Semana – Son más de 900 familias, muchas de las cuales hicieron sustitución de cultivos.
En diciembre de 2022, el presidente Gustavo Petro afirmó haber instruido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que dejara de adquirir ingredientes importados destinados a la producción de bienestarina, un alimento esencial para los niños de poblaciones vulnerables. El argumento del mandatario es que esos insumos se tenían que lograr en el territorio nacional. “Hoy la bienestarina debe estar costándonos ‘un ojo de la cara’ por estar importándola, cuando el territorio puede dar la alimentación. Si el Estado ayuda, eleva la rentabilidad de los productos que se pueden conseguir en el territorio”, insistió.
Como resultado, se planteó cambiar la fórmula de la bienestarina y en diciembre del año pasado se lanzó un piloto para producir este suplemento nutricional con harina de yuca y de sacha inchi, ambos cultivados en el país. La idea es que la segunda remplace el aceite de harina de linaza, el cual se trae del exterior.
Para realizar el cambio de la fórmula y empezar a usar la sacha inchi se generó gran expectativa entre los productores de este alimento, también conocido como el maní de los incas, el cual se cultivaba tradicionalmente en la amazonía peruana, colombiana y ecuatoriana y que en el país ha sido una apuesta de sustitución de cultivos ilícitos.
“A finales del año pasado vendimos 30 kilos para los pilotos y esto generó gran expectativa porque si se remplazara toda la producción actual de bienestarina se requerirían unas 150 toneladas, incluso la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Corea, Koica, entró a financiar proyectos de sacha inchi”, dice Nanny Katharina Bahnsen, presidente de GMSacha Inchi, firma que promueve este cultivo en el país y lo industrializa para exportación.
Agrega que, ante el lanzamiento de la bienestarina con los nuevos ingredientes, el cual se hizo diciembre de 2023 en la planta del Icbf en Sabanagrande (Atlántico), muchos cultivadores confiaron en que el Gobierno iba a acelerar sus compras y empezaron a aumentar sus siembras, pero después de los 30 kilos iniciales que lograron vender, el tema se quedó quieto.
Bahnsen dice que hoy más de 950 familias están afectadas porque tienen su producción retenida, de ellas 700 hicieron sustitución de cultivos ilícitos en el Putumayo por sacha inchi con dinero de Koica y manejado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); otras 95 familias del sur de córdoba hicieron sustitución con Colombia Sostenible. Con el mismo programa cultivaron otras 65 familias de Caucasia.
En el ICBF respondieron que en efecto se compraron unos kilos para las pruebas (afirman que fueron 48) y que, aunque sí tienen la intención de ir aumentando su provisión de sacha inchi, por ahora no han hecho anuncios específicos de cuánto más van a comprar, pues no han terminado los pilotos.
Bahnsen cree que el enredo también está en Ingredion, la multinacional estadounidense que desde hace más de 22 años tiene el contrato para la fabricación de la bienestarina, un suplemento alimenticio que se produce desde 1976. Cada año se entregan en promedio 18.000 toneladas en 1.117 municipios del territorio nacional.
“La sacha se empieza a dar siete meses después de cultivada, de ahí que todos estos agricultores hoy estén preocupados porque no tienen a quién venderle y es además un mensaje negativo para todos aquellos que decidieron sustituir cultivos ilícitos”, insiste esta empresaria y dice que mientras se destraban las compras del Gobierno piden el apoyo del sector privado para que compre la sacha inchi nacional, un producto que cuenta con propiedades alimenticias que se consideran excepcionales, pues contiene uno de los niveles más altos de omega-3 de un vegetal. De hecho, hoy es un alimento de moda, así como un insumo clave para la industria cosmética.
Su demanda global y la poca oferta que existe (Perú es el principal productor) han rentabilizado este cultivo, al punto que puede ser un buen sustituto para los cultivos ilícitos, como la coca.