INfobae – El presidente de Colombia propone un nuevo enfoque con la hoja de coca. Sin embargo, restricciones jurídicas y normativas desafían su implementación
El presidente Gustavo Petro propuso la compra de la hoja de coca a los cultivadores del corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca. Además del revuelo que causó en los sectores políticos, la iniciativa enfrenta serios obstáculos legales, pues actualmente no existe un marco legal regulatorio que permita tal transacción, según el Código Penal colombiano. La venta de coca es ilegal, y cualquier intento de compra estatal requeriría cambios significativos en la legislación vigente.
La propuesta de Petro causó sorpresa entre los expertos en cultivos ilícitos. Ana María Rueda, coordinadora de la línea de política de drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), expresó en Cambio su preocupación por el anuncio, señalando que podría incentivar a más personas a cultivar coca si tienen un comprador asegurado. Además, advirtió que la iniciativa podría crear expectativas en otras regiones del país, como Nariño, Putumayo y Norte de Santander.
El contexto de esta propuesta coincide con un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que reporta un aumento del 10% en los cultivos de coca en Colombia en 2023, alcanzando las 253.000 hectáreas. La producción de cocaína también ha crecido un 53%, lo que representa un desafío significativo para el gobierno colombiano.
El exministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, le dijo al medio mencionado que la compra estatal de coca violaría la ley, ya que la hoja de coca está sujeta a fiscalización internacional según la Convención de Viena de 1961, que Colombia se ha comprometido a cumplir. Además, la implementación de esta propuesta plantea numerosas interrogantes logísticas y financieras, como el método de compra, los destinatarios y el costo, en un momento en que el gobierno enfrenta restricciones presupuestarias.
El senador independiente Humberto de la Calle Lombana comentó que, aunque la propuesta busca eliminar el comercio ilegal de coca, parece utópica debido a las limitaciones presupuestarias. En Bolivia y Perú, la hoja de coca se comercializa legalmente bajo un argumento cultural relacionado con la tradición ancestral de los pueblos incas, pero en Colombia, la mayoría de los cultivos están controlados por organizaciones criminales, lo que complica la situación.
Ante las dudas, Infobae consultó al docente y analista político Juan Falkonerth. Él explicó que la iniciativa ha sido calificada como improvisada, pues el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, mencionó que la propuesta aún está en estudio, lo que sugiere que no se ha realizado un análisis exhaustivo antes de su anuncio.
Además, señaló que en la región de El Plateado se encuentra en una situación de incertidumbre tras la Operación Perseo. Esta área depende en gran medida del cultivo de coca, con el Cañón de Micay concentrando aproximadamente el 75% de las 25.000 hectáreas de coca del Cauca. La economía local depende en un 90% de estas actividades, lo que plantea riesgos significativos para la población si no se implementa un plan claro y viable.
“Las palabras del presidente Petro, sin sustento legal alguno, ni un plan estratégico de intervención de la zona, son una inmensa irresponsabilidad. Antes de dar un anuncio de esta magnitud lo que uno esperaría es que mínimo el equipo jurídico de la presidencia lo haya estudiado, pero no, el ejercicio se hace al revés, primero la declaración y posterior, mirar si es viable o no”, señaló en analista.
Se teme que al tener un comprador asegurado la producción aumente – crédito Fernando Vergara/AP
Así como Nieto Loaiza, Falkonerth comenta que la idea del presidente Petro carece de un marco legal que lo respalde, por lo que se esperaría que antes de hacer un anuncio de tal magnitud, el equipo jurídico de la presidencia hubiera evaluado su viabilidad. Sin embargo, parece que la declaración se hizo sin un análisis previo.
Desde el punto de vista jurídico, el Gobierno enfrenta varios desafíos. El experto señala que primero debe justificar la necesidad de invertir recursos en la compra de hoja de coca. Segundo, debe definir el destino de la coca adquirida, evitando que esto incentive una mayor producción o que aumente la violencia y los precios en el mercado ilegal. La hoja de coca tiene potencial para usos legales, como la investigación y la agricultura, pero su manipulación con químicos para el cultivo impide su uso para el consumo humano.
Señaló que existe la posibilidad de que el presidente enfrente responsabilidades legales si la iniciativa no se argumenta adecuadamente. Esto incluye el riesgo de incumplir el estatuto de contratación pública, violar disposiciones del código penal y enfrentar acciones disciplinarias y fiscales. También podría haber un detrimento patrimonial y un agravamiento del conflicto armado interno en la zona.
“Es necesario que el Gobierno nacional evalué todas las alternativas y presente al país un completo plan de trabajo y de intervención de la zona, más allá de mandar a varios funcionarios del Estado a hacer un “show mediático” y tomarse unas fotos, se requiere verdadera oferta institucional con vocación de permanencia en el tiempo”, puntualizo Falkonerth.
El experto señala que no es suficiente enviar funcionarios a El Plateado para hacerle frente a la situación de violencia que allá se vive – crédito Margarita Valdivieso/Presidencia
El Gobierno nacional debe evaluar todas las alternativas y presentar un plan de trabajo integral para intervenir en la región afectada. La operación “Trueno”, realizada en 2023 bajo la administración de Petro, es un ejemplo de un esfuerzo fallido que agravó la situación de la población. Se requiere una oferta institucional con vocación de permanencia en el tiempo para abordar los problemas de una población olvidada durante más de 20 años.