• En Putumayo y en los 32 departamentos del país, la Agencia Nacional de Tierras destacó la oportunidad histórica para Colombia de resolver conflictos por vía pacífica a través de la nueva Jurisdicción Agraria y Rural
• El Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley Ordinaria 183 de 2024, con cuya aprobación se superarán grandes obstáculos que enfrenta el campesinado para defender sus derechos
• El objetivo es que los colombianos conozcan este proyecto de Ley que cursa en el Congreso de la República para acelerar la Reforma Agraria, y así saldar una deuda histórica que tiene el Estado con la ruralidad colombiana
Mocoa, 26 de septiembre de 2024. @AgenciaTierras
La Agencia Nacional de Tierras —ANT— emprendió hoy una Jornada Nacional de Pedagogía en calles, universidades, plazas, y a través de medios de comunicación y redes sociales en los 32 departamentos del país, que busca destacar la oportunidad histórica para Colombia de resolver conflictos de tierra que han congestionado los tribunales, en adelante a través de la Jurisdicción Agraria y Rural por vía pacífica, y no sometiéndolos al arbitrio de actores armados ilegales, práctica que quedó en el pasado y jamás deberá repetirse. En el caso de Putumayo, los profesionales estuvieron en las plaza de mercado, terminales de transporte y en los parques principales de la capital del departamento.
El pasado 27 de agosto, el Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley Ordinaria 183 de 2024, “Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, asunto que ocupa por estos días a los Honorables Senadores de la República en su estudio y análisis, y con cuya aprobación se superarán grandes obstáculos que enfrenta el campesinado para defender sus derechos.
La jurisdicción agraria no es algo nuevo a nivel internacional, sino que es un mecanismo ya usado en países con problemas de tierras como México, Costa Rica, Venezuela, Cuba, Ecuador, Perú y Brasil, quienes crearon las suyas para servir de puente y lograr que las poblaciones más vulnerables tuvieran acceso al Estado en sus múltiples dimensiones. En la práctica, comprobaron que no tener jurisdicción agraria, era negarle el acceso a la justicia a sus campesinos.
En nuestro país, el derecho agrario ha sido desarrollado por más de un siglo y existen múltiples leyes y sentencias que interpretan la normatividad agraria y protegen la propiedad. Pero los actuales despachos judiciales ya tienen suficiente congestión y relegan los procesos agrarios al olvido, en anaqueles abarrotados de viejos expedientes. Dicha saturación deja en evidencia la necesidad de contar con jueces especializados en temas agrarios que ayuden a resolver los conflictos de la tierra, en la más profunda apuesta por la paz para el campo colombiano.
Tras integrar la Jurisdicción Agraria y Rural a la Constitución Política mediante el Acto Legislativo 03 de 2023, se aprobó una Ley Estatutaria que se encuentra en revisión de constitucionalidad para ser sancionada por el presidente Gustavo Petro. Esta norma crea la estructura de la nueva Jurisdicción y le otorga competencia a jueces y magistrados especializados para resolver los conflictos agrarios y rurales en el país.
Con la Ley de Jurisdicción Agraria y Rural, la Agencia Nacional de Tierras se robustecerá institucionalmente para hacer la Reforma Agraria, retomando facultades en parte de los procesos agrarios, como en su momento las tuvieron el INCORA, el INCODER y la misma ANT hasta el 2017, para poder avanzar con la correcta disposición de tierras de la Nación. Y ante cualquier inconformidad, en debido proceso sus decisiones podrán ser recurridas ante los jueces y magistrados agrarios.
JurisdicciónAgrariaYa es el mensaje con que la ANT despliega hoy en la Jornada Nacional de Pedagogía, con el objetivo de que los colombianos conozcan este proyecto de Ley que cursa en el Congreso de la República, y que permitirá recuperar tierras con destino a los campesinos y comunidades étnicas para acelerar la Reforma Agraria, para así saldar una deuda histórica que tiene el Estado con la ruralidad colombiana.