URT participa en audiencia de seguimiento posfallo en favor de comunidad indígena Tëntëyá de Orito

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URTEn la sesión se dieron pasos para agilizar la implementación de ordenes asociadas a la sentencia de restitución de tierras: entre ellas, un proyecto de vivienda en favor de estas familias, pertenecientes al pueblo ancestral Siona.

(@URestitucion). La Dirección Territorial Putumayo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en representación de la comunidad indígena Tëntëyá -perteneciente al pueblo Zio Bain (Siona)-, asentada en el municipio de Orito, participó en la audiencia de seguimiento posfallo para rendir informe sobre el cumplimiento de 31 órdenes judiciales en su favor.

La URT, a través de la Dirección de Asuntos Étnicos y el Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios, acompañó a esta comunidad ancestral en el monitoreo al cumplimiento de las mencionadas órdenes. Especialmente, las referidas a la constitución del territorio étnico, las garantías de las medidas básicas para el retorno y reubicación, tal como la materialización de un proyecto de vivienda concertado.

Es importante recalcar que esta audiencia se realiza tras siete años de proferirse una sentencia de restitución de derechos territoriales en favor de esta comunidad, para lo cual, el juzgado solicitó a cada una de las entidades vinculadas rendir un informe sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales.


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En este espacio, que tuvo la participación de instituciones del orden nacional y territorial, se identificaron los avances y los estancamientos para el cumplimiento y la atención integral de las víctimas. 

Adicionalmente, la URT, dio a conocer al juez la priorización y postulación de 68 subsidios de vivienda de interés social rural, en las vigencias 2020, 2021 y 2022, que hasta la fecha no han sido materializados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT). Frente a ello, se presentaron alternativas para darle viabilidad técnica y financiera a un proyecto de vivienda con diseño palafítico en guadua, como lo solicita la comunidad de Tëntëyá, sin exceder el tope presupuestal de 90 salarios mínimos legales vigentes por vivienda.

Para finalizar, el juez ordenó la realización de la inspección judicial del territorio indígena, para viabilizar este proyecto de vivienda y, asimismo, la articulación de las entidades del orden nacional y territorial para cumplir el resto de las órdenes judiciales.


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