Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano acuerdan piloto para tránsito de economías ilícitas

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Eltiempo – El grupo armado se comprometió a no atacar a la Fuerza Pública y población civil.

En las últimas horas, el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (‘Segunda Marquetalia’), alcanzaron un importante acuerdo relacionado con el tránsito de economías ilícitas.

A lo largo de dos días (13 y 14 de diciembre) las delegaciones de las partes sostuvieron encuentros para definir un programa piloto se implementará en los departamentos de Nariño y Putumayo con el fin de disminuir el área de cultivos de coca bajo control de grupos armados.

Dentro de los temas acordados para tratar se encuentra la transformación en los territoriales y desescalamiento de economías ilícitas, además de seguridad y recuperación de la convivencia pacífica y participación política y paz territorial.

Durante el encuentro las partes acordaron la construcción de un programa piloto “para el tránsito de economías ilícitas a economías lícitas, de 3.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca: 2.000 en Nariño y 1. 000 en Putumayo, en zonas de presencia de la Coordinadora Nacional EB”.


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“Ambas delegaciones coinciden en que el año 2025 será un año en el que se puedan concretar acuerdos de paz en beneficio de las comunidades y sea el inicio de la implementación de los acuerdos pactados”, se puede leer en el acuerdo alcanzado.

También señalan que los días 30, 31 de enero y 01 de febrero 2025 se realizará un evento en Putumayo, que contará con la asistencia de 300 líderes y lideresas, autoridades nacionales, autoridades territoriales, la delegación del Gobierno y la delegación de la Coordinadora Nacional EB.

“Las partes manifiestan su compromiso en que, al inicio del año 2025, se lleve a cabo una nueva sesión de trabajo en Bogotá. La delegación del Gobierno nacional registra de forma positiva el comunicado de la Coordinadora Nacional EB que ratifica el compromiso de no adelantar acciones ofensivas contra la Fuerza Pública, respetar la vida de la población civil y preservar el medio ambiente, como aporte a la paz territorial y de Colombia”.

Lo anterior busca disminuir los ataques y contribuir a la estabilidad en las zonas afectadas por el conflicto.


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