el pueblo se reúne alrededor del salón comunal. Sobre el pasto, se enciende una fogata y cada uno ubica sobre el techo las hamacas para la noche de toma de remedio o yagé.
El salón queda oscuro y en silencio. El taita eleva unos cánticos para llamar a los espíritus mientras mece con sus manos un ramo de hojas. Se detiene para fumar y soplar tabaco sobre la botella de ayahuasca y luego pide que, en fila, pasen los hombres que van a hacer la toma. Después, llama a las mujeres. Cada uno va bebiendo de un mismo totumo. Alrededor, otros indígenas mambean hoja de coca con ambil de tabaco para acompañar el encuentro. El resguardo queda en silencio, pero despierto, por unas siete horas, hasta que el taita, en la madrugada, comienza el ritual de cierre del yagé y cada uno comparte lo que la planta le mostró. Al día siguiente, la misa de conmemoración por los tres años de la masacre la lidera el padre Francis Kitavi, un párroco de Kenia que llegó a Colombia hace cuatro años para cumplir su misión aquí. Por los días del operativo militar, el sacerdote fue de los primeros en llegar a la vereda junto al obispo, a elevar un rezo por las víctimas.
En Alto Remanso, donde la mayoría de la población es campesina y no indígena, el único que conmemora la masacre es Rodolfo Pama. La mayoría de habitantes de la vereda llegaron uno o dos años después del operativo y se reorganizaron. Pama lucha por preservar la memoria de lo que ocurrió y, cada año, hace un recorrido por la vereda y reconstruye los hechos de memoria. Esta vez, en voz alta, empezó la narración del operativo desde su casa, donde estaba cuando comenzaron a sonar los disparos. Y dice que, durante el primer mes después de la masacre, en el piso se contaban por puñados los casquillos de fusil y los fragmentos de vidrios rotos de las casas que fueron impactadas. En una de las casas que más sufrió las consecuencias todavía hay pedazos de bala clavados en la madera que entraron por un costado y atravesaron tres paredes de la vivienda. En otra, uno de los tiros de fusil impactó el vidrio de una fotografía que está colgada sobre una pared. “No respetaron ni al difunto”, dice una mujer, señalando con el dedo el agujero que se clavó sobre el pecho del hombre de la foto.
Yarley Ramírez cuenta que la reconstrucción de la comunidad en ambas veredas fue a cuentagotas. Cuando asumió como gobernadora en reemplazo del asesinado Pantalón, en Bajo Remanso solo había seis familias. Ahora son 27. Tras el operativo, se desplazaron al otro lado del río, donde la selva es ecuatoriana. “Hasta los perros se montaban a las lanchas para huir mientras sonaban las balas. No entendíamos qué pasaba, pero todos, sin hablarnos, fuimos saliendo para resguardarnos”. Permanecieron escondidos durante las casi dos horas que duró la balacera. Luego, salieron por el río hacia Alto Remanso, para buscar al gobernador y a familiares que habían participado del bazar, pero cuentan que una fila de lanchas militares impidió su camino. Un día después, y a través de una emisora de radio local, Ramírez supo que el Gobierno los había señalado de ser guerrilleros.
Su hermana Derly sobrevivió al ataque porque logró resguardarse detrás de una palmera. Allí, recostada sobre el pasto, vio caer a Divier Hernández, el presidente de la junta de acción comunal de la vereda, y a su esposa, Ana María Sarrias, que esperaba un bebé. “El balazo que mató a Divier lo tumbó sobre mis rodillas, y la esposa que lo vio morir me gritaba: ‘¡Mataron a mi marido, señora! ¡Ayúdeme!”. Como pudo, Derly se tiró al río y se escabulló entre las raíces de un árbol hasta que los militares dejaron de disparar. Por casi dos años, vivió desplazada, haciendo trabajos informales, en Puerto Asís y Leguízamo. Lleva poco menos de un año de haber retornado, y ya volvió a levantar el bastón de mando de la guardia indígena, como alguacil de su comunidad.
Sin embargo, la sombra de la estigmatización se mantiene. “Cuando el Ejército lo para a uno en un retén y pregunta de dónde es, decir Alto o Bajo Remanso es casi ponerse una cruz encima”, relata Yarley. Por eso, además de hacer memoria, buscan limpiar el nombre de sus comunidades. Cuentan que han prohibido que militares entren a su territorito, y que exigen a los grupos ilegales que respeten el gobierno propio de su cabildo. Sin embargo, los Comandos de la Frontera han acaparado casi todas las poblaciones ribereñas del Bajo Putumayo.
Un defensor de derechos humanos del departamento, que pide la reserva de su identidad pues ya ha sido amenazado por ese grupo, cuenta que la más reciente medida fue exigirle a todos los líderes de juntas de acción comunal o gobernadores indígenas incluir a un integrante de los Comandos en los grupos de WhatsApp de cada comunidad. “Pasaron de estrategias de control territorial muy convencionales como los patrullajes, a controlar hasta con quién habla la gente, qué dice y cuándo lo dice”. En otros poblados más cercanos a la ciudad de Puerto Leguízamo, la gente ha denunciado que los combatientes se ubican por las noches en los tambos de las casas, el espacio vacío entre el suelo y el piso de las viviendas de palafitos, a escuchar las conversaciones. En los retenes que montan sobre el río Putumayo, la vía de comunicación de toda la región, detienen las lanchas y exigen los celulares, para luego revisar las conversaciones. El silencio impera.
A pesar de ese temor, las víctimas del operativo militar han gritado fuerte y su llamado ha llegado lejos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudia el caso, y la Fiscalía ha imputado a los 25 militares que participaron por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en persona protegida. Sin embargo, el caso no ha llegado a los mandos más altos. Juan David Ayure, uno de los abogados que lleva el proceso, narra las noticias en la conmemoración: los militares fueron enviados preventivamente a una prisión en una guarnición militar, una jueza decidió dejarlos en libertad en octubre pasado. “Tenemos información de que cinco de ellos salieron del país y están prófugos. Sus abogados han dicho, en las audiencias, que no han vuelto a tener contacto con ellos”, dice.
Mientras el proceso avanza, ninguno de los que ha pedido justicia ha estado exento de riesgos. Rodolfo Pama viaja en una pequeña canoa desde el Alto al Bajo Remanso, y susurra que hace dos meses lo amenazaron de muerte en Puerto Leguízamo. Confundieron a su hermano con él y, en un trayecto en mototaxi, un hombre le dijo que tuviera cuidado con lo que estaba haciendo para reclamar justicia por Brayan Santiago. A Yarley también le han llegado amenazas de muerte a su celular, cuando viajó en 2023 al Congreso de la República a contar lo que había pasado. “Ha sido muy duro pedir que simplemente se diga la verdad, y no sabemos hasta dónde nos va a llevar”. Se le corta la voz y se le encharcan los ojos.
En la noche de la toma de yagé, los líderes indígenas dedicaron el ritual a Pablo Panduro para que, en su honor, pudieran ganar otras luchas, como la de formalizarse como resguardo indígena ante el Gobierno. “Esa era la batalla de Pantalón cuando lo asesinaron”, dice su esposa Fidelina. Otro guardia indígena dice, en medio del desayuno, que Panduro llegó para su conmemoración. “Anoche vino ‘Pantalón’ y se sentó aquí a afilar su machete pa’ irse a trabajar. Estaba sentado al lado del taita. Se nos aparece cada 28 de marzo”.