ElTiempo – Ministerios de Hacienda y Agricultura radicaron el miércoles la iniciativa ante el Legislativo.
El Gobierno alista una medida con la cual busca incrementar el Impuesto Predial Unificado (IPU) entre 50 y 300 por ciento, según sea el valor del inmueble e independiente de que estos se encuentren en áreas urbanas o rurales. Así se desprende del proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes el pasado miércoles por los ministros Ricardo Bonilla González, de Hacienda y Jhenifer Mojica Flórez, de Agricultura y Desarrollo Rural.
El proyecto de ley 292 indica que tendrán un ajuste de hasta el 50 por ciento del monto liquidado por el mismo concepto del año anterior los predios urbanos con destino habitacional y comercial y cuyo avalúo catastral sea menor o igual a 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (s. m. m. l. v.), esto es, unos 156,6 millones de pesos a precios de este año.
También tendrán el mismo ajuste los predios rurales con similar avalúo catastral destinados a vivienda o comercio o de soportes de infraestructura; producción agropecuaria; institucional y áreas de conservación y protección.
De igual forma, el proyecto indica que, para los predios cuyo avalúo catastral se encuentren en el rango superior a esos 135 salarios mínimos y menor a 250 salarios 8290 millones), el incremento será de 100 por ciento; los que estén por encima de los 250 salarios y por debajo de los 350 smmlv (406 millones) tendrán un ajuste del 150 por ciento; para aquellos cuyo avalúo sea superior a los 350 pero menor a 500 salarios mínimos ( 580 millones) sufrirán un incremento del predial del 200 por ciento, mientras que esos predios que superen ese último rango, tendrán un ajuste en el impuesto predial de hasta 300 por ciento, según se desprende del proyecto en mención
La iniciativa consta de cuatro artículos en los que se establece cómo se hará dicho ajuste del impuesto predial y se especifica bajo que circunstancias no se aplicarían dichos ajustes.
En ese sentido advierte que esa limitación no se aplicará a los predios que que se incorporen por primera vez a la base catastral, los lotes urbanizables no urbanizados y los no construidos o los predios rurales con licencia de parcelación no desarrollados y sin uso agropecuario.
Razones del cambio
Entre las motivaciones que impulsan al Gobierno a hacer ese fuerte ajuste en el Predial está el que dicho tributo debe aplicarse «conforme a los principios tributarios de equidad, eficiencia, progresividad y retroactividad» establecidos en la Constitución, razón por la cual, además, el Estado tendrá que realizar un nuevo avalúo catastral, el cual será la base para aplicar esos ajustes en la medida que se necesita conocer la realidad económica del predio.
Según el Gobierno, en la actualidad los predios no estarían reflejando, precisamente, esa realidad económica, toda vez que el mismo pudo haberse depreciado o valorado con el tiempo, lo que impide conocer si sobre ese predio se está pagando o cobrando el impuesto justo y equitativo, como lo manda la carta política del país.
«Si el Estado actualiza el avalúo catastral después de más de cinco años, se genera un impacto significativo sobre la capacidad de pago de los contribuyentes», advierte el Gobierno en la exposición de motivos para adelantar la discusión de dicha iniciativa.
La iniciativa también busca eliminar las excepciones contenidas en la Ley 1995 del 2019, entre estas que «los predios que figuraban como lotes no construidos y construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en él realizada», con lo cual la actualización catastral que se haga de dicho predio incorporará esos cambios, lo que permitirá clasificarlo en cualquiera de los nuevos rangos previstos en la norma.
Otra de las excepciones que perderá vigencia con esta iniciativa es para los predios que hayan cambiado de destino económico o que hayan registrado modificaciones en áreas de terreno y/o construcción, pues según lo expuesto por el Gobierno en el país hay un volumen muy importante de predios que han cambiado de destinación económica.
Ingresos por IPU
Cálculos del Gobierno indican que si bien los ingresos municipales y totales producto del IPU en Colombia es más alto que el de otras economías de Latinoamérica, estos son inferiores al promedio de los países de la Ocde (1,1 por ciento). En efecto, en el país estos representaron 0,8 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2021, sin embargo, ese porcentaje cayó al 0,67 por ciento un año después y presentaron 9,8 billones de pesos.
El mayor recaudo de dicho tributo lo concentran las grandes ciudades, menciona el Gobierno con Bogotá y Medellín a la cabeza con una participación de 36,8 y 8,9 por ciento dentro del total, respectivamente. Así las cosas, lo que ha observado el Ejecutivo en su análisis es que los municipios y otros territorios tienen una muy baja participación debido a las dificultades para hacer un efectivo recaudo en sus regiones.
Bajo ese contexto es que el Gobierno, mediante este cambio en la normativa del IPU quiere brindarles a esas regiones herramientas que les ayuden en su gestión tributaria, reduzcan la evasión, eleven sus ingresos y mejore la capacidad de pago de los contribuyentes.