AyS – De acuerdo con el gobernador del resguardo, durante la madrugada de ese día, al interior de un parqueadero señalizado como parte de las instalaciones del pozo Costayaco 3, de una de las empresas de hidrocarburos de la región, se abrieron 6 válvulas de carrotanques cisternas que provocaron un derrame directo de crudo en las aguas de la quebrada Danta Iaku, un afluente de gran importancia ambiental y espiritual para la comunidad inga.
A las 8 de la mañana de ese día, la comunidad se percató de las primeras manchas de crudo en las aguas de la quebrada; por lo que, activaron su Sistema de Protección y Atención de Emergencias Propio -Wasikamas-, para hacer un recorrido por las aguas de la quebrada y un monitoreo para establecer la magnitud de la emergencia.
El sistema Wasikamas identificó el envenenamiento y muerte de animales domésticos y de granja en propiedades aledañas a la quebrada, incluyendo cerdos, caballos, perros, chivos, aves de corral y peces; afectación a cultivos de subsistencia como yuca, plátano, chiro y bore, así como a árboles frutales y plantas medicinales; además, el petróleo también impactó al humedal cananguchales, ecosistema considerado de gran importancia para esta comunidad, pues es el colchón de la vida para la pervivencia de su espiritualidad y es donde se recolectan los frutos para su alimento.
Durante el recorrido, la comunidad también notó una respuesta insuficiente para controlar la emergencia por parte de la empresa responsable de la explotación de hidrocarburos en la región pues, según denuncian esta, se limitó a la adecuación de un muro de contención con costales de tierra.
De hecho, la situación empeoró el 3 de octubre, pues las fuertes lluvias que se presentaron esa noche aumentaron el caudal de la quebrada, lo cual arrastró el crudo hacia nuevos potreros y territorios del resguardo, y destruyó la recién instalada barrera de contención.
Por eso, ese día el sistema Wasikamas realizó un segundo recorrido por las zonas afectadas, donde observaron la muerte de especies nativas como cuchas, dentones, bocachicos y mojarras, alterando gravemente el equilibrio ecológico de la región. Además, se detectó la presencia no autorizada de personal de la empresa de hidrocarburos en predios del resguardo.
Por otro lado, la comunidad denuncia la falta de presencia institucional durante la emergencia. “Hasta el momento [10 de octubre] con los únicos que hemos dialogado es con la ANLA que estuvo ahí en el momento y con el municipio, que hizo el llamado al sistema nacional de gestión de riesgos”, explica.
Impacto en la comunidad Inga
En un documento, la comunidad del resguardo expresó: “Las desarmonías territoriales vividas a partir del 2 de octubre en nuestro territorio, y en especial contra el espíritu del agua DANTA IAKU, superan actualmente la vulnerabilidad del pueblo Inga de Villagarzón contra su derecho a la pervivencia y su mandato Suma Kaunsagapa, el buen vivir”.
Incluso, resalta que esta situación revictimiza a una comunidad que ya ha sido afectada por el conflicto armado, afectando especialmente a mujeres, jóvenes y niños e interrumpiendo actividades educativas y culturales fundamentales para su identidad.
Para el 10 de octubre el derrame había sido controlado, pero la emergencia para los inga del Resguardo Wasipungo continúa. “En este momento han estado trabajando día y noche y, según dicen, tienen controlado el tema. Pero es más complejo, porque lo que decimos es que todo nuestro plan de vida acaba de morir. El ecosistema ya no es el mismo que antes del derrame”.
Por eso han levantado su voz para hacer varias exigencias a la empresa y al gobierno. Por un lado, piden una investigación exhaustiva de los hechos y garantías para prevenir futuros incidentes similares. También demandan la presencia de organismos de vigilancia y protección como la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría delegada para Asuntos Étnicos y Ambientales.
Por otro lado, demandan medidas de reparación integral que contemplen los daños materiales, culturales y espirituales en la implementación de estrategias a largo plazo para sostener sus prácticas de protección colectiva. “Exigimos que no se repitan estas situaciones, que exista verdad, reparación y justicia ambiental”.