El 18 y el 19 de enero, en zona rural de Calamar, Guaviare, hubo enfrentamientos entre el Bloque Amazonas, que comanda alias “Iván Mordisco” y la estructura Jhon Linares liderada por alias “Calarcá”. Asesinaron a 20 personas, entre ellas, seis menores de edad. La noticia pasó de agache ante la magnitud de la crisis del Catatumbo, pero fue un banderazo de otra guerra en ciernes en el país.
Más de una veintena de municipios están en riesgo en la región amazónica. Cartagena del Chairá y Solano en Caquetá, Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán en Putumayo, y Mesetas en el Meta, además del Área no Municipalizada de Puerto Santander en el Amazonas están en riesgo extremo, según la Defensoría. Ya se han presentado combates en esos lugares.
“El Bloque Amazonas (comandancia de ‘Iván Mordisco’) ha irrumpido en territorios hegemónicamente controlados por ‘Calarcá Córdoba’ y este, a su vez, en aquellos dominados por el primero, dando comienzo a las confrontaciones”, dice la alerta.
El Bloque Amazonas, de “Mordisco”, es fuerte en el centro y oriente del Guaviare, mientras que los hombres de “Calarcá” tienen como retaguardia el occidente, además del Caquetá y el sur del Meta. En Putumayo, las alertas son por la disputa entre los Comandos de Frontera, al mando de alias “Araña”, (se separaron de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez) y el frente Carolina Ramírez, que a su vez se dividió en dos: una parte se fue con “Mordisco” y otros con “Calarcá”, en lo que ahora se conoce como el frente Raúl Reyes.
En agosto de 2024, alias “Iván Mordisco” le declaró la guerra a su antiguo aliado, alias “Calarcá”, y se apartó de las negociaciones de paz con el gobierno. “Calarcá” sigue en la mesa y mantiene un cese al fuego con la Fuerza Pública. Ambos grupos han usado la deforestación como un arma de guerra. Presionan que se dispare o que se reduzca al vaivén de las negociaciones con el gobierno.
Ese contexto ha agudizado el problema de seguridad que enfrentan los guardabosques de Parques Naturales. De las 11 áreas protegidas ambientalmente en la Amazonía, nueve (el 81%) tienen problemas serios de orden público, de acuerdo con la dirección territorial. Las más complejas son los Parques Cahuenarí (Amazonas), La Paya (Putumayo) y algunas partes del Yaigojé (Amazonas), además de la Reserva Nukak en el Guaviare.
En esas zonas las cabañas características de la entidad están desmanteladas.
Otras regiones, como el Parque Alto Fragua (Caquetá) y la Serranía de los Churumbelos (Entre Cauca, Putumayo, Caquetá y Huila) tienen áreas restringidas. En la zona de transición entre la Amazonía, la Orinoquía y los Andes, hay otros como La Macarena, Tinigua y Los Picachos también afectados.
“Nosotros tenemos planes estratégicos y se empiezan a implementar acciones, pero buena parte de las veces tenemos que suspender el trabajo con las comunidades, porque vuelven a presentarse situaciones complicadas”, dijo Jenny Cueto, directora de la Territorial Amazonía.
Áreas protegidas como la reserva Nukak, La Paya y una parte de Chiribiquete han tenido presencia histórica de actores armados. Pero fue después del Acuerdo de Paz, tras la emergencia de grupos disidentes, que se complicó aún más la labor de los guardabosques. En Miravalle, la zona del enfrentamiento que dejó 20 muertos, se suspendieron las actividades.
“La ausencia de parques nacionales hace que las actividades ilegales se fortalezcan y haya más presión sobre áreas protegidas. Al no poder estar ahí, no se puede gestionar la conservación de esas áreas”, dice Cueto. Han tenido que buscar espacios en los cascos urbanos o alianzas con organizaciones comunitarias para poder tener algún alcance en esos lugares.
De acuerdo con una persona que trabajó en Parques Nacionales durante los últimos cinco años, quien pidió la reserva por seguridad, la Operación Artemisa repercutió negativamente en la seguridad de los funcionarios. El presidente Iván Duque emprendió una operación militar con la camisa de Parques puesta, literalmente. Eso metió a todos los que portan la insignia en la disputa.
“Los operativos, en 2021 y 2022, hicieron que la percepción negativa al sistema de parques aumentara porque nos veían de la mano con los militares, eso nunca ha sido así”, dijo la fuente.
De hecho, según la fuente, en el área no municipalizada La Pedrera, al borde del río Caquetá y cerca de la frontera con Brasil, hay una cabaña de Parques Nacionales que permanece abandonada, a pesar de que tiene una base militar al lado: “Es increíble que habiendo una base tan grande nosotros no podamos entrar”.
Las corporaciones autónomas también enfrentan amenazas y vetos. En la Amazonía operan tres: Cormacarena, Corpoamazonía y la Corporación del Norte y el Oriente Amazónico —CDA—.
“La afectación ha sido terrible porque no dejan ingresar al territorio. Están utilizando varias estrategias para deforestar, entre ellas el veneno. Lo esparcen con drones para secar árboles y después los tumban con maquinaria”, le dijo a La Silla Óscar Vargas, director de la CDA.
“Estamos vetados de San José para abajo. Los funcionarios no se pueden colocar nada, no hay motos, no hay camionetas, no pueden usar logos ni cachuchas”, dice Vargas. “En el mejor de los casos, nos aborda una moto y nos hace devolver”. Por eso, reprocha que las corporaciones autónomas no tengan participación en las mesas de diálogo que tiene el gobierno con los bloques de alias “Calarcá”.
Los grupos armados también están afectando las labores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) para actualizar el catastro multipropósito, que busca mejorar la información de los predios en la región: su área, propietarios, linderos, y dar mayor seguridad jurídica. En zonas rurales de Caquetá, Putumayo y Guaviare han tenido limitaciones para levantar la información.
“Los focos de violencia en algunos casos generan desconfianza, lo que puede obstaculizar la colaboración necesaria para llevar a cabo los trabajos del Igac”, respondió el Instituto por escrito. Como alternativa, han tenido que acudir a imágenes a través de satélite, tomas aéreas y cruces con otras fuentes de información.
El año pasado, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad dijo que una de las razones que explicaba un aumento de la deforestación en el primer trimestre de 2024 fue que las disidencias le exigieron a las comunidades dejar de cooperar con el programa Conservar Paga, una de las principales estrategias del gobierno para frenar la deforestación.
“Las amenazas y coacciones de grupos armados a los presidentes de juntas, así como a funcionarios del Sistema Nacional Ambiental, se está convirtiendo en una traba”, dijo.
Las ONG trabajan en tensa calma
En la región trabajan al menos 10 grandes ONG que tienen como fin la conservación de la biodiversidad. Cada una invierte entre 600 mil y 8 millones de dólares al año en programas de restauración de ecosistemas, alternativas económicas que no deterioren el ambiente, conservación ambiental, entre otros. Ellos también han visto limitado su trabajo por momentos.
“La gente se asustó muchísimo porque fueron varios días de enfrentamientos y no están acostumbrados a eso. En otros departamentos es común, pero aquí no”, dice un funcionario de una organización que trabaja en casi todo el Guaviare, incluido Calamar, donde las disidencias de “Calarcá” y las de “Mordisco” se enfrentaron. La fuente pidió no ser citada por temor a represalias de los armados.
“Una cosa es saber que se separaron (las disidencias) y otra cosa es ver el conflicto, eso hasta ahora sucede”, agrega.
La entidad cuenta con protocolos de manejo para situaciones de conflicto y eso les ha servido hasta ahora para no sufrir una afectación directa de los grupos armados. “Tenemos precauciones adicionales, estamos atentos a cualquier situación de riesgo que la gente plantee. Si la gente nos dice que hay un riesgo, no nos ponemos de superhéroes”, dice.
Otra de las zonas rojas es Solano, a seis horas en lancha y cuatro más a pie desde Florencia, Caquetá. De acuerdo con una fuente de otra ONG que trabaja en la zona, quien pidió la reserva de su nombre por seguridad, el segundo semestre del 2024 fue crítico.
“Septiembre fue muy tenso. Las disidencias empezaron a llamar a la gente de las veredas de todos los municipios para encontrarse con ellos. Incluso cerca a Florencia, a 30 ó 40 minutos”, dijo. “Ese mes no pudimos entrar a Solano”, dijo.
“Eso frena los procesos y los dificulta, pues la gente pierde la confianza”, agrega la fuente. Dice que la situación fue inédita en los últimos cinco años. Sin embargo, este año la tensión ha disminuido y han podido realizar sus actividades.
Un trabajador de Amazon Conservation Team (ACT), quien habló bajo la condición de mantener su nombre bajo reserva por seguridad, advierte que el recrudecimiento viene de años anteriores. Dice que la reconfiguración del conflicto, ocasionada por la salida de las Farc en 2016 tras el Acuerdo de Paz, y la Operación Artemisa fueron los parteaguas de la situación actual.
“Se están reactivando las trochas para mover elementos ilegales y llevarlos a Brasil y otras partes. Eso ha hecho el trabajo más complejo”, dijo. En ACT sostienen diálogos permanentes con autoridades indígenas, quienes suelen avisarles a los grupos armados que las organizaciones van a entrar al territorio para que respeten sus actividades. A pesar del recrudecimiento, como en los otros casos, dice que hasta ahora no han tenido que parar sus actividades.
En otra región de la Amazonía, entre el sur del Vichada y el Departamento del Guainía, sobre la frontera con Venezuela, el riesgo ha aumentado por cuenta de la minería.
“Hay zonas donde ha empeorado, pero no responde a un gobierno específico, es más complejo que eso. El problema es el crecimiento de los intereses asociados a la minería” dice Antonio Loboguerrero, director de la Fundación Etnollano, que apoya a comunidades indígenas en esa zona.
“No es una afectación permanente, pero sí entorpece. A veces tenemos que mover un viaje y hay más tensión en los equipos de trabajo, porque hay gente que teme desplazarse por los ríos. Yo respondo por un grupo grande que entra a territorios donde no ha pasado nada, pero puede pasar”, agrega.
Las cifras de seguridad muestran que 2022 fue el peor año, pero se mantienen altos los homicidios, masacres y confinamientos. Según el Mecanismo de Monitoreo de Riesgos de la JEP, en 2024 hubo 144 homicidios selectivos en los seis departamentos que son completamente amazónicos: Amazonas, Vaupés, Putumayo, Guaviare, Guainía y Caquetá. En 2023 hubo 133 y en 2022, 244, casi 70% más. El año pasado hubo también diez masacres, dos más que en 2023 y cuatro menos que en 2022.
La Silla está a la espera de las respuestas del Ministerio de Defensa y de los gobernadores de los departamentos para conocer su perspectiva de la situación de seguridad en la región.