ElTiempo – En la mira del ente acusador hay 25 uniformados que habrían disparado indiscriminadamente contra la población civil.
FOTO:Defensoría del Pueblo
Más de dos años después de los hechos, en Puerto Leguízamo, Putumayo, la Fiscalía empezó la imputación de cargos en contra de un grupo de militares del Ejército señalados de participar en la cuestionada operación militar que se llevó a cabo en la vereda Alto Remanso, que terminó con la masacre de 11 civiles.
La operación se llevó a cabo el 28 de marzo de 2022 y tenía como finalidad dar con el disidente alias Bruno, delincuente que tenía injerencia en esa zona del Putumayo. Sin embargo, los uniformados que llegaron al lugar en el que se adelantaba un bazar comunitario empezaron a disparar dejando a 11 personas de la comunidad muertas.
Las víctimas fueron Pablo Panduro, Divier Hernández, Ana María Sarrias, Brayan Santiago Pama, Rubén Peña, Óscar Oliva, Luis Alfonso Guerrero, John Jairo Silva, Enuar Ojeda, Antonio Peña y Alexánder Peña. Al parecer, los militares dispararon indiscriminadamente contra la población civil.
Así consta en un documento de la Procuraduría en el marco de una investigación disciplinaria por estos hechos. “Se tiene que alrededor de las 07:13 horas (del 28 de marzo de 2022), los soldados en el área de operaciones, previa autorización del mando, entraron en combate con el Gao-r 48 (las disidencias) y, sin discriminar los blancos, produjeron la muerte de 11 personas e hirieron a cinco más, para un total de 16 civiles afectados por el actuar del Ejército”, se lee.
Desde que ocurrieron los hechos, los abogados de las familias afectadas han insistido en que debe haber más celeridad de la Fiscalía en la investigación, la cual el año pasado preparó la imputación contra 25 militares (un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados) involucrados en el caso.
Sin embargo, un conflicto de competencias presentado ante la Corte Constitucional frenó la diligencia en Putumayo, el cual vino a desenredarse en abril, cuando se indicó que la competente para judicializar a los implicados es la justicia ordinaria, y no la penal militar.
Fue así como para el 25 de junio se programó la primera diligencia de imputación por el delito de homicidio en persona protegida, además de la de medida de aseguramiento, las cuales se pospusieron y empezaron finalmente este martes 16 de julio, de manera reservada. Para este miércoles se citó una nueva sesión de la audiencia.