ElEspectador – A pesar del pacto firmado con las Farc en 2016, la paz no ha llegado a la selva andino-amazónica de Putumayo. Por el contrario, se han consolidado, a los ojos de un grupo de investigadores, tres tipos de guerras, cada una con sus particularidades, que suceden al mismo tiempo en el departamento.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Durante una conversación informal en Bogotá con un activista ambiental de la Amazonia, a Juan Antonio Samper se le quedó en la mente una frase: “Todos decidieron declararle la guerra al bosque”. Esa misma idea terminaría siendo el título del artículo de investigación que publicó hace unas semanas en la revista Ecology and Society.
Samper es abogado, tiene una maestría en Estudios Ambientales y se encuentra realizando un doctorado en el Centro de Estudios de Sostenibilidad de la Universidad de Lund, en Suecia. Él, junto a Jesica López y Torsten Krause, también investigadores de dicha institución, tomaron como base para su estudio las notas de campo y entrevistas que ellos hicieron a líderes comunitarios, miembros de movimientos sociales, académicos, funcionarios estatales y autoridades políticas, tanto étnicas como rurales, de Putumayo.
En su artículo afirman que, así como en otras partes de Colombia, en esta región andino-amazónica la paz territorial, tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, se parece más a un proceso de pacificación, en el que se sigue ejerciendo violencia, ya sea ambiental o social.
De acuerdo con Samper, hay una serie de proyectos en curso que, escudados en el concepto de paz territorial, han silenciado algunos tipos de oposición. En el artículo, por ejemplo, se refieren a la idea de que estos procesos de paz son una forma de llevar desarrollo económico e inversión extranjera a la selva, lo cual ha implicado un respaldo jurídico para que allí se realicen grandes proyectos internacionales agroindustriales y extractivistas con afectaciones a la Amazonia.
Bajo esta lógica, analizando la relación entre el medio ambiente y la construcción de paz, el grupo de investigación diferenció tres tipos de guerras contra la selva en el departamento de Putumayo, cada una con sus particularidades y que, dicen, están sucediendo de manera simultánea.
Los árboles que se pierden
La primera guerra, dice Samper, tiene que ver con la deforestación, pues “ha habido un incremento notorio de este fenómeno, particularmente intenso desde 2016”. Según las cifras de monitoreo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante ese año se perdieron 178.597 hectáreas de bosque en Colombia, representando un aumento del 44% en comparación con 2015.
En 2017, el panorama fue aún más preocupante y desalentador: 219.973 hectáreas se deforestaron en el país, es decir, un 23% más que en 2016, siendo la cifra más alta desde que se tiene registro. De esa deforestación, el 65% se reportó en la Amazonia colombiana, y los departamentos más afectados fueron Caquetá, Guaviare y, precisamente, Putumayo.
“Ubicado en la intersección de la Cordillera de los Andes y la llanura amazónica, el territorio de Putumayo es ecológicamente significativo y, al mismo tiempo, vulnerable a las presiones de la deforestación”, explican Samper y su equipo en el artículo. “Al igual que en otros territorios andino-amazónicos, una parte se encuentra en la frontera agrícola y otra en la Amazonía. Por lo tanto, la expansión de pastizales y, en menor medida, de cultivos de uso ilícito, le hacen la guerra al bosque de Putumayo”.
Pero, ¿por qué se dio una escalada de la deforestación después de la firma del pacto con la guerrilla? El investigador colombiano Paulo Murillo Sandoval, a quien se cita en la investigación de Samper, explicaba hace un tiempo una de sus hipótesis, como contamos en El Espectador: cuando las FARC tenían presencia en los territorios, los cambios que hubo en el sistema de tierras fueron “casi inexistentes”, así que la deforestación fue “relativamente estable”.
Esto podría indicar que, tras la desmovilización del grupo armado, a las zonas que este ocupaba empezaron a llegar otros actores, con sus propios intereses particulares, y las dinámicas sobre la tierra cambiaron. En todo caso, Samper, López y Krause subrayan que las causas de la deforestación son complejas y estructurales, y que, además, están profundamente relacionadas con la tenencia de la tierra y el control territorial en el que participan varios actores.
“Guerra verde”
De acuerdo con los investigadores de la Universidad de Lund, existe una creencia generalizada de que los cultivos de coca para uso ilícito son el principal motor de la tala del bosque. Incluso, esta ha sido una idea que ha manifestado el Gobierno en su Mesa Nacional de Lucha contra la Deforestación en la Amazonia, específicamente en la de 2023.
Pero desconocer las demás causas y matices de este fenómeno ha llevado a iniciar lo que los académicos denominan como una “guerra verde”, una batalla contra la deforestación que, mencionan, “no es más que la continuación de una larga historia de estatalidad belicosa, una nueva iteración de las guerras anteriores contra las drogas y el terrorismo”.
Ejemplo de ello es, según el estudio, la Operación Artemisa, una estrategia que fue declarada durante la presidencia de Iván Duque como acción permanente para, según se planteaba, combatir la deforestación. En la ejecución de esta medida participaron funcionarios de la Fiscalía General, el Escuadrón Móvil de Carabineros, la Policía, el Ejército Nacional, entre otros.
Artemisa ha sido fuertemente criticada por no atacar el problema de raíz, como señaló la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, en 2022. Según los investigadores, con la operación se recicló la estrategia de construir un enemigo interno: “El deforestador reemplaza al narcoterrorista, que anteriormente había reemplazado al comunista”.
El problema, explica Samper, es que Artemisa resultó criminalizando a un sector del campesinado que, en últimas, ha sido el eslabón más vulnerable de la cadena de deforestación, pues no es el que determina la tala ni obtiene la mayor renta de ese ciclo económico. Así lo han revelado varias investigaciones y testimonios.
“¿Y qué pasa con los terratenientes y grandes deforestadores?”, dijo hace un par de años un líder social del municipio El Retorno, en Guaviare, a El Espectador, refiriéndose a la estrategia. “A ellos nunca los judicializan; es a nosotros, a los campesinos. En cambio, a los grandes terratenientes, que llevan cuatro o cinco años y ya han tumbado hasta mil hectáreas, no les hacen nada”.
Sin embargo, en esta segunda guerra de Putumayo, que se emprende bajo un lema en contra de la deforestación, el Estado no ha sido el único en desplegar acciones militares. En ella también han participado grupos armados al margen de la ley que usan un lenguaje basado en la defensa del territorio, según el estudio. Por ejemplo, casi dos docenas de panfletos difundidos entre 2021 y 2023 dan cuenta de este discurso por parte de Comandos de la Frontera, un bloque que en noviembre se separó de la disidencia de las FARC, denominada la Segunda Marquetalia.
Aunque este grupo armado ha buscado ser reconocido como políticamente beligerante, no se ha declarado en conflicto con el gobierno de Colombia. Esto, dicen los investigadores, puede ser una estrategia para obtener beneficio del proyecto de Paz Total de Petro, aunque mantenga su principal interés de vender pasta de coca, “incluso si para ello deben obligar a comunidades enteras a sembrar cultivos de uso ilícito y descartar los programas de sustitución”.
La narrativa sobre la selva
La tercera guerra a la que se refieren los investigadores en su artículo es, quizá, la menos evidente, y por lo tanto podría ser un poco más compleja de entender. En primer lugar, Samper aclara que no se trata de un conflicto armado ni violento, al menos físicamente, sino que esta es una guerra discursiva, relacionada con la manera en que se narra el territorio de Putumayo.
Desde una mirada externa, la Amazonia puede parecer un “ruido verde impenetrable”, un vasto dosel “románticamente idealizado a pesar de sus crudas y duras condiciones”. Sin embargo, la realidad es que, históricamente, el ser humano ha habitado esta región y ha creado allí sus propios modos de vida, aprendiendo a convivir con la selva y a entablar un sistema de intercambio con la misma.
Durante un taller sobre deforestación al que asistió Samper, una abuela y curandera del pueblo indígena Kamëntšá dijo: “Tal vez debamos preguntarnos qué es la selva amazónica. Esta, de hecho, es un sistema de producción, una fuente de vida, de alimento y medicina. Tiene que ser apreciada, cuidada, cultivada”. De ese modo, son muchos los pueblos afrocolombianos, indígenas y las comunidades campesinas que dependen de este bioma, a la vez que buscan protegerlo.
El problema es que en las agendas políticas se ha introducido, más que el concepto de “selva”, el de un “bosque” que debe ser manejado con ciertas técnicas de desarrollo y de caminos hacia la economía, según explica Jesica López, otra de las autoras de la investigación, quien es bióloga ambiental, tiene una maestría en Gestión Forestal y de la Naturaleza, y recientemente culminó sus estudios del doctorado en Uso Sostenible de la Tierra de la Universidad de Lund.
Distinguir entre un ecosistema tan amplio y biodiverso como la selva de uno menos complejo como el bosque es fundamental, sobre todo en Putumayo, de acuerdo con la investigación. En las oficinas centralizadas de poder en las que se establece un control sobre el bosque se pierden un poco de vista, precisamente, las relaciones intrínsecas que las comunidades han forjado con ese espacio y sus luchas particulares, afirma López.
Para ilustrar esto, Samper cuenta que en el departamento, desde mediados de los 90, ya ha existido una determinada historia de movilización social y de construcción de paz. En específico, menciona al Plan de Desarrollo Integral Andinoamazónico (PLADIA), una política pública enfocada en la defensa de la vida. Pero, con la llegada del Acuerdo de Paz y sus enfoques en desarrollo territorial y sustitución de cultivos ilícitos, el PLADIA, elaborado gracias a las organizaciones sociales de Putumayo, pasó a un segundo plano. “La estrategia comunitaria fue abandonada a medida que diferentes bases sociales intentaron ser incluidas en los nuevos programas del acuerdo”, se lee en el estudio.
“Este artículo es un esfuerzo para girar esa moneda. Con base en la preparación de las comunidades y su relación con la selva, que es un territorio integrado, ecológico y espiritual, es como el Gobierno debería escuchar”, subraya López.
Por su parte, Samper agrega: “La paz territorial se parece mucho más a aquel objetivo cuando estamos verdaderamente poniendo sobre la mesa, no la visión de “territorio” del Estado, no la visión de “territorio” de un grupo armado, sino la visión el “territorio” de las comunidades que llevan largos procesos de defensa. La región andinoamazónica es uno de esos lugares que por sus características físicas, pero también sociales, debe tener un enfoque muy particular en la forma en que se articulan las políticas de paz y de medio ambiente”.