URestitución – Son 19 familias indígenas que recuperan sus derechos territoriales, gracias al fallo de un juzgado especializado.
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con enfoque étnico de Mocoa, Putumayo, emitió una histórica sentencia en favor del Resguardo Indígena San Gabriel de Fragua, perteneciente al pueblo originario Inga y ubicado en el municipio de Piamonte, departamento del Cauca.
El juez Juan Jacobo Burbano Padilla resolvió a favor de 19 familias, que recuperan así el ejercicio pleno de sus derechos territoriales, vulnerados en el contexto del conflicto armado. El fallo beneficia a 62 personas que habitan en 24 hectáreas, y que tuvieron el acompañamiento, durante siete años, de la Dirección Territorial Putumayo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Con esta, ya son cuatro sentencias étnicas en la jurisdicción de esta territorial, que cubre dicho municipio caucano. Durante lo que va del Gobierno del Cambio, bajo la dirección del mayor Giovani Yule, la URT ha logrado dos sentencias en esa región del país.
Las comunidades ancestrales Selvas del Putumayo, del pueblo Inga, y Tenteya, del pueblo Zio Bain, ubicadas en Orito, fueron restituidas en 2017. En la presente administración, obtuvieron la restitución el Consejo Comunitario Villa del Río, en Puerto Caicedo (Putumayo), a finales del año pasado, y ahora el Resguardo Indígena San Gabriel de Fragua, el 6 de marzo de 2025.
La directora territorial de la URT en Putumayo, Diana Silva Montealegre, manifestó que “esta importante decisión ordena la restitución de los territorios sagrados del pueblo Inga, afectado gravemente por la guerra. Restituirlos implica un proceso articulado del Estado para garantizar el desarrollo armónico de su cultura, su medicina tradicional y la recuperación, también, de los usos y costumbres que los conecta con la Madre Tierra”.
Entre las órdenes judiciales, se destacan la que compete a la URT con la entrega simbólica, que debe hacerse en el territorio colectivo, en una ceremonia especial, conjunta, concertada y liderada por las autoridades del resguardo, donde estén presentes las entidades concernidas en el fallo.
Así mismo, se ordena a la Fiscalía General de la Nación que, de forma inmediata, adelante las actuaciones tendientes a investigar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas contra los miembros de del Resguardo Indígena San Gabriel.