Desde la Unidad territorial de la Unidad para las Víctimas en Caquetá, Huila y Putumayo, indicaron que aprobaron el plan de acción territorial, con una cifra de $117.000 millones, cuyo objetivo es el de implementar la política pública de víctimas en el marco del cuatrienio.
Ahora, cabe recordar que, desde el Gobierno Nacional, están priorizando a las personas que tienen enfermedades catastróficas o ruinosas y a mayores de 68 años de edad y en condición de discapacidad, es denominada ‘Ruta Prioritaria’.
Metas no cumplidas
En este sentido y al entregar el ‘Sexto informe al Congreso de la República sobre la implementación del Acuerdo de Paz’, la Procuraduría General de la Nación sostuvo que aún persiste el incumplimiento de las metas de reparación colectiva a las víctimas, así como de reubicación de la población desplazada como consecuencia del conflicto armado.
En el documento, en el que se analizó el avance de los seis puntos del Acuerdo entre abril de 2023 y marzo de 2024, el órgano de control indicó que las víctimas siguen encontrando dificultades para acceder a las ofertas de reparación destinadas para ellas en las zonas rurales dispersas.
Además, la entidad reiteró la importancia de lograr una mayor articulación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con las medidas de reparación integral para las víctimas de desplazamiento forzado, pues de las 33.007 iniciativas planteadas en los PDET, solo el 0,5 % se cruzan con acciones de los Planes de Retorno y Reubicación.
Y sobre la formalización de tierras, el informe registró que de siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad el avance logrado hasta el momento es del 35,8 %.
Mujeres y LGBTIQ+
En este sentido, la Procuraduría consignó que se siguen presentando rezagos en la reparación a las mujeres y a las personas con orientación sexual e identidad de género diversa que fueron víctimas del conflicto y, además, advirtió que la información reportada por algunas de las entidades encargadas del tema no permite reconocer en su totalidad las orientaciones sexuales e identidades de género de los beneficiarios.
En relación con el proceso de reincorporación social y económica, evidenció inestabilidad en los contratos de vivienda suscritos dentro de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), donde se identificó un alto número de procesos, que no han sido ejecutados al enfrentar obstáculos de carácter administrativo o de seguridad en los territorios.
Firmantes asesinados
Y sobre las garantías de seguridad, el Ministerio Público, señaló que se han incrementado las afectaciones a los firmantes de paz que actualmente cuentan con medidas de protección. No obstante, reconoció importantes avances en ese tema, como la adopción del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, así como el incremento de mujeres en los cuerpos de seguridad.
Y en relación a las afectaciones dejadas por orden público en la región, Johana Elena Rojas, defensora del Pueblo-Seccional Huila, realizó una exposición de estos hechos en la Asamblea Departamental: “hay que recordar el desplazamiento forzado que se dio en el municipio de La Plata en el año 2023. Y el confinamiento es una forma de violencia despiadada, imagínense ustedes estar en un lugar recóndito del Departamento y de pronto no poder tener vías de acceso para alimentación, agua, ni nada de lo vital que nosotros necesitamos para nuestro día a día y está pasando, ocurre en los límites del Caquetá, en el centro poblado de El Pato. El periodo pasado tuvimos la llegada a Neiva de 22 núcleos familiares”.
“Y por último y no menos importante son las amenazas, los homicidios selectivos en una población focalizada, los firmantes de paz, hemos tenido 13 asesinatos de personas que suscribieron el Acuerdo de Paz, no sabemos que estaba pasando con ellas. Estamos en un enfrentamiento ideológico que nos está costando la vida”, reveló la abogada.
Solicitan tierra
Todo está consolidación se encuentra reglamentada en los seis puntos del acuerdo firmado en La Habana, Cuba, entre el Gobierno del en su momento presidente de la República, Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc.
“Ahí podemos encontrar la Reforma Agraria Integral, que es dar tierra a quienes no tienen, para quien tenga poca o para el que la necesite y nosotros solicitamos predios para trabajar, y aquí van a quedar reglamentadas esas medidas. La Mesa va a quedar dividida en tres secciones, la primera es para valorar el estatuto, y en el mes de diciembre para la aprobación, y ya en el 2025 implementar los planes”, destacó el vocero.
“Hay que dejar claro esto ha sido un esfuerzo de todos, del trabajo de algunas organizaciones amigas para poder llegar acá hoy, a dejar la Mesa constituida. Cada departamento quedara con una, y en cuanto a las necesidades, son las mismas que tiene el campesinado, porque siempre he dicho que el proceso de paz, no solo fue para los $14.000 firmantes, sino que beneficiará a gran parte de la población colombiana. La importancia de la Mesa, es verificar que se cumpla lo que está establecido en el acuerdo de paz”, dijo Jorge Bermeo.
Las recomendaciones
Asimismo, el Ministerio Público, también llamó la atención porque el Plan de Atención Inmediata (PAI) sigue siendo el único componente implementado del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), “lo que evidencia un programa que continúa enfocándose en soluciones individuales, en lugar de la transformación territorial integral y colectiva que requieren las zonas afectadas por los cultivos de uso ilícito”.
En el desarrollo del informe, la Procuraduría evaluó el impacto de 451 recomendaciones emitidas por el Ministerio Público en el Quinto Informe, las cuales estuvieron dirigidas a cerca de 80 entidades e instancias responsables de su ejecución, de las cuales el 49 % (177) fueron acogidas totalmente, el 33 % (121) aceptadas parcialmente, y el 18 % (64) no fueron tenidas en cuenta.
En el plano regional
Por su parte, Lesdy Marlodi Rodríguez, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Caquetá, Huila y Putumayo, manifestó. “Realizamos el Comité Territorial de Justicia Transicional, en el marco del cual aprobamos el plan de acción territorial con una cifra histórica, son más de $117 mil millones, dispuestos para la implementación de la política pública de víctimas en el marco de este cuatrienio. También, queremos destacar desde la dependencia que representó, la disposición de la Administración, en acatar la recomendación vinculada con las estrategias para la implementación de estos recursos y sea de manera concertada con las comunidades étnicas, vamos a tener unas mesas diferenciadas con pueblos indígenas, comunidades negras con enfoque diferencial y de esta manera, desde las diferentes instituciones que hacemos parte de esta Comisión, tenemos la responsabilidad de que los dineros se inviertan garantizando su finalidad”.
Hay diferentes líneas, se encuentra la educación, cultura, recreación, vivienda, salud y generación de ingresos.
“Todos estos ítems, hacen parte de los lineamientos de la política pública de víctimas, y se van a ver reflejados en los diferentes programas que implementan las diferentes secretarías, con énfasis muy fuerte en la cartera de Gobierno”, agregó la ejecutiva.