ElColombiano – La Corte Constitucional eliminó las restricciones que impedían la libre circulación de aguardientes entre departamentos, afectando el monopolio licorero y abriendo el mercado.
La reciente decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional la potestad de los gobernadores para limitar la comercialización de aguardientes de otras regiones marca un antes y un después en el mercado licorero colombiano.
La medida, establecida en el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, permitía a los departamentos suspender permisos de introducción para proteger la producción local. Sin embargo, ahora los consumidores podrán elegir libremente la marca de su preferencia sin importar su lugar de residencia.
En ese orden, según la Federación Nacional de Departamento, el impacto directo recae sobre ocho empresas que producen licores, incluyendo la Licorera de Antioquia, porque son ocho departamentos (Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Santander, Tolima y Valle del Cauca) con marcas de aguardiente.
Pero también hay siete restantes que lo ejercen de manera directa a través de contratación con terceros, como Caquetá, Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Nariño y Putumayo.
Ahora estos departamentos podrán poner sus botellas en los estancos, discotecas, supermercados y tiendas de otras regiones sin ningún problema.
Un monopolio con raíces coloniales
El monopolio de los licores en Colombia es un legado de la época colonial. La Constitución de 1991 estableció un régimen único que se concretó en la Ley 1816 de 2016. Esta normativa permitía a 24 departamentos ejercer el monopolio sobre la introducción de licores destilados, otorgando permisos por 10 años, renovables.
Además, 15 departamentos mantienen el monopolio sobre la producción, ocho de ellos a través de empresas en las que el gobierno tiene participación y siete mediante contratos con terceros.
Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), argumentó que estos monopolios generan rentas clave para la financiación de salud y educación. De hecho, el 51% de estos ingresos debe destinarse a estos sectores, con un 37% para salud y el resto para deporte.
El impacto de la decisión
La Corte consideró que las restricciones vulneraban principios constitucionales como la libre competencia y la libertad de elección de los consumidores.
Los abogados Jorge Enrique Sánchez, Pablo Felipe Robledo y Julio Andrés Ossa, quienes interpusieron la demanda, argumentaron que estas medidas favorecían artificialmente a las licoreras locales, afectando el abastecimiento y la competitividad del mercado.
La decisión se basa en que las normas eliminadas restringían por completo la posibilidad de elegir aguardiente de otras regiones, lo que impactaba negativamente el dinamismo del mercado.
Esto se suma a una tendencia reciente: aunque en los últimos ocho años aumentó la demanda de ron, desde 2021 el aguardiente ha vuelto a ganar terreno.
Con este fallo, las licoreras nacionales enfrentarán una competencia más fuerte y podrían verse obligadas a mejorar sus estrategias comerciales. Mientras tanto, los consumidores tendrán mayor variedad de opciones sin restricciones artificiales.
Juan Alberto Castro Flórez, director de la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras, señala que el consumo de licor en Colombia es de 4,1 litros per cápita, lejos del promedio de 8,6 litros de la OCDE. Además, destaca que no solo en Colombia existen monopolios licoreros: en Canadá, provincias como Ontario y Quebec también controlan la distribución a través de empresas públicas.
Según datos del mercado del aguardiente, la venta de unidades de 750 ml ha mostrado fluctuaciones significativas. En 2016, se comercializaron 79,9 millones de unidades, cayendo a 26,1 millones en 2020 y recuperándose a 45,2 millones en 2023.
Además, la aplicación de salvaguardias afectó directamente las ventas, reduciendo en un 21% el volumen en algunos departamentos.
Por otra parte, la disputa por la venta del aguardiente Amarillo de Manzanares, producido por la Industria Licorera de Caldas, finalmente llegó a su fin.
Durante años, su comercialización estuvo prohibida en el 67% del país, generando tensiones en el sector. Sin embargo, la Corte puso punto final a los bloqueos y dio vía libre para su venta en todas las regiones de Colombia.
“A partir de este momento, el aguardiente Amarillo podrá circular por cualquiera de los departamentos del país”, anunció Robledo, destacando que la decisión fomenta la libre competencia y elimina las restricciones impuestas por los gobernadores para frenar la distribución de esta popular bebida.