Yohir Akerman, columnista de Cambio, publicó este domingo una columna titulada “La aspirante a la Procuraduría”. En su columna, Akerman revela los procesos que lleva como defensora la exmagistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, quien es hoy aspirante a la Procuraduría.
Procesos por nulidad. Dice Akerman que Bermúdez representa a varios gobernadores que hoy defienden su curul ante el Consejo de Estado, porque pudieron incurrir en nulidad en las regionales de 2023 al apoyar a candidatos ajenos a sus partidos. Bermúdez es representante en varios procesos, incluidos los de los gobernadores de Boyacá, Carlos Amaya; Putumayo, Carlos Marroquín; y San Andrés, Nicolás Gallardo.
Dilata y triunfarás. Los procesos se libran ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, donde Bermúdez fue magistrada y quien además fue presidenta de este órgano en pleno durante 2019. Ahora, con una estrategia, mediada por memoriales en lenguas nativas, documentos en braille y videos en lenguaje de señas, Bermúdez estaría buscando que los casos que lleva pasen a Sala Plena, donde tiene un mayor número de magistrados conocidos que podrían inclinarse en favor de sus representados.
Amaya y los otros casos. En el caso de Amaya se han presentado testimonios en lengua de señas, braille, y lenguas indígenas. Lo particular es que el testimonio en lengua nativa proviene de un líder de la Sierra Nevada del Cocuy quien ha contratado con la Gobernación de Boyacá y, según Akerman, domina el español.
Un arsenal similar aparece en el proceso de Marroquín, el gobernador de Putumayo, con cartas de apoyo provenientes de pueblos indígenas de la Amazonía. Y en el caso de Gallardo, se pide que se estudie un testimonio en creole, dialecto de la isla de San Andrés. La necesidad de revisar estas pruebas ha implicado solicitudes de apoyo ante el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Cultura y otros entes, dilatando los procesos.
“(…) la doctora Bermúdez, muy hábilmente, ha presentado esos recursos jurídicos, solicitando que se debe garantizar la traducción de esos documentos con el propósito de que la comunidad conozca el expediente de manera integral, pero sabiendo que, ante la imposibilidad de traducir dichos documentos, la que gana tiempo es la defensa”, dice Akerman.