La funcionaria pública es investigada por la desaparición de más de 100 millones de pesos, según la Fiscalía General.
Nidia Marizabel Becerra Marín, exalcaldesa del resguardo indígena Inga, en el departamento de Putumayo, enfrenta una investigación por presunta apropiación indebida de 130 millones de pesos.
Los hechos se remontan a 2018, cuando dichos recursos estaban destinados a la reconstrucción del sistema de acueducto de su comunidad.
Según las pruebas recolectadas durante la investigación, Becerra Marín no justificó el uso de los fondos asignados para este proyecto.
Informes de la Policía señalaron que el dinero, depositado en una entidad financiera, fue retirado de manera progresiva mediante cheques firmados por la exalcaldesa como titular de la cuenta. Esta información quedó confirmada a través de los extractos bancarios solicitados por las directivas del resguardo indígena.
Como resultado de las evidencias presentadas, agentes de la Policía Nacional capturaron a Becerra Marín en el municipio de Orito, Putumayo. Las autoridades presumen que la procesada utilizó los fondos para fines distintos al proyecto original, afectando directamente a la comunidad Inga, que sigue enfrentando dificultades por la falta de un sistema de acueducto adecuado.
Durante la audiencia ante un juez de control de garantías en Puerto Asís, la Fiscalía General de la Nación imputó a la exalcaldesa el delito de peculado por apropiación. Este cargo, considerado grave dentro del Código Penal colombiano, implica penas severas para quienes se apropian de recursos públicos destinados al bienestar colectivo.
El caso ha generado indignación en la comunidad indígena, que exige justicia y transparencia en el manejo de los recursos destinados a mejorar sus condiciones de vida. Mientras tanto, Becerra Marín permanece a disposición de las autoridades mientras se adelantan las diligencias judiciales para determinar su responsabilidad en los hechos.