- Durante 2024 se realizaron seis grandes operativos interinstitucionales contra delitos ambientales en el marco del Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación y otros crímenes ambientales (Conaldef).
- A través de la Operación Bebara en el río Atrato se desarticuló una estructura criminal de minería ilícita de oro con la inmovilización de maquinaría amarilla y la identificación de los financiadores de la actividad ilícita. Se efectuaron cuatro ordenes de captura, una de estas con circular de Interpol a un ciudadano colombo-americano.
- Se declaró como Zona Libre de Minería al Parque Los Farallones, tras una intervención histórica que cerró 34 bocaminas, capturó 21 personas y destruyó infraestructura contaminante con mercurio. Se inició un Plan de Recuperación Ambiental que continuará hasta 2025.
- Se desarticuló una red de tala ilegal de madera en Amazonas, Putumayo, Nariño y Ecuador, lo que permitió la captura de 11 personas, incluidos 6 funcionarios públicos de Corponariño. Las operaciones ilegales generaban ganancias de alrededor de 1.000 millones de pesos y graves afectaciones ambientales.
- Se cerraron accesos ilegales y cultivos ilícitos en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, destruyendo la infraestructura criminal y causando pérdidas de 3.000 millones de pesos a las redes involucradas.
Bogotá, 17 de diciembre de 2024 – El Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (Conaldef), en cabeza del Ministerio de Ambiente, en conjunto con la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, y la Fiscalía General, ha desplegado múltiples capacidades preventivas, investigativas y de inteligencia para la protección del ambiente y sus ecosistemas. Este compromiso ha permitido alcanzar resultados de gran impacto durante este 2024 en áreas como la minería ilegal, seguridad rural, protección ambiental y operaciones de alcance transnacional.
“El Consejo Nacional contra la Deforestación y Delitos Ambientales ha pasado de una estrategia de muchos operativos puntuales de forma permanentemente, a trabajar intersectorialmente y conjuntamente, para profundizar la investigación criminal y lograr afectar las rentas y las estructuras criminales que están dañando nuestros ecosistemas a través de la minería ilegal, tala de árboles, entre otros”, mencionó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.
La lucha contra la minería ilegal tuvo un avance significativo en Los Farallones de Cali, donde entre 2023 y 2024 se ejecutó una de las intervenciones más grandes de su historia. Se logró declarar al parque como Zona Libre de Minería. Además, se inició un ambicioso Plan de Recuperación liderado por Parques Nacionales Naturales, con acciones de recolección de residuos que se mantendrán de manera articulada con las autoridades hasta 2025.
En el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, la Operación Amazonía, realizada en agosto de 2024, enfrentó accesos terrestres ilegales y cultivos ilícitos. Durante esta intervención, se destruyeron laboratorios y puentes asociados a estas actividades, generando pérdidas económicas de más de 3.000 millones de pesos para las redes criminales que operaban en la zona.
Además, en noviembre de 2024, la Operación Binacional Entre Rutas desarticuló una organización dedicada a la tala ilegal y comercialización fraudulenta de madera en el Amazonas, Putumayo, Nariño y Ecuador. Esta operación evidenció la participación de funcionarios públicos que facilitaban estas actividades mediante salvoconductos falsos, lo que generaba ganancias ilícitas de 1.000 millones de pesos y graves afectaciones ambientales en regiones como el río Putumayo.
La minería ilegal también fue combatida en el Páramo de Santurbán, donde se desmantelaron instalaciones utilizadas para procesar material acuífero. Estas operaciones simulaban legalidad mediante documentación falsa y generaban ingresos de más de 2.000 millones de pesos mensuales. Además, se incautaron materiales contaminantes como mercurio y explosivos, fortaleciendo la investigación criminal ambiental mediante la recolección de pruebas periciales.
A propósito, Muhamad anunció que “esta semana la ANLA va a expedir una medida preventiva para el cierre de los antiguos túneles de Eco Oro, que son precisamente los túneles fuente hoy de minería ilícita en el departamento de Santander, y se espera con esto, con la investigación que va en camino, lograr la articulación conjunta del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales, para lograr el cierre de los túneles más adelante”.
Este año, la Policía Nacional implementó el indicador de Protección Ambiental, superando su meta con un aumento del 102%. Entre los logros destacan la incautación de 28.618 unidades de fauna, 331.033 de flora y 98.486 kg de hidrobiológicos. La recuperación de 1.522 semovientes y 28.889 m³ de madera.
Al respecto, el Brigadier General José James Roa Castañeda, director de Carabineros y Protección Ambiental, aseguró que en 2025 “nos depara cerca de 40 operaciones, 13 de ellas en lo que hace referencia a hidrocarburos, 14 operaciones que busquen proteger el medio ambiente y, por supuesto, 12 operaciones en contra de la minería ilícita”.
Policía del Agua y Plan Amaru
Este año se consolidó la Policía del Agua, una unidad especializada en la protección de recursos hídricos. Entre sus logros durante lo corrido del año se dieron 191 capturas y 987 comparendos relacionados con delitos ambientales. Ha desplegado la operación Ejecución del Plan Amaru, que permitió la recuperación de 43 fuentes hídricas a través de jornadas de limpieza, reforestación y recuperación de áreas afectadas por minería ilegal.
En cooperación con organizaciones internacionales como INTERPOL y EUROPOL, y la Fiscalía General de la Nación, se llevaron a cabo 12 operaciones estructurales contra redes delincuenciales responsables de delitos ambientales. Entre estas, destaca la operación ‘Maloca Grande’, que destruyó dragones y maquinaria ilegal en la Amazonía.